¡LO QUE FALTABA: GIBRALTAR!

¿LA REINA NOS COMPROMETE Y RAJOY NO?

Como las cabezas andan perdías, que diría mi admirado José Mota (por cierto: el próximo sillón vacante en la Real Academia Española debería ocuparlo él, por su labor de conservación y fomento de nuestra lengua en toda su esplendorosa riqueza regional), el Sr. García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores, prácticamente se estrenó gritando “¡Gibraltar español!”. Este grito proclama, a mi parecer, una obviedad, dada la obsolescencia del Tratado de Utrech (1713), perfectamente decaído pues en todo lo que contiene de limitaciones para una de las partes, el Reino Unido de la Gran Bretaña, no ha podido incumplirse más.  Pero no me pareció entonces (ni me parece ahora) que gritar esas palabras fuese muy propio de un Ministro de Asuntos Exteriores y sirviese para algo a la Nación. Claro que yo sostengo la opinión, al parecer poco compartida, de que a uno no le dan un cargo público para que tenga más oportunidades de desahogos personales o para que satisfaga particulares pulsiones psicológicas o, sencillamente, para que pueda ir diciendo por ahí lo que no le dejan decir en su casa. Y no vi que comenzar con “¡Gibraltar español!” fuese de ninguna utilidad pública, sino más bien entorpecedor de cualquier acción diplomática.

Está claro que con la globalización y el paso del tiempo, más la nunca suficientemente comentada estulticia histórica de Rodríguez Zapatero, que, al admitir un “Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar", otorgó al Gobierno de Gibraltar un status que a ningún gobernante español, de ningún régimen, se le había pasado por la cabeza, lo de Gibraltar ha ido empeorando sin demasiado ruido, pero a galope tendido: paraíso fiscal, blanqueo de capitales, droga, etc. Precisamente por eso, resultaba aconsejable empezar a poner las cosas en su sitio, lo que no se logra precisamente con gritos y menos aún si se trata con británicos. El “affaire Gibraltar” se debía estudiar con tranquilidad y todavía se puede y se debe estudiar así. Una vez estudiado, si hubiese algo que hacer, a hacerlo sin bulla, calladitos y como quien no quiere la cosa.

Durante doce años (de 1957 a 1969), nada menos, tuvimos en España un Ministro, D. Fernando María Castiella y Maíz, bilbaino, Catedrático de Derecho Internacional, al que, por su dedicación al asunto de Gibraltar, se le llamó, en un tono de benévola broma, el Ministro del Asunto Exterior. Califico la broma de benévola, porque, en realidad, la personalidad y los diversificados esfuerzos de Castiella eran generalmente reconocidos y positivamente valorados. En todo caso, su posición en el asunto de Gibraltar era clara y fuerte, pero nunca bronca. Cuando Castiella era todavía Ministro, se cerró la llamada “verja de Gibraltar”, bloqueando así el acceso por tierra al Peñón: varios miles de españoles se quedaron de inmediato sin trabajo, aunque se potenció toda la zona de la Línea de la Concepción y el cierre de la verja, que duró 13 años, perjudicó mucho más a Gibraltar, que cayó en una profunda depresión. Aún se puede discutir si aquella medida fue acertada o desacertada, considerada en su conjunto (a los españoles de la zona les hizo mucho daño y determinó un perfil industrial de la bahía, cuando podía haber sido turístico). Pero lo que resulta innegable es que no consistió en palabras. Y estuvo precedida de veinte años de negociaciones España-Reino Unido, con resoluciones de las Naciones Unidas declarando a Gibraltar territorio pendiente de descolonización.

A mí me parece que este asunto de Gibraltar no tiene la menor traza de arreglarse de modo medianamente satisfactorio para España. Yo carezco de un plan para el “affaire Gibraltar”. Pero me resulta molesto e impropio que aparezca un Ministro que habla y habla, como si tuviese un plan, cuando no lo tiene. Que no lo tenga aún o que no llegue a tenerlo nunca es comprensible. Lo que comprendo mal es que hable en términos tales que no sólo no atenúan el problema, sino que lo agudizan.

García-Margallo no está siendo muy acertado en algunos muy visibles aspectos de su, llamémosla así, política gibraltareña (es decir, la del Gobierno del que G-M forma parte). Yo no entendí por qué forzar in extremis a la Reina Sofía a no asistir a una fiesta de cumpleaños (85) de Isabel II. No se me alcanza en qué podía comprometer la posición española sobre Gibraltar el hecho de que nuestra Reina atendiese a la invitación formulada por Isabel II y en principio aceptada: por muy majestuosa que sea Isabel II (que lo es), no dejaba de ser una fiesta de cumpleaños. Si la ausencia de Doña Sofía era una protesta por una situación inaceptable, los españoles debíamos conocer tal situación con suficiente detalle, cosa que no sucedía. Se habló de que frustrar su viaje obedecía al propósito de evitar a la Reina Sofía alguna posible incomodidad en Gran Bretaña. Pero eso sería sobreprotegerla como si fuese una niña, cuando no lo es y se ha encontrado en trances (de los que ha salido airosa) mucho más desagradables que cualquiera razonablemente imaginable con ocasión del citado cumpleaños. No. Si ése hubiese sido el motivo de la suspensión del viaje de la Reina, la cuestión de la presencia del Rey o del Príncipe en la inminente final de la Copa del Rey de fútbol no sería nada discutible: en modo alguno deberían exponerse a silbidos, abucheos y ondear de banderas republicanas.

Me da que en la cancelación del viaje de la Reina se impuso la actitud más bien pendenciera del Ministro García-Margallo. Y califico así su actitud, porque comentar públicamente “¿qué pasaría si barcos armados españoles intentasen impedir que barcos británicos pescasen en aguas españolas?” es una retórica inútil, innecesaria (no somos tontos y no necesitamos que el Ministro nos ilustre con ese ejemplo) y perjudicial, susceptible de varias posibles réplicas, ninguna de ellas agradable ni favorable a España. A esa ocurrente pregunta se podría responder, ante todo, que la hipótesis es inverosímil y, en segundo lugar, que la Armada británica ampararía a los pesqueros británicos y derrotaría sin ninguna dificultad a los “barcos armados españoles”.

Pero lo más llamativo es que se impida de facto a la Reina Sofía felicitar en persona a Isabel II por su 85 aniversario y, pocos días después, aparezcan fotos del Premier británico, David Cameron y del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, saludándose cordialmente y con aclaración de que no han hablado de Gibraltar. Situados en el plano de los gestos, la rápida sucesión de estos hechos no me parece muy coherente. Y, por otra parte, si lo de Gibraltar es tan serio que se impide un viaje de la Reina, ¿tiene algún sentido reunirse con el Premier Cameron aceptando no hablar de Gibraltar?

Quede claro que no tengo buen concepto de la actitud del Reino Unido de la Gran Bretaña respecto del Derecho Internacional Público ni creo que ese Reino sobresalga por su amor a los denominados “derechos humanos”. Nadie piense, por tanto, que justifico o disculpo los abusos británicos relativos a Gibraltar. Muy al contrario. Lo que digo es que en las disputas internacionales se debe actuar con decisión, pero con la cabeza fría y mucho más con hechos que con palabras.

En lo de Gibraltar, como no veo que haya muchos hechos posibles -salvo, aventuro, lo que se pueda hacer internacionalmente sobre paraísos fiscales y aspectos económicos semejantes-, sería deseable que al menos tampoco hubiese palabras torpes, con las que, además de sufrir la prepotencia británica, se dé pie a su recochineo.

El Gobierno de España, el pobre, parece bastante desconcertado con la crisis económica. Pero el desconcierto de los gobiernos al respecto es general, porque tampoco tienen muy claro qué hacer los gobernantes del llamado G-8 y, entre ellos, ni la mismísima Merkel ni Durao Barroso ni Hollande, una vez alcanzada la Presidencia de Francia (Obama, ese gran caradura que tanto se divierte, nunca ha dejado de tener claro que le tocaba hacer lo que Wall Street le dictase). Ahora bien, dentro de nuestro Gobierno, no conviene que haya muchos ministros que se desconcierten en sus cometidos específicos no directamente relacionados con la mega-crisis económica. El Ministro de Asuntos Exteriores, por de pronto, aplíquese a lo suyo, que suele ser discreto, callado y prudente y evite palabrería cercana al estilo bravucón del Far West.

Ya saben que, desde hace tiempo, contemplo estructurar e impartir un curso titulado “Cómo callar en público”. Aparte de la pereza, no he avanzado en la idea porque pienso si no será mejor escribir uno de esos libros de auto-ayuda que tanto bien están haciendo a la Humanidad en estos críticos tiempos. Confieso que no sé qué acabaré haciendo. Por el momento, cierro este “post” afirmando que no nos interesan, por sobreabundantes, más personajes públicos que, por uno u otro motivo, sean propensos a generar titulares de prensa como sea. Son esas personas muy aficionadas a lo que en mi castizo Madrid se ha llamado siempre “mear en lata” (perdonen, pero reconozcan la expresividad del dicho: se hace ruido con algo cotidiano, sin mérito y vulgar). Que Dios nos libre de un Ministro de Asuntos Exteriores con tal afición. En todo caso, lo que resulta mucho más recomendable a quien ostente ese cargo es aquella especie de lema, muy de la "mili"  (el servicio militar obligatorio): “verlas venir, dejarlas pasar y si te mean, di que llueve”. (pardon again, please).

¿AUDITAR A LOS AUDITORES, CALIFICAR A LOS CALIFICADORES, VALORAR A LOS TASADORES?

"TOLERANCIA CERO" CONTRA LA BURLA AL CONFLICTO DE INTERESES

BLACKROCK NO PUEDE TASAR A LA BANCA ESPAÑOLA: SERÍA UNA DESVERGÜENZA

(Actualización a las 18.30 horas: publicado este post a las 00.15 horas del 21 de mayo de 2012,
BLACKROCK es descabalgada de la tasación 10 horas después: algo es algo)

 

Todos sabemos que no hay respuesta satisfactoria a la clásica pregunta quis custodiet ipsos custodes o quién vigilará a los vigilantes. Pero precisamente como no es razonable, sino absurdo e imposible, establecer una cadena de vigilantes de los que vigilan a los vigilantes que vigilan…, se establecen requisitos exigentes para hacer de vigilante y son de capital importancia ciertas garantías, como la de que nadie sea vigilante cuando lo que tiene que vigilar ofezca motivos para una vigilancia relajada o, al revés, para una vigilancia injustamente severa. Es más o menos lo mismo que el nemo iudex in causa sua (que nadie sea juez y parte a la vez).

Una de las más importantes garantías es tomarse en serio el conflicto de intereses. En varias ocasiones hemos tratado aquí del conflicto de intereses, situación que es vital identificar y evitar, pero que, lamentablemente, no se identifica y no sólo no se evita, sino que se aprovecha para un lucro ilícito. En demasiadas ocasiones, todos los implicados se hacen los distraídos y así, como si tal cosa, “todos salimos ganando”, se dicen. Por descontado, no “todos” salen o salimos ganando. Es al revés, todos perdemos, antes o después, para que dos ganen.

Empecemos por las empresas de auditoría. El que audita la marcha de una empresa, no puede ni ofrecer y ni proporcionar a esa empresa otros “servicios”, desde asesoramiento legal y contable hasta tonner y papel para sus impresoras. El pretexto de la “libertad de mercado” y de la conveniencia y ventajas de los “full services” no enmascara nada. Pero lo usaron y se les admitió durante tiempo y tiempo, como si para un mercado libre y limpio no fuese necesaria una confianza grande y sin tacha hacia las auditoras y sus productos específicos, mientras que la falta de fiabilidad y las auditorías complacientes distorsionan mucho, por decirlo de modo muy suave, el mercado, bursátil o no. Los poderes públicos toleraron este conflicto de intereses, incluso después de mayúsculos escándalos, como el de Arthur Andersen respecto de Enron. Aún hoy la situación no es todo lo limpia que sería de desear.

Tampoco ha pasado nada porque se sepa que los principales accionistas de las tres grandes agencias de calificación (que ponen “notas” a países, bancos y empresas), Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, son fondos de inversión y entidades financieras y del mundo de la gestión de activos (v. detalle en EXPANSIÓN: http://www.expansion.com/2011/07/28/empresas/banca/1311889721.html?a=3b0ec98442bd89b11495f60da8e9f5f2&t=13374478769). Si los que mandan en esas calificadoras van a ser calificados o, lo que casi es peor, hacen negocios potencial y realmente muy lucrativos en razón de las calificaciones, ¿no hay un clarísimo conflicto de intereses, que tendría que desaparecer? Esto, por si no fuese poco el muy tópico, pero abrumadoramente decisivo ejemplo de la máxima calificación (AAA) de Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s a Lehman Brothers hasta el día de su quiebra, lo mismo que les ocurrió con Madoff. Estos enormes errores podrían achacarse, por interés dialéctico, a la inteligencia extrema del engaño perpetrado por Lehman Brothers y por Bernard Madoff. Aunque se admita, también a efectos dialécticos, esta defensa de las tres calificadoras, los datos sobre el conflicto de intereses a causa de quiénes son los principales propietarios y controladores de las calificadoras son, en cambio, incontestables. Y deberían ser suficientes para considerarlas carentes de fiabilidad, por no hablar del súbito incremento de atribución de la calificación máxima cuando se gestaba y se iba inflando la burbuja de las subprime en USA (los datos del documental Inside Job son impresionantes) y la circunstancia de que las tres operan en los EE.UU. y se inscriben en el ámbito de la defensa del US$ como moneda de referencia. Su credibilidad en Europa y respecto de la Eurozona (en realidad, su credibilidad general) debería ser cero (0’00) desde hace tiempo. No importa que, con alguna frecuencia o habitualmente, las calificaciones de esas agencias sean certeras porque están apoyadas en buenos análisis de datos fiables y suficientes.  No deberían valer mientras subsista el conflicto de intereses basado en hechos objetivos. Por ser una cuestión de principios, ni más ni menos. Algo básico e innegociable: si Vds. o sus dueños negocian, Vds. no califican los negocios. Las agencias de marras fueron públicamente cuestionadas por importantes autoridades (Merkel, FMI, etc.) hace un par de años, pero aquí siguen, como si tal cosa.

Imaginen Vds. qué harían (o, mejor, qué no harían) los EE.UU. si sus bancos, sus Estados, su deuda, etc. recibiesen calificaciones de aprobado o suspenso por agencias calificadoras chinas, europeas o rusas, propiedad de entidades financieras que operasen en los EE.UU. y pudiesen ganar o perder mucho dinero dependiendo de las calificaciones. Pues ante lo que realmente ocurre, que es la dictadura de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch (ésta última en manos mayoritariamente francesas, pero con intereses coincidentes con las demás), resulta descorazonadora la incapacidad o, en todo caso, la pasividad total de las naciones y de la misma Unión Europea para detener en seco o frenar las más claras violaciones del Derecho (y lo es el estado de permanente conflicto de intereses de esas agencias, jurídicamente indefendible) si han sido cometidas por el Gobierno de los EE.UU. o por las empresas a las que ese Gobierno tanto sobreprotege contra el viento y la marea de los hechos ilícitos más innegables. No es que no existan medios: hay tribunales, incluso los de EE.UU., pero no hay redaños para acudir a ellos. Curiosamente, se atreven más algunos ciudadanos aislados, de aquí y de allá, que sus correspondientes gobiernos. Pero es que, con todo lo bueno que encierran los EE.UU., su complejo político-financiero-industrial, que no es ninguna leyenda, asusta y mucho.

No hace muchas horas que se reunió el llamado G-8, con los líderes de los ocho países de economías más importantes (?) con Barack Obama como anfitrión. ¿Acaso trataron este asunto del conflicto de intereses, que no creo equivocarme al considerarlo fundamental? ¿Le ha dicho algo al respecto Frau Merkel a Mr. Obama, en la línea de las reservas que expresó la Bundeskanzlerin en su día? Desde luego, no consta ni se advierte la menor señal de que el tema haya salido a relucir.

Y nos queda la tasación, la valoración de activos y pasivos. En realidad, he escrito este post a causa de la noticia, no desmentida, según la cual, perdida por el Banco de España una mínima credibilidad, la valoración de nuestra banca se va a encomendar -si no ha sido ya encomendada- a dos empresas: BlackRock (más exactamente, BlackRock Solutions, una parte del enorme grupo BlackRock) y OliverWyman. No sé nada de ésta última, pero cualquier lector español medianamente atento ha leído que BlackRock ha comprado recientemente más de cien mil acciones de Bankia (cuando su valor estaba por los suelos, precisamente). Es decir, que esta tasadora, si se le deja, valoraría quizá activos suyos o, en todo caso, activos con los que negocia, como, es de suponer, puede negociar con cualesquiera otros bancos que tendría que evaluar. Debo ser un ingenuo de tomo y lomo, debo estar desfasado, pero a mí esa posibilidad me parece escandalosa, una desvergüenza que sólo se toleraría por cobardes o por cómplices de cualquier cosa lucrativa derivada de la tasación.

[ACTUALIZACIÓN A LAS 18.30 HORAS DE 21 DE MAYO DE 2012: Roland Berger, una firma alemana, que busca crear una gran agencia calificadora europea para competir con las tres grandes ya citadas, ha sustituido a BlackRock. He hecho alguna indagación sobre la otra tasadora: Oliver Wyman es un grupo (Oliver Wyman Group) que se define como parte de las Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC). Es una cotizada en la Bolsa de Nueva York, no sin intereses en los negocios financieros, aunque con compañías especialmente destacadas en seguros. Si alguno de Vds.,  aficionado como yo, siente una leve curiosidad, vea http://es.finance.yahoo.com/q/mh?s=MMC. El principal accionista institucional, es WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP, (7'07 %) dedicada a la inversión y al asesoramiento de inversores. Pero, ¡qué curioso!, entre los principales accionistas institucionales también aparece BlackRock Institutional Trust Company, N.A., con un 2'56 %. Bueno, antes el mundo era un pañuelo y ahora es una aldea global. Sobre las hazañas de Oliver Wyman, no se pierdan esta pieza informativa en ABC, titulada "Oliver Wyman nombró a Anglo Irish mejor banco del mundo antes de su rescate": http://www.abc.es/20120521/economia/abci-roland-berger-oliver-wyman-201205211644.html]

Lo peor de lo que ocurre con el conflicto de intereses (que no se reduce al ámbito de los negocios mercantiles, aunque aquí nos hayamos centrado en él) es que lo que no puede justificarse racionalmente, se haya logrado introducir como normal e incuestionable, de modo que circule por la sociedad, no ya sin escándalo y ni siquiera extrañeza, sino como algo natural, habitual y ordinario. Han logrado que lo extraño e incluso escandaloso sea un texto como éste y no lo que aquí se señala. Lo peor es, sí, que, en lugar de “tolerancia cero” a cualquier actuación en conflicto de intereses, la tolerancia sea infinita.

Me parece de perlas que se conozcan las interioridades patrimoniales de los bancos españoles.  Yo tampoco me fío de lo que dicen (pero sin  limitar mi desconfianza a los españoles). Pero no estaría de más que los ejercicios de “transparencia” y las tasaciones se extendieran a la banca europea. Y no digamos a la banca de los EE.UU. En todo caso, como van a empezar por los bancos de aquí, que los tasadores sean independientes y sin tacha de interés. Si me fío poco de mi banco, mucho menos aún de BlackRock y similares.

¡Ah! Me olvidaba de un pequeño detalle: BlackRock es accionista de Moody’s. Es algo de verdad pequeño, como la guinda del pastel para la gula de los pretendidos "inversores". Pero no me digan que, como ahora se dice, "no mola" el detallito.

FRUSLERÍAS Y ERRORES JURÍDICOS AL BORDE DE LA QUIEBRA ECONÓMICA DE ESPAÑA

 UN POST A PETICIÓN DEL OYENTE, SOBRE LOS PROYECTOS DEL SR. RUIZ GALLARDÓN, MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA
(actualizado a 15 de mayo, fiesta del patrono de Madrid, San Isidro Labrador, con edulcorante musical castizo al final)

La anteproyectada reforma que el Gobierno español aprobó el viernes pasado, 11 de mayo de 2012, respecto de los alquileres es una fruslería, una nonada, una bagatela, dada la situación económica española. En ese anteproyecto hay normas perfectamente defendibles (y también criticables). Que el plazo máximo de disposición de una vivienda con contrato por un año pase de cinco años a tres y la prórroga también se acorte puede favorecer razonablemente a los arrendadores con inquilinos problemáticos.

Pero como lo que sucede es que los arrendadores en potencia de viviendas vacías no encuentran quien se las arriende o alquile a los precios que exigen, porque o no los bajan y son demasiado altos o porque ni con una bajada de precios se encuentran arrendatarios, el mercado inmobiliario de alquiler no se va a arreglar con esa medida. Señores del Gobierno: a ver si lo ven claro, porque, de verdad, es muy sencillo: lo que ocurre es que la gente común no tiene dinero y, por supuesto, nadie se lo presta en términos razonables. Además, los que lo tienen, siguen prefiriendo comprar, salvo quienes están de paso aquí o allá.

Cabe incluso que esta medida de acortar los plazos de los arrendamientos desincentive el alquiler de vivienda frente a la compra, que es lo que a los españoles les gusta. Algunos dicen que comprar en vez de alquilar es una manía que Franco (y añaden que la compartía e insuflaba también Mussolini) nos metió en la cabeza, a saber, que todos deberíamos ser propietarios de nuestra propia vivienda. Pues la “manía” está durando mucho más que el franquismo más recalcitrante y, naciese como naciese, persiste con fuerza y no la va a contrarrestar dar más facilidades a los arrendadores en un tiempo en que muchos de ellos buscan un inquilino a todas horas, como andaba Diógenes con su farol buscando un hombre.

Particularmente curiosa me parece la idea de reforzar la posición de los arrendadores permitiendo que los arrendatarios lleven los contratos de arrendamiento de vivienda al Registro de la Propiedad, con la consecuencia, entre otras, de que,

“siempre que así se señale en el contrato, la falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial, sin necesidad de obtener una sentencia declarativa. Una vez cancelada la inscripción del arrendamiento, se podrá ordenar la ejecución, lo que implica la restitución del inmueble a su propietario.” [el subrayado es mío]

Este párrafo es transcripción literal de la referencia oficial del Consejo de Ministros, del antedicho viernes 11 de mayo de 2012. Quizá ande mi cabeza especialmente espesa, pero no veo qué relación puede existir entre la publicidad del contrato respecto de cualquiera (de los “terceros”, de los sujetos ajenos al contrato) publicidad que la inscripción registral implica, con una cuestión que no involucra a terceros y que puede surgir por incumplimiento de una parte o, para ser más, exactos, porque una parte (el arrendador) dice que la otra (el arrendatario) incumple (no le paga). ¿Qué es eso de que, entonces, tras un requerimiento notarial o judicial al deudor (presunto), se resuelve el contrato? ¿Acaso el pago de las rentas se ha de domiciliar en cuenta del Registro de la Propiedad, de modo que si no se ingresa el dinerito, el Registrador, mutado en pretor, pueda proceder con tranquila conciencia a declarar resuelto el contrato? (Sólo espero que no les dé por considerar que el arrendamiento de una vivienda debe entenderse como un derecho real, porque, en tal caso, además de migrar los arrendamientos de un Libro a otro del Código Civil, vendrá la Hacienda municipal a cobrar plusvalía por incremento del valor de los terrenos, cada vez que se alquile)

Item más: ¿qué significa que, “una vez cancelada la inscripción del arrendamiento”, se procedería a una “ejecución” consistente en “la restitución el inmueble (de la posesión del inmueble, querrán decir) a su propietario”.  Este misterio no se arregla y ni siquiera se atisba su significado porque pueda leerse en la citada referencia, acto seguido de lo transcrito, esto otro, verdadera perla del voluntarismo leguleyo:

“Se crea, además, un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.”

¡Faltaría más que no se crease, por enésima vez (siendo “n” ∞), “un procedimiento judicial acelerado”! ¡Pero si hasta el más tonto hace relojes! De manera que, al parecer, el Gobierno (conjuntados al menos dos Ministerios, entre ellos el de Justicia) cree -pues se trata de una creencia, extraña, pero creencia- que si se pone en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una ley con un procedimiento acelerado para que el deudor pague en el plazo de diez días, ocurrirán, por supuesto, dos cosas; una, que habrá en realidad procedimientos acelerados y, otra, que el deudor -el arrendatario, en este caso- pagará con una tardanza máxima de diez días. Pagará aunque no tenga dinero o aunque no quiera buscarlo o aunque, más traicionera y antijurídicamente, no quiera pagar. Con otras palabras: nos dicen que la aceleración del procedimiento, más otros inventos ocultos, obrarán el gran milagro, más buscado que la piedra filosofal: que pague siempre el que debe y todo lo que debe. Si damos con ese invento y lo patentamos, me parece que la confianza internacional en España se restablecerá por completo y no importará que pocos se fíen de los bancos españoles y del Gobierno.

Esta reforma anunciada y algunas otras que luego diré aparecen como naderías, con errores, porque se anuncian al tiempo que la situación económica de España es de extrema gravedad, por culpa de nuestra banca, desprovista de todo control elemental (el del Banco de España, BDE, en el que el Sr. Fernández Ordóñez sólo ha ejercido de cómplice) desde hace mucho tiempo y atenta sólo a seguir haciendo negocio y a disimular la situación real de sus balances. (Vean estos enlaces, si les interesa ampliar: http://www.fedeablogs.net/economia/?p=21953#more-21953; http://www.salaimartin.com/randomthoughts/item/299-%C2%BFse-puede-ser-m%C3%A1s-incompetente?-seguramente-s%C3%AD-pero-es-dif%C3%ADcil-ver-c%C3%B3mo.html. Les aclaro que ESFS significa European Financial Stability Facility o Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, mientras que LTRO(s) es el acrónimo de Long Term Refinancing Operation, operación u operaciones de refinanciación a largo plazo)

Aunque de nada sirve llorar sobre la leche derramada, no ha podido ser más desastrosa la gestión por el Gobierno de la penúltima crisis financiera o bancaria en España, con todos los focos sobre Bankia y su Banco Financiero y de Ahorros (BAF), con anuncios graves, desmentidos peores y un baile de cifras contradictorias en medio de ese barullo impropio de dirigentes con medio dedo de frente. Se puede no conocer el negocio bancario, como, sin duda, no lo conoce el Sr. Rajoy, pero no se puede desconocer tanto el mundo, confundiéndolo con el electorado español. La queja, casi unánime, sobre el penoso espectáculo gubernamental que parecía terminar (no ha terminado) el 11 de mayo de 2012, no es de ésas que resultan fáciles, por hechas a balón pasado. Aquí, sin ir más lejos, se había insistido ya muchas veces sobre la necesidad -primera necesidad- de hablar mucho menos y hablar sin contradicciones, pero explicarse en serio. No parar de declarar vaciedades y de contradecirse a todas horas es cosa penosa a la que nos han acostumbrado a la fuerza a los españoles. Pero tiene un precio altísimo para nosotros -del que se salvan los charlatanes descoordinados, que nunca pagan nada, gorrones institucionales- porque el trato dispensado a los españoles como electores les resulta insufrible a los analistas económicos serios de todo el mundo y a los protagonistas más activos de la globalizada economía. Y éstos pueden reaccionar y reaccionan.

Dicen que el Gobierno tiene, desde el principio, un problema de comunicación. Desde luego que sí. Como acabo de recordar, nos hemos cansado de repetir aquí que las cosas, los sacrificios, se debían explicar a la ciudadanía y no por una multitud de pretendidos voceros con discursos muy incompletos e incoherentes, sino por alguien dotado de autoridad, que supiera de qué habla. Pues, como suele decirse, que si quieres arroz, Catalina. Nada, aunque parece que en los últimos días, el Ministro de Economía, Sr. Guindos, es el único encargado de hablar. Pero, ¿no sabe hablar a los españoles de modo que la mayoría le entienda? ¿No sabe explicar por qué el llamado sistema financiero sigue en gravísima crisis y por qué es tan importante continuar empeñados en su salvación, con el esfuerzo del Estado, es decir, de todos? Si no lo sabe, malo. Si lo sabe (o lo sabe Montoro o quien sea) y no lo hace, peor. Estamos con la fuerte sospecha, cercanos ya de la certeza, de que el famoso problema de comunicación del Gobierno no consiste en acertar en cómo explicarse, sino en saber qué decir. Ante las críticas anteriores a esos párrafos de la referencia del Consejo del 11 de mayo, algunos -sobre todo juristas, lectores de este blog- pueden pensar que lo que digan desde Moncloa en esos textos es irrelevante y que lo importante es lo que digan los preceptos legales. Disiento de ese criterio. Las referencias, declaraciones o comunicados gubernamentales, si tratan de una futura ley, están cabalmente para informar de modo inteligible a cualquier ciudadano con mediana cultura, aunque no sepa Derecho, de lo que pretende esa ley.  Mi experiencia de muchos años es ésta: lo que mal se expresa es, generalmente, porque está mal concebido.

Así las cosas,  así la res publica, sé que muchos de los lectores del blog esperan que diga algo de lo que se propone el Gobierno en materia de Justicia. Y si he de decir la verdad, estoy seguro de que el Gobierno, lo que se dice el Gobierno, carece por completo de propuestas y obetivos sobre la Justicia. Más centrados, ¿qué se propone el Ministro del ramo, el Sr. Ruiz Gallardón? Se propone -lo pienso sin incurrir en temeridad alguna- ser visible de vez en cuando (cosa, por cierto, que, de no haber dejado el Ayuntamiento de Madrid, tendría muy fácil). Quiere ser visible como dirigente y como dirigente importante. Eso, supongo que todos lo comprenderán, no guarda una necesaria relación directa con nada de la Justicia, con su realidad diaria y su futuro. De modo que el Sr. Ministro se dedica a insistir en cuatro ideas prestadas (por el Sr. Dívar y su entorno, casi todas):

1ª) “Tremenda litigiosidad en aumento”, lo que justifica cualquier cambio que se afirme dirigido a paliar ese aluvión y los miles de millones (20.000 ha dicho Ruiz Gallardón hace poco: ¿de dónde saca estas cifras, propias de un mini-rescate bancario?) que la Justicia retiene improductivos (aunque todo eso sea falso, no importa); 2ª) Subir brutalmente el coste de la Justicia para los litigantes, gente malvada que litigan por capricho, lo que justifica convertir nuestra Justicia bastante asequible en asequible sólo a los ricos; 3ª) Vender el “humo” de los medios para resolver controversias alternativos de la Justicia, como si esos medios no existiesen (desde 1889 tenemos en el Código Civil el amplio art. 1809, sobre la transacción) hasta que los han descubierto los caraduras de la subclase política judicial y ciertos pequeños pero influyentes “lobbys”; 4ª) Hacer nuevas grandes leyes, porque las vigentes -así lo dijo, cuando es falso de toda falsedad: lo he demostrado públicamente: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/01/30/014.html-pertenecen a otro siglo y, en realidad, porque hacer nuevas grandes leyes es el sustitutivo baratísimo de ingresar en el G7 o de inaugurar obras públicas importantes, cosa vedada como logro personal a un Ministro de Justicia.

De las grandes leyes, en un nuevo texto de Ley Orgánica del Poder Judicial nada es de esperar que no sean las ideas del entorno de la cúpula del CGPJ actual -es decir, del entorno del Sr. Dívar: un yermo de doctrina y de práctica jurídica. Albarda sobre albarda: “Tribunales de Instancia” para no dejar Jueces unipersonales “sueltos” por ahí, aunque no haya país del mundo civilizado sin Juzgados unipersonales. Y regurgitación de la Nueva Oficina Judicial, grandioso invento que sólo ha sufrido pequeñas “disfunciones”. En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya se van decidiendo -incluido el Fiscal General del Estado y varios ilustres miembros de la Comisión designada al efecto, que en privado y en público habían opinado en sentido contrario- por lo que, al parecer, consideran poco menos que inevitable -no sé por qué: nadie me lo explica racionalmente desde que lo lanzó en España un preboste de la era felipista-: la “instrucción al Ministerio Fiscal”. Pero como no es posible tal cambio, harán una ley con una vacatio legis (periodo de no vigencia) de cinco o diez años. La harán, no obstante y, así, ya nos habremos “modernizado”. En realidad, no habrá ninguna modernización: lo que habrán hecho, con la manía de las Alternative Dispute Resolutions (ADR), nacida y lanzada desde los EE.UU. (en concreto, desde Harvard University), con el poder creciente del Ministerio Fiscal y con la Justicia para quien la pague, es imitar la Justicia de los EE.UU., es decir, una Justicia establecida sobre un modelo de hace mucho más de un siglo y rotundamente fracasada. ¿Por qué no se leen despacio, estos liberales, la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que Alonso Martínez explica tantas veces y tan claramente la necesaria desconfianza a dejar en manos del Fiscal la suerte de los procesos penales? Se me ocurre esta sugerencia por si todavía queda alguien a quien le disguste negar su propia opinión y apoyar el lamentable paripé de Ruiz Gallardón, que configura los “pluralismos” de sus comisiones legisferantes según sus numerosas filias y fobias (con vetos injustificables) y al que se le da una higa la Justicia, en la que nunca ha tenido arte ni parte.

A mí no me parece serio, ya lo dije, reunirse personas de pareceres muy diversos una vez a la semana para hacer unas nuevas grandes leyes en seis meses. Lo voy a decir más claro: me parece una burla a la idea misma de ley. Y, por supuesto, no se tratará de textos hechos con la máxima participación, porque no enviarán a las Facultades de Derecho y a los Colegios de Abogados, etc, los borradores, con un plazo amplio para recibir sugerencias y estudiarlas en serio. No: de lo que se diga semanalmente por los expertos, tomarán nota algunos asesores contratados, que irán haciendo papeles. Sé muy bien de qué me hablo. Pero, como se dice ahora, esto es lo que hay. Comprendan los lectores del blog que no me interesen los detalles de esta deriva. Se me ocurren ocupaciones más fructíferas y, por supuesto, veo asuntos mucho más importantes por los que preocuparme.

De modo que esto, que es lo que hay, lo digo por si a alguien le parece relevante mientras estamos como estamos, de nuevo al borde del rescate o de la quiebra. Ahora se registra unanimidad sobre la insuficiencia de las medidas económicas del viernes pasado. Ahora, desde fuera, no se fían de nuestras Comunidades Autónomas (CC.AA.). ¿Se puede reprochar esta desconfianza? ¿Resulta serio que el tamaño de la máquina estatal con esas CC.AA., que nos cuesta endeudarnos hasta el próximo siglo, al paso que vamos, siga tratándose con “no consentiré que las CC.AA. no nos hagan caso”?

Lo digo por última vez: no me interesan nada los planes de Ruiz Gallardón. A él no le ha interesado identificar los problemas reales actuales más acuciantes de la Justicia, para pensar al menos en algún modesto analgésico. Y ni siquiera ha defendido que la Justicia no estaba para recortes si se quería que su calidad y su duración no cayesen en picado, con gravísimas repercusiones económicas. Con eso me parece dicho todo. Pero como termino al borde de la fiesta de San Isidro, patrón de Madrid, que es mi pueblo, les dejo (especialmente a los madrileños y a amantes de esta Villa y Corte), para endulzar el mal trago, un trío de enlaces castizos, que culminan con un schottis insuperable. Son de LA CHULAPONA, espléndida zarzuela de Moreno Torroba. Ahí van:

http://www.youtube.com/watch?v=TnYpwj5uJxc&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=P9wdpLhRq-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4Mi2h_LJtms&feature=related

Metidos ya en San Isidro, me apetece obsequiarles, como “propina musical”, en esta noche de calurosa primavera, con una magnífica versión, dirigida por mi favorito para música española, Enrique García Asensio, del “Coro de románticos” de DOÑA FRANCISQUITA, una pieza menos castiza quizá que las de LA CHULAPONA, pero también muy madrileña y de máxima calidad musical, debida al genio musical de Amadeo Vives, natural de Corbató, provincia de Barcelona. ¡Benditos tiempos en que la música no conocía de “nacionalidades”!
http://www.youtube.com/watch?v=r6uFw7JUlU0&feature=related

AROMAS Y PESTILENCIAS DEL CAMPO Y LA CIUDAD

REFLEXIONES  SOBRE LA CACA (SÍ, HAN LEÍDO BIEN, SOBRE LA CACA)

Hoy y ayer son días de ésos en que hay noticias muy grandes y también muy malolientes. Por una vez, voy a ahorrar todo en nombres propios y lo gastaré todo en nombres comunes, comunes y vulgares. Y también por una vez, voy a escribir este “post”con un estilo muy distinto del habitual. En este día, lo que va de mi cabeza a los dedos, a las teclas y a la pantalla son recuerdos de olores. Por orden cronológico, ahí van, para empezar dos recuerdos de infancia.

Volviendo del colegio de la mano de nuestro abuelo, mi hermano y yo pasábamos todas las tardes delante de una taberna. Pasar delante de una taberna no tenía nada de particular en el Madrid de los años 50 (del pasado siglo XX, claro). Lo extraño hubiese sido lo contrario: carecer de taberna en el itinerario. Pero es que aquella taberna apestaba extraordinariamente a vinazo y el olor, casi sólido, ocupaba por completo la parte de la acera correspondiente a la taberna. Al atravesar ese tramo de calle, mi hermano, con cinco años, exclamaba “¡Uy qué rico!” (ahora lleva décadas bebiendo coca-cola, pero entonces apuntaba claramente a borrachín).

El segundo recuerdo olfativo es el de las vaquerías que aún tenían sede en los bajos de inmuebles madrileños, incluso en barrios relativamente modernos, como el de Salamanca. Las vaquerías, por supuesto, olían a vaca y a caca de vaca (caca: merde, shit, Schaisse). En los colegios no se planteaban entonces llevar a los chicos de excursión a una granja para que viesen una vaca real. Porque las teníamos en el centro de Madrid (pienso, de pasada, que debería hacerse una conmemoración importante de aniversario una vez determinado cuándo se cerró en la Villa la última vaquería, de donde salían aquellas grandes cántaras metálicas, las “lecheras”, para el suministro de muchos ciudadanos: ¡una sola clase de leche!, pero teníamos todos menos alergias y otras afecciones hoy extendidísimas).

Este recuerdo de los olores del vinazo y de las vacas y su caca, olores urbanos de antaño, me ha llegado por una veloz asociación de ideas con muy recientes experiencias rurales, de mi pueblo (adoptivo: el de mi abuelo materno; yo soy natural de la Villa de Madrid): las de unos hedores insoportables surgidos al conjugarse cierta orientación eólica con la existencia de dos elementos: explotación porcina (cochinos, cerdos, chanchos, etc.) y granjas avícolas. La caca de los cochinos y las gallinas, los purines, que les llaman, producen un mal olor asqueroso e intensísimo, tanto peor si hay parcelas recién abonadas con ese material. Desaparece el aroma de pinares, jaras y tomillos y la famosa (y real) tranquilidad del campo queda aniquilada: sedentarismo forzoso, con las ventanas cerradas. Es imposible, impensable, pasear junto al Duero o subir hacia el páramo por veredas que sortean majuelos y pinarejos. En esos momentos -una mañana o una tarde entera, como una noche de firmamento perfecto-  sólo cabe ponerse a resguardo de la pestilencia.

Y pienso todo esto, también por asociación de ideas, pues las noticias más llamativas de ayer y hoy (escribo entre el 9 y el 10 de mayo de 2012), una del mundillo político-judicial; otra del ámbito bancario, me parecen inundar la atmósfera de la hediondez de mucha shit, merde o Schaisse.

Es verdad, es innegable que hay ventiladores esparciendo las malolientes partículas de los excrementos (algún ventilador es fácilmente localizable; otros, más numerosos, son difíciles de identificar). Pero los comentarios de protagonistas, observadores y comentaristas profesionales (sin disfrazar o disfrazados de informadores), comentarios que lamentan que el ambiente se enrarezca, que se haga daño grave a importantes instituciones, que se actúe por venganza o resentimiento, comentarios sobre la maldad de unos y sobre la maldad de sus adversarios, alegando datos imposibles de verificar y que no pueden ser todos ellos verdaderos, esa hedionda realidad que transmite en todo caso el conjunto de la información y las opiniones sobre tal o cual personaje y sobre la situación -real, exagerada o falsa- de tal entidad o de nuestro sistema financiero, cuajan en mi cabeza en forma de un debate surrealista: si es mejor que la basura animal, la merde, se encuentre en estado semisólido o en suspensión aérea, como la colocan los ventiladores.

En suspensión, esparcidos los excrementos por el aire, no es que respiremos mal, es que nos acomete un asco tan invencible como insoportable. Más apelmazados, pegados al terreno, en el suelo, apenas se notan, pero siempre estamos a merced de un cambio de viento. Se dirá que esto último es menos penoso, menos insalubre que lo primero. Y quizá, a primera vista, esta opinión parezca bien fundada. Pero de ahí se pasa casi insensiblemente a la idea de tolerar la acumulación constante de la basura animal. Nos vienen a proponer tolerancia ilimitada a la caca, a la m… O incluso planes y proyectos para construir sobre ella, procurando solidificarla. Vivamos, insinúan, como en palafitos sobre enormes lagunas de merde. Al fin y al cabo, parece que ya hay algunos mundos singulares (muy noticiosos en estos días) edificados sobre pilotes que se hunden en gruesas capas de guano moral.

Este debate que se me ha venido a la cabeza en forma tan surrealista, feísta, poco grata, aunque expresiva y disculpable (eso pienso y espero), ha tenido, hace ya mucho tiempo, versiones más elegantes y presentables, dizque cultas y casi humanistas. Sin ir muy lejos, he podido escuchar personalmente a personajes ya históricos de España la afirmación de que es consustancial a la democracia cierto grado de corrupción (o, más a lo bestia, en petit comité, que no hay democracia sin corrupción). Con tanta amplitud y comprensión, con tan magnánima y realista idea del arte de lo posible, hemos ido llegando al tiempo presente, al pestazo actual.

Que cada cual reflexione y concluya como quiera. Personalmente, sin reflexionar apenas, siento un asco profundo, una repulsión absoluta, ante la propuesta de tolerancia a la basura animal e incluso ante la tendencia al acostumbramiento a la proliferación y asentamiento de la m…. No me gustan las peleas del “y tú más” o “pues mira que tú”. Y tampoco me gusta el uso de ventiladores para arrojar hediondos excrementos al aire. Pero hay algo indiscutible: si el ventilador esparce caca, es porque ésta existe. Y no. Sabiendo que siempre habrá cierto grado de corrupción, de merde, no porque sea consustancial a la democracia, sino porque la condición de los humanos nunca se libra del todo de miserias, lo que hay que hacer es limitar la basura y que la que haya esté en basureros, bien señalizados y aislados. Tanta materia fétida no puede asentarse, sin más, sobre el suelo de nuestras vidas. Porque, para terminar con el símil, aunque el viento no nos azotara con el hedor de los purines y aunque nadie agitara ventiladores, esa materia nos contamina: se filtra y envena el agua y la tierra. Y acabamos envenenados. Recuerden, aunque parezca una anécdota, los letales “pepinos de Hamburgo” (v. post del martes, 7 de junio de 2011, EL PEPINO DE HAMBURGO Y OTRAS MAJADERÍAS ANTICIENTÍFICAS: http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/06/el-pepino-de-hamburgo-y-otras.html). Los pepinos se envenenaron y mataron por la tierra y el agua que les nutrían, impregnadas de los excrementos porcinos.

Yo supongo que los inteligentes lectores de este blog han entendido perfectamente de qué estoy hablando y qué noticias provocan este “post”. Si no es así, será porque hoy no se han asomado aún a la información. En cuanto lo hagan, como muchos ya lo habrán hecho, comprenderán también que sienta lo que he querido expresar y que haya preferido no gastar hoy ni un solo nombre propio.

UNA “NOTICIA” SOBRE EL “CASO URDANGARÍN” Y LOS ESPAÑOLES CREEN “DESCUBRIR” LA “NEGOCIACIÓN” DE LA SENTENCIA PENAL

LA "JUSTICIA NEGOCIADA" O EL FRACASO DE UN MODELO DE JUSTICIA QUE NO DEBEMOS COPIAR
(No confundir sentencias "negociadas" con sentencias por conformidad)

I.- Apareció hace unos días la “noticia” (después desmentida) de que el marido de la Infanta Cristina y yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, negociaba con los Fiscales (de la denominada “Fiscalía anticorrupción”) declararse culpable a fin de evitar la cárcel. Se especuló también con que el otro gran imputado en el mismo caso, el Sr. Torres, socio de Urdangarín, andaba en parecidos tratos (también negados enseguida). Pero el caso es que, con motivo de la primera “noticia”, ocurrieron dos cosas: en primer lugar, que innumerables españoles creyeron “descubrir” que en España los presuntos delincuentes, los “imputados”, pueden “negociar” con el Fiscal; en segundo lugar, que esa posibilidad fue considerada escandalosa y mereció un amplio rechazo social.

[Entrecomillo la palabra “noticia” para expresar que no sabemos si el hecho noticioso es verdadero o falso.]

Pocos días después de la “noticia” de las “negociaciones” Urdangarín-Fiscalía se publicó, pero esta vez sin ningún desmentido, que la Fiscalía anticorrupción dejaba sin efecto una cita con los abogados de Urdangarín y Torres, en vista del revuelo mediático causado. Y el asunto ha quedado así, en suspenso.

II.- Me parece que estos dimes y diretes y, sobre todo, sus consecuencias en la pública opinión requieren un “post” de aclaración. En resumen, adelantaré 1) que no es legal en España la negociación entre el Fiscal y el imputado o acusado, porque el Fiscal ha de atenerse a la ley al acusar y el imputado sólo puede conformarse con la acusación más grave, pero que 2) en la realidad, la negociación se da con frecuencia. Descompongo ahora esta síntesis en las siguientes afirmaciones:

1ª) No hay un solo precepto legal en el Derecho español que permita una genuina negociación entre un imputado o acusado y el Ministerio Fiscal (MF). Una negociación propiamente dicha significaría que el MF pudiese prescindir de parámetros legales (las normas legales que tipifican los delitos, valoran circunstancias relevantes y establecen las penas) y que, guiado por criterios distintos (lo que se está denominando “principio de oportunidad”), pudiese configurar la acusación a su arbitrio a fin de lograr que el imputado se mostrase de acuerdo con esa acusación y sus consecuencias. Se da por sentado que el tribunal ha de dictar sentencia conforme a lo acordado, pues un acuerdo que no vinculara al tribunal carecería de sentido.

2ª) Según la misma Constitución Española  (CE) (art. 124), el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) (art. 6) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), al MF no le está permitido apartarse de la legalidad sino que, por el contrario, esas leyes le imponen ajustarse a ella. De particular importancia para lo que nos interesa (el proceso penal) es el art. 105 LECrim: “Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes…” Para los no juristas, aclararé que ejercitar acciones penales es lo mismo que promover e impulsar el proceso penal y ejercer la acusación.

3ª) Nuestro Derecho procesal penal permite en todos los tipos de procesos penales, no una negociación, sino que, en distintos momentos procesales y si concurren determinadas circunstancias, el acusado o acusados expresen su conformidad con la acusación del MF o, si son varias las partes acusadoras, con la acusación más severa (“más grave”, dice la ley), lo que ordinariamente determina una sentencia inmediata en los términos de esa acusación, con o sin verificación por el tribunal de los términos de la acusación. Se habla, en tales casos, de una “sentencia de conformidad”. Pero nuestro Derecho da por sentado que la acusación se ha atenido a los parámetros legales y no a una negociación o regateo entre acusador y acusado. Por tanto, la conformidad del imputado o acusado, permitida por la LECrim desde 1882 e introducida en ella en más ocasiones procesales por diversas reformas parciales posteriores, no es, legalmente, el fruto de una negociación, sino la expresión de la voluntad del acusado, y de su defensor, en el sentido de aceptar las consecuencias legales de una acusación formulada conforme a la ley. En un par de supuestos legales, la conformidad se prevé como posterior a una confesión o a un reconocimiento de los hechos incriminatorios, pero en la mayoría de las posibles conformidades la ley no prevé ni exige que el acusado se declare culpable o protagonista de los hechos que se le imputan.

Dejo como Anexo, tras la indicación de "continúa", un esquema de los distintos momentos del proceso en que está legalmente prevista la conformidad del imputado o acusado, en los diversos tipos de procesos penales. Rasgo común es que la conformidad se prevé siempre una vez finalizada la llamada fase de instrucción (llamese “sumario”, “diligencias previas”, etc.) y nunca dentro de ella.

4ª) De hecho -y contra Derecho- sí se da en España, con notable frecuencia, negociación entre MF e imputados o acusados, aprovechando el instituto jurídico-procesal de la conformidad, que se acaba de exponer en síntesis. Hay incluso algunos preceptos en que se prevé una actuación conjunta de acusador (sobre todo, el MF) y acusado para expresar su conformidad, lo que, obviamente, supone unos necesarios contactos previos. No son frecuentes las “negociaciones” en que el Derecho penal resulte grave y abiertamente vulnerado, porque una infracción clamorosa del principio de legalidad por parte del MF (p. ej., calificar un claro asesinato como delito de lesiones con resultado de muerte u omitir en la acusación unos indisimulables delitos conexos con el principal) podría provocar un escándalo mayúsculo con consecuencias muy negativas para el Fiscal implicado. Como Vds. saben, la pena prevista se mueve muchas veces en una escala de tiempo (el delito de coacciones del art. 172 CP, p. ej., tiene aparejada pena de prisión de seis meses a seis años) y ése es un territorio más fácil para la negociación. Se me ocurre que también lo es, en ocasiones, el ámbito de las circunstancias modificativas de la responsabilidad, es decir, agravantes y atenuantes. A veces no están muy claras y ahí cabe el compadreo. Y digo compadreo porque eso es lo que es hoy en día.

5ª) La conformidad del acusado carece, por sí misma, de cualquier eficacia en el sentido de librar de la cárcel al acusado. Que el acusado que se conforma se libre, o no, de ingresar en establecimiento penitenciario depende de la acusación y de la correspondiente condena y de la aplicabilidad al caso de las normas del Código Penal (CP) sobre sustitución de la ejecución de penas privativas de libertad (arts. 80 y ss. CP). Sólo en el caso de la conformidad del acusado en “juicios rápidos” (y el “affaire Urdangarín” no se sustancia en un “juicio rápido”), la conformidad es incentivada legalmente con el “bonus” de la reducción de un tercio de la condena.

6ª) Lo que la conformidad plena del acusado determina es ahorrarse el juicio (y, por tanto, la realización y valoración de la prueba), así como la fundamentación jurídica de la sentencia. Donde no funciona el sistema procesal penal -perfectísimo: todos tienen derecho a un juicio justo a cargo de sus iguales, los miembros del jurado, que han de estar convencidos de la culpabilidad, incluso unánimemente, más allá de toda duda razonable (beyond any reasonable doubt), con unas reglas estrictísimas sobre licitud en la obtención de pruebas para que puedan presentarse en juicio-, no importa: se recurre al “plan B”: el plea bargaining: el Ministerio Fiscal negocia con el acusado y si éste se declara culpable (plea guilty) tendrá una sentencia menos severa que la marcada por la ley. Se ahorran el juicio, el jurado, las pruebas convincentes, etc. El paradigma de la "negociación" en los procesos penales lo encontramos en los EE.UU.

Lo que han visto los lectores en docenas y docenas de películas y otras tantas novelas es exactamente así o, para ser más exactos, bastante peor. El sistema estupendísimo (el del due process of law, el del adversarial system, etc.), tan pletorico en garantías, sólo se activa en los EE.UU. en bastante menos de un 10% de los casos que llegan a los tribunales. Más del 90% de las sentencias condenatorias se pronuncian por aplicación del “plan B”, la denominada “justicia negociada”. Es como lo de Groucho Marx con “los principios” (“éstos son mis principios; si no le gustan tengo otros”), pero a lo bestia, si me permiten la expresión. En los EE.UU. tienen un sistema teóricamente excelente, pero si no te gusta (es decir, si no tienes dinero para pagar la excelencia) tienen otro: la negociación. Así que, estimado acusado, querido presunto, si no tienes dinero para contratar un abogado y un investigador particular -que busque pruebas de lo que te puede beneficiar y compruebe las pruebas de que dispone la Fiscalía-, siempre puedes negociar, que es mucho más barato. Así, sin juicio, sin pruebas limpísimas (¡nada de fruits of the poisoned tree!) ni convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, son condenados en los EE.UU. más del 90% de los “delincuentes”. ¿Hace falta decir quién es la parte fuerte en la negociación y quién la parte débil?

Definitivamente, el pragmático “plan B” de los EE.UU. se desinteresa, no sólo de la verdad de lo ocurrido, sino también de examinar la culpabilidad y de pronunciar sentencias condenatorias con los debidos fundamentos. Ni due process ni adversarial system que valgan. Aunque sea un tópico, es verdadero: sólo los ricos pueden tener un proceso respetable, conforme a dignos principios de justicia. Para el común de los ciudadanos, la miserable "justicia negociada", de la que, cuando convenga, también pueden beneficiarse los poderosos.                 

III.- Si todo lo anterior se proyecta sobre la “noticia” a que me he referido al principio y al “caso Urdangarín”, resulta que, por la presentación de la tal “noticia” y la ausencia de mínimas explicaciones simultáneas, muchos españoles pueden haber pensado que el yerno del Rey y sus abogados estarían intentado algo insólito e ilegal -la negociación- con el necesario concurso de la Fiscalía. Pues bien, no: de insólito no tiene nada. Al contrario: es frecuente en España que abogados y Fiscalía mantengan algún contacto. Y cabe también que el contacto no entrañe nada ilegal, porque bien puede tratarse, si la instrucción está prácticamente terminada, de intentar informarse de cuál será la acusación, a efectos de ponderar  una eventual conformidad. Si hay una negociación de hecho, como la que apuntaba la "noticia", los imputados, para beneficiarse, necesitarían un comportamiento ilegal del Fiscal, sin el que no cabe "negociación".

No hay forma de que, en España, el sistema procesal penal se haga el distraído ante la mitad de lo delictivo que haya podido hacer Urdangarín a base de una negociación con la Fiscalía, ni siquiera si se trata de la Fiscalía anti-corrupción, a la que algo de ésta se le viene pegando desde hace tiempo de tanto roce con quienes tendría que perseguir. ¿Saben por qué no es factible lo que tan precipitadamente y sin pruebas se ha afirmado, precisamente por “medios” a los que denominé el otro día "abdicacionistas?" Por dos elementos: primero, porque una negociación ilegal, pero real o de facto, al socaire de la conformidad, no resistiría la luz de los focos proyectada sobre este caso: la negociación ilegal quedaría al descubierto y rodarían cabezas. Y segundo e importantísimo: porque, afortunadamente, en España el Ministerio Fiscal no tiene el monopolio de la acusación. Como ya he explicado en este blog, aquí tenemos como posibles acusadores a los perjudicados por el delito e incluso a cualquier ciudadano. Esos acusadores se saben las tripas del proceso (que, de lo contrario, pocos conocerían) y no tienen, de ordinario -por eso se han constituido en acusadores-, el menor interés en hacerse los distraídos sobre hechos y circunstancias penalmente relevantes y “negociar” de hecho con el acusado, sino que, de ordinario, su calificación de los hechos y su petición de condena es más dura que la del MF.

La conformidad prevista en nuestro Derecho y las sentencias de conformidad, con una previa acusación en términos legales, no merecen reparo alguno. La "justicia negociada", con amplios poderes al Fiscal para salirse de la legalidad un poco, bastante o mucho, según los casos, chalaneando más o menos con unos y otros acusados, son, en cambio, un terreno abonado para una masiva desigualdad ante la ley y para abusos e injusticias a veces tan reprobables como los delitos que se dicen cometidos por los acusados. No es de recibo confundir las sentencias de conformidad con las sentencias negociadas. Es perfecto exigir que se resarza a las víctimas para acogerse a beneficios penales y penitenciarios, pero todo eso debe figurar claramente en las leyes, iguales para todos. No es perfecto, sino todo lo contrario, aumentar aún más los poderes de los Fiscales -que continúan siendo penalmente inmunes- para que puedan tratar cada caso con los llamados "criterios de oportunidad" que ellos mismos consideren aplicables. No se fíen de los pragmáticos que ensalzan la "justicia negociada" ("¡que costes tan bajos!"; "¡qué estadisticas de condenas tan satisfactorias!"): lo que quieren es que el Ejecutivo mangonee más aún en la Justicia penal.

UN EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En este lance judicial-periodístico, hay un ingrediente extraño e inquietante. Lo proporciona la Fiscalía anti-corrupción al no desmentir la noticia de que, en vista del revuelo mediático, se suspendían citas o contactos con los abogados de Urdangarín y Torres. ¿Por qué habría de suspenderse nada si, como es de esperar, el MF se atiene a la legalidad? Si se preveía algo legal, ¿qué más da que haya, o no, revuelo mediático? Ha sido la Fiscalía con esa noticia, no desmentida, la que ha fomentado los malos pensamientos. Una metedura de pata más.

Moraleja final doble: primera: señores “comunicadores”, por favor, no desconcierten y confundan a su público al poner en circulación algunas “noticias”; segunda: no imitemos el sistema procesal penal de los EE.UU. porque, sencillamente, no funciona… salvo para millonarios. Reparemos nuestro sistema, muy estropeado, pero no lo tiremos para comprar uno penoso y fracasado. No se trata de ninguna manía a los EE.UU. Allí sucede lo que he dicho. Y han sido profesores norteamericanos quienes han dicho a colegas míos procesalistas españoles, más jóvenes, “¿qué han venido Vds. a aprender aquí? Aquí no tienen Vds. nada bueno que aprender”

“RECORTAR” SIN ASFIXIAR O LOS “RECORTES” QUE NO LLEGAN: LOS DEL SECTOR PÚBLICO

"CORTEN DE RAÍZ EL GASTO PÚBLICO VERDADERAMENTE INNECESARIO: YA NO PUEDEN RECAUDAR (ASFIXIARNOS) MÁS" 

Cada día que pasa se anuncia una nueva medida que merma el dinero disponible por cada españolito. Y ocurren dos cosas. La primera, que se hace más difícil -por decirlo de modo muy optimista- cualquier reactivación de la economía real y cualquier esperanza de frenar el creciente desempleo. La segunda, que cada día con nuevos “recortes” se echan más en falta las correspondientes explicaciones que, como tantos otros, hemos venido pidiendo muchas veces a nuestros dirigentes en este blog. La cosa está llegando al punto de una plena justificación de la rebelión cívica. El Gobierno tiene la suerte de que las actuales cabezas visibles de esa posible rebelión -las centrales sindicales, el PSOE, los grupos anti-sistema- carezcan de toda legitimación para movilizar a la gente y, además, del menor atisbo de plan alternativo al del Gobierno. En las últimas “movilizaciones” (la del 29 de abril y la de ayer, 1 de mayo de 2012), lo que han venido a decir los “movilizadores” es que les gustaba más cómo estaban las cosas hace dos años y también, por supuesto, cuatro u ocho años antes. ¿Y a quién no? Pero son muy pocos los que no entienden que aquellas situaciones no se podían mantener (es decir, que no se debieron crear) y, por tanto, lo que piden, en general, estos “movilizadores” sociales es un imposible.

 Pero aunque no salgamos todos a la calle, el Gobierno sabe que la desafección ciudadana es superior a la que se podía prever. Muchos dirigentes del PP saben, en su fuero interno, que se están mereciendo esa desafección ciudadana y que el disgusto general va in crescendo y con él, la desesperanza, la desconfianza, que es económicamente letal. Y el disgusto no es sólo porque sigan sin explicar los “recortes” que disponen y los que, tontamente, avanzan con los “globos sonda”. Es, sobre todo, porque  no vemos que se recorte donde hay más que recortar y dónde los recortes harían menos daño a corto, medio y largo plazo, porque contribuirían mucho menos a la recesión o a la depresión económica.

En síntesis: tenemos la fundada impresión de que a nuestros dirigentes les importa mucho más recaudar para seguir sosteniendo el Estado (Comunidades Autónomas, Municipios y empresas públicas incluidos) que recortar a fondo el Estado para necesitar muchos menos recursos. El sector público apenas se toca en los “recortes” y para mantenerlo, se sangra aún más el sector privado, ya bastante exangüe. Eso no nos gusta a los españoles, pero es que, además, tampoco les gusta a los posibles inversores, españoles o extranjeros. Y, por tanto, cae la Bolsa, las agencias de calificación nos rebajan cada semana y el “diferencial” de los instrumentos de nuestra deuda pública con la referencia alemana sigue por las nubes.

En el post anterior me he referido a lo que sucede en los EE.UU., madre de la gran crisis mundial (es muy importante, me parece, no olvidar la génesis de esta enorme crisis: de lo contrario, repetirán la historia en lugar de aprender de ella). A lo dicho habría que añadir que los primos de los estadounidenses, la Gran Bretaña, han entrado también públicamente en recesión. Francia anda mal y Alemania apenas puede disimular que su economía ofrece señales de debilidad. La UE aplaude al Gobierno de Rajoy y hasta el muy exigente Wolfgang Schäuble, Ministro alemán de Economía, regala los oidos del Presidente al describir como “impresionantes” los gubernamentales esfuerzos presupuestarios o de déficit público. Lo que sucede, en realidad, es que, después de la amenaza de la intervención, ha venido la zanahoria y no me extrañaría que ahora mismo incluso los agnósticos, ateos y masones de la UE estén haciendo novenas a Santa Rita, Abogada de los Imposibles, para que España no se estrelle: Spain is too big to fall. Sarkozy -que puede perder al ser mucho más odiado por muchos franceses que lo que muchos franceses desconfían de Hollande- acaba de decir que Europa no puede dejar caer a España porque se produciría una deflagración catastrófica.

Mientras tanto y al margen de cómo nos miren, ¿qué tarea en todo caso necesaria elude lamentablemente el Gobierno español? Elude una muy seria poda de ramas de las Administraciones Públicas autonómicas. Que los “barones” del PP le prometan a Rajoy que serán buenos son sólo palabras nada convincentes. Que se amenace con intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit, además de ser una mera bravata, es desviarse de la cuestión. Porque ya no se trata de que las CC.AA. no sobrepasen un tope de déficit, sino de que disminuyan drásticamente, enseguida, lo que nos cuestan a todos. Hicieron en 1982 una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Hagan ahora, al amparo del art. 150 CE, todo lo legalmente posible para racionalizar competencias y organismos en el sentido que venimos proponiendo.

Si no, si se mantiene y se defiende un “Estado de las Autonomías” carísimo, resultan indefendibles medidas como disminuir los sueldos a los funcionarios que estén de baja (“de baja injustificada”, añadieron enseguida). Llega a extremos de supina estupidez la extendida manía a lo público de un emergente sector  presuntamente neoliberal del PP (no son liberales: son locoides anti estatales, retratados en http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/03/quieren-de-verdad-reducir-el-gasto.html). Si la baja está justificada no hay nada del sueldo (nunca espléndido) que sea mínimamente justo disminuir y si no está justificada, no es que haya que pagar menos, sino que sería justo no pagar nada. Tampoco parece que podamos aceptar comenzar a pagar por las autovías -¿y por qué no por cualesquiera carreteras?- cuando hay centenares de cargos públicos autonómicos innecesarios, muchos de ellos con retribuciones bastante por encima de la del Presidente y los Ministros del Gobierno de la Nación.  Y ¿qué decir de la disminución de los partidos judiciales? Quizás esté muy bien, pero es algo ridículo con la que está cayendo.

¿Dónde viven nuestros dirigentes? ¿No se dan cuenta de lo asfixiados que están millones de españoles? ¿No aprecian que ya no hay atascos ni en las ciudades ni en las carreteras? ¿No ven cómo se cierran, cada semana, en su barrio, docenas de comercios y oficinas?

Hacen falta medidas drásticas, llamativas, de grueso calibre, que hagan creíble, porque lo sea, la determinación española de salir adelante y que restauren la confianza nacional e internacional. Porque hace falta dinero para detener la recesión e ir relanzando poco a poco la economía. Y el dinero no vendrá y no se invertirá o se gastará si la confianza no se restaura. Pero esas medidas drásticas y de grueso calibre tienen que referirse al tamaño del sector público, al gasto público relativo a las estructuras  y organismos de ese sector, no al esquilmamiento de los españoles, ya esquilmados, ni a la supresión, a tontas y a locas, de servicios y prestaciones a todas luces necesarios. Sin esos recortes que proponemos resulta indefendible centrarse en recortar servicios sanitarios (aunque también haya que hacerlo: acábese con el turismo sanitario y con prestaciones no propiamente médicas, como las esterilizadoras, p. ej.) ni eliminar ayudas a la investigación o becas postdoctorales (justo cuando públicamente se dice que hemos de pasar de una cultura económica del ladrillo a la del conocimiento).

La autocita, créanme, me resulta odiosa. Y de veras que produce un cansancio infinito que la historia te dé muchas veces la razón. Pero, en ocasiones, cuando hay que insistir, uno tiene que recordar lo que decía, más que nada para que se escuche en serio lo que se hace necesario repetir. Hace ya más de dos años, el 6 de febrero de 2010, propuse aquí algo duro y radical, pero no imposible ni excesivo. El post se titulaba “GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y REGENERACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA”  (http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/02/gobierno-de-concentracion-y-reduccion.html. Se trataba de reducir a la mitad, por concentración, el número de Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones Generales y lo mismo en las Comunidades Autónomas: la mitad de Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones Generales. En aquellos momentos, eso hubiese necesitado un consenso. Hoy me parece que no.  La propuesta podía no tomarse al pie de la letra, pero el espíritu estaba claro y por, supuesto, nada ni remotamente parecido ha sido hecho o anunciado.  Y ese mismo el 6 de febrero de 2010 ya vaticinaba esto: “la economía real española va a desplomarse (bajón del consumo interno y de la producción) con más cierres de pymes y más paro, que alcanzará esos cinco millones de personas que la Sra. Salgado descartó rotundamente pocos días atrás.“  [¿Hay que recordar que estamos ya cerca de los seis millones?]

El día 5 de junio de 2010 se describía aquí nuestro insostenible “Estado de las Autonomías” (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/nuestro-irreformable-estado-de-las.html). Rechazaba, por imposible, que no por indeseable, prescindir de él, pues requeriría una reforma constitucional que me parecía inviable. Repasen, si les parece, la descripción y la valoración política. Ahora sólo reiteraré lo siguiente:

 «…Las posiciones radicales contra el “Estado de las Autonomías” … acaban por constituirse en un gran obstáculo para cualquier mejoría de la penosa situación real. Los radicales -que, insisto, cuentan con mi adhesión intelectual y mi simpatía- seguirían en estado de ira ante cualquier reducción del aparato de las Autonomías. A mí, en cambio, podar ramas y ramitas me alegraría enormemente. Los problemas no siempre tienen solución, pero casi siempre pueden ser atenuados. Empiécese por ahí, porque comenzarán a producirse efectos beneficiosos, en vez de persistir o agravarse los maléficos.»

«Además, ante las airadas voces radicales, los responsables autonómicos pueden mostrarse tan indiferentes como cabe serlo ante propuestas tachables de utópicas. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, si se reclama suprimir Consejerías, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, asesores, agencias, subvenciones, “embajadas”, empresas públicas innecesarias, etc., las reclamaciones no pueden ser tan fácilmente desatendidas. Y si lo son, el reproche social es infinitamente más intenso que el que generaría la negativa a desmantelar el Estado autonómico. De manera que esto es lo que reclamamos: una poda de muchas ramas y ramitas del organigrama arbórico de cada Comunidad Autónoma. Y lo mismo respecto de buen número de municipios.»

Como, según ha dicho hace poco alguien importante, “el Estado de las Autonomías está en la Constitución”, ninguna poda se ha hecho más allá de un superficial maquillaje. Ahí siguen las Televisiones y las radios autonómicas y más inutilidades. Y ahí sigue la financiación de partidos y sindicatos, sin suprimir ni reducir, cuando esa medida es un símbolo generalmente admitido de la regeneración necesaria. De ahí que el reproche social hacia los “recortes” haya alcanzado tanta intensidad, que no va a parar de crecer. Lo que sí crecerá es el desempleo, la recesión o depresión y la desesperanza, que quizá es lo peor.

Esto de ahora se veía venir. El 10 de junio de 2010 apareció aquí otro post en el que, lego en economía como soy, no encontré mayor dificultad en describir la realidad del momento y el panorama del inmediato futuro, hoy presente (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html). El post se titulaba “MAREANDO LA PERDIZ CRIMINALMENTE: LA CLAVE, NO SE CONFUNDAN, ES LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA REAL”, con el subtítulo “NO MÁS IMPUESTOS PARA SOSTENER EL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” NI MÁS “RECORTES” CON DESTINO A BANCOS NI CAJAS. MÁS DINERO PARA TODOS: MENOS IMPUESTOS”

Hace casi dos años, decía lo siguiente (me voy a extender más, porque ahora me parece necesario repetir exactamente la descripción y la valoración):

«En estos momentos, estamos en un círculo vicioso, tan vicioso que se diría diabólico: los “mercados” no tienen confianza en España, porque a) las “medidas extraordinarias” de “ajuste” relativas al déficit público les parecen poca cosa; b) han “descubierto”, de pronto, que, además del déficit (de su volumen absoluto y comparativo) importa mucho más todo aquello que fundamenta que un acreedor piense que el deudor le va a poder pagar. Nuestra “caja” para ir tirando está casi vacía y lo que se les está ocurriendo a nuestros "jobernantes" para que no se vacíe del todo y vuelva a contener algo conduce a que nuestra situación empeore y se desconfíe más de nosotros. Por ese camino, nadie nos prestará ni invertirá en España a tiempo para dedicar lo que nos den a una reactivación económica»

«En la tarde del 9 de junio de 2010, el Banco Mundial “descubre” que nuestra situación es "muy grave", porque el nivel de paro de España es algo tremendo. Y no lo dice porque le importe la situación de los parados, sino por la escasa fiabilidad del “Reino de España” que ese simple dato revela. Pero es que, en un contexto diferente, Moody’s … dice el día 8 de junio de 2010, por boca de Pierre Cailleteau, director del área de Deuda Soberana, algo que "encaja" muy bien con la alarma del BM. Dice que “lo más importante no es el nivel en el que se sitúe esta prima de riesgo, si no que la economía no crezca” (…) Por si la cosa no estuviese suficientemente clara, este Mr. Cailleteau (…) repite que el creciente rendimiento que se le exige a la deuda española no es grave, dado que el Banco Central Europeo (BCE) está comprando, "lo grave sería que la economía no creciera, que la economía española se estancara, algo que no ocurre en España pero que podría pasar". (Y tanto que podría pasar: está pasando y va a más).»

«El directivo de Moody´s explicó que la calificación del riesgo soberano se basa en la solvencia a medio plazo, y aseguró que aunque "el endeudamiento es un problema, no es un problema insuperable". Claro está, añado: un país lo supera del mismo modo que lo supera un particular: si gana para pagar sus deudas. Y este país, España, sólo podrá pagar si su economía real supera el estancamiento y remonta el vuelo.»

«Pero si debemos mucho y se ve que no crecemos y que no vamos a crecer a medio plazo, ocurren dos cosas gravísimas: la primera, que estamos fatal; la segunda, que nadie nos presta y nadie invierte, con lo que vamos derechos, como decía Marx (Groucho), “de la nada a la más absoluta de las miserias”.»

«¿Por qué es muy probable, si no se rectifica, que no crezcamos y sigamos en recesión? Porque los indicadores económicos generales son malos (mucho paro, producción en descenso) y apuntan todos a un empeoramiento: aumentará el paro y seguirá disminuyendo la producción. ¿Por qué? Porque no es posible ninguna reactivación económica si la gente no tiene dinero. Eso es axiomático. Y los españoles vamos a tener mucho menos dinero por varias causas:»

«1ª) Por disminución de los ingresos de 3 millones de familias: los funcionarios; 2ª) Por disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas; 3ª) Por disminución de disponibilidad económica a consecuencia del IVA y del aumento de la presión fiscal (subida de impuestos e impuestos nuevos, ya anunciados); 4ª) Por aumento del precio de la energía eléctrica, tanto para particulares como para empresas; 5ª) Por imposibilidad de acceso al crédito: los bancos no prestan a particulares ni a PYMES: de nuevo andan las entidades financieras con sus problemas, poco inteligibles, porque se han cuidado durante mucho de tiempo de implantar una jerga esotérica, que no entienden más que ellos mismos…»

«Carece de todo sentido “ajustarse”, “recortarse”, apretarse el cinturón y pasar hambre para financiar un mastodonte, el “Estado de las Autonomías”, que puede y debe dejar de ser un mastodonte. Forzarnos a seguir manteniendo al mastodonte y quedarnos así sin apenas dinero tiene la misma lógica que la de unos salvajes ignorantes que se privasen de comer los productos de su pastoreo y de sus cultivos para ofrecer esos productos a la cruel deidad instalada en lo alto de una pirámide tipo maya.»

¿Hay alguna parte de este mensaje a la desesperada -al que, lamentablemente, el tiempo ha dado la razón- que el Gobierno del Sr. Rajoy no entienda? Porque, si como pienso, lo entiende todo perfectamente, no hacerlo sólo permite un diagnóstico: creen, tontamente, que pueden capear el temporal. Y quizá podrían capear un temporal: se colocan los triángulos de capa (esas velas triangulares cercanas a la cubierta) para que el navío se aplaste más, se aplome, sobre el mar embravecido y se corre la galerna, es decir, se pone popa al viento, por más que te aleje de tu destino. Lo que sucede es que no estamos ante un temporal. Y ni siquiera se trata de la ya tópica “tormenta perfecta”. Estamos viviendo una inédita confluencia de elementos devastadores de larga duración, como si se sumasen el terremoto de Lisboa de 1755 y la erupción y explosión del volcán Krakatoa, en 1883. Estamos, muy probablemente, al final de una era, de una civilización. En lo económico, nadie sabe si llevan razón los EE.UU. y su “quantitative easing”, varias veces renovado (“quantitative easing” significa, a la postre, como imprimir US$ sin respaldo) o si tendrá razón Europa con su empecinamiento en el equilibrio presupuestario. Hace muchos años, más de 40, leí en la desaparecida revista LIFE está frase: “Economic forecasting makes astrology respectable” (“la prospectiva económica hace respetable a la astrología”) ¡Cuántas veces la he recordado en estos tiempos, preguntándome por qué se me gravaría en la memoria!

Bien, no juegue nuestro Gobierno a la astrología. No apueste por el “modelo” americano actual -que desazona a los mejores economistas estadounidenses- y tampoco apueste por la ortodoxia europea. Haga, sencillamente, lo que, al margen de modelos y de dudosa prospectiva, tiene que hacer, en todo caso, por claros imperativos morales: reducir drásticamente el tamaño orgánico y el gasto de las CC.AA. y de los Municipios. No lo aconsejen, no lo prediquen, no amonesten: háganlo, reduzcan ya, de inmediato, el aparato que todos tenemos que pagar en obsequio de la clase política y de los seudoempresarios de la simbiosis con lo público. Háganlo sin falta: con nuevas LOAPAs, con Decretos-Leyes o con el art. 155 de la Constitución y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Que todos vean, sin la menor duda, que, si hay que apretarse el cinturón, no es para que unos pocos no pasen el menor apuro. Ganar una rotunda credibilidad, hacia adentro y hacia afuera, es una tarea que no cabe aplazar más. Es el tiempo de la valentía, de la audacia, del coraje moral. Porque es el tiempo del deber, de un deber moralmente claro. Y cumplir un deber hace menos difícil la decisión audaz. Una última petición: ¡nada de privatizaciones para que algunos hagan excelentes negocios! Ya me entienden.