POR DERECHO

LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, “PRUEBA DEL NUEVE” DEL “ESTADO DE PARTIDOS” EN ESPAÑA

2012-02-13T14:37:00.001+01:00

EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR YA TIENE CON QUIÉN NEGOCIAR
(¿Y CUMPLIRÁN LOS REQUISITOS LEGALES?)
(Actualización tras la comida de Rajoy y Rubalcaba en La Moncloa: 15 de febrero 2012)

En estos momentos, hay cuatro plazas en el Tribunal Constitucional (TC) de España, que hubieran debido cubrirse desde hace tiempo por el Congreso de los Diputados. Una de ellas, desde el fallecimiento en 2008 de su titular, Roberto García Calvo (q.e.p.d.) y las otras tres, desde noviembre de 2010. El retraso se debe a no haber alcanzado el consenso de tres quintos de los diputados, mayoría muy reforzada que exige el art. 159 de la Constitución Española (CE). En enero de 2011 se logró ese consenso, tras un notable retraso, para cuatro Magistrados que correspondía designar al Senado, a propuesta de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Factor decisivo de ese consenso senatorial fue que el PP renunciara a que se designase por el Senado al Magistrado Enrique López y López, a quien, además de considerarle el PSOE con un acusado perfil político-partidista (pro PP), no se le reconocían los requisitos que exige el art. 18 de la Ley Orgánica del TC (LOTC): “Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.” Sostenía el PSOE, a mi entender con razón (y apoyados por un informe de los servicios técnico-jurídicos del mismo Senado), que los años (más de seis) en que Enrique López y López fue Vocal (y portavoz) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no podían computarse como años “en activo en la respectiva función” (la función jurisdiccional), porque los Vocales del CGPJ pasan a la situación de “servicios especiales” (dejan de ser Jueces o Magistrados en la situación de “servicio activo”).

En uno de los más estrafalarios episodios legislativos que conozco, PSOE, PP y otros partidos resolvieron perpetrar la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, para que el apartado 5 del art 16 LOTC dijese lo siguiente: “las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación.” (la cursiva, mía, destaca la innovación).

Ya me ocupé de este cambio legal, contrario a la duración del mandato de los Magistrados del TC por nueve años, expresamente establecido en la misma Constitución (art. 159.3) y contrario a toda lógica, porque no la tiene venir a argumentar así: “en vista de que nosotros, los diputados, nos retrasamos, a los Magistrados víctimas del retraso les descontaremos de su mandato todo lo que haya durado ese retraso nuestro, diga lo que diga el texto constitucional”. Es como si la mora en el pago le perjudicase al acreedor mermando su crédito. Vean el “post” del jueves 7 de octubre de 2010: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA: “RENOVARLO” PARA REMATARLO (I) DEFINITIVA BURLA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/10/el-tribunal-constitucional-de-espana.html

Aprobaron la absurda reforma pese a una muy intensa y generalizada opinión contraria. ¡Y siguieron retrasándose, hasta hoy mismo! ¡Qué cosas!

La causa principal del prolongado desencuentro parece haber sido —no lo imagino, lo han dicho y se ha publicado muchas veces sin rectificación— la negativa socialista a aceptar la candidatura de López y López. A finales de 2010 fue posible el consenso en el Senado sobre cuatro Magistrados nuevos, porque, como he dicho, el PP, aunque había organizado todo para la designación de López precisamente por el Senado —de hecho, había sido propuesto por todas las asambleas legislativas autonómicas con mayoría del PP—, los “populares” renunciaron a esa vía y alguno de sus dirigentes —en concreto, Trillo-Figueroa, ahora Embajador ante el Rey Unido de la Gran Bretaña— anunció, más o menos formalmente, que situarían a López y López en el TC por el Congreso, una vez solventado a base de tiempo (o sea, de retraso) el problema de los 15 años, porque las cuentas de tiempo en activo arrojaban a los “populares” esa cifra a finales de 2011 (un error, como enseguida veremos). Pero después vinieron las elecciones, la crisis del PSOE antes de la derrota y la crisis post-derrotas. Nadie estaba para negociaciones. El interés por las instituciones se colocaba, sin duda, muy por detrás de la lucha por el poder. Terminadas la batallas, el nuevo Gobierno del Partido Popular anunció solemnemente —primero fue el mismo Rajoy— que se activarían las negociaciones —y así, por supuesto, las instituciones serían normalizadas de inmediato, como requería su capital importancia: ¡qué sarcasmo!— en cuanto el Gobierno y el PP tuviesen un interlocutor, cosa que ocurriría cuando el Congreso del PSOE designase Secretario General.

Con Rubalcaba como nuevo Secretario General del PSOE desde hace unos días, el miércoles 15 de febrero de 2012 está previsto un encuentro entre el Presidente del Gobierno y Rubalcaba en el que abordarán este asuntillo pendiente, junto a otros parecidos (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, etc.).

Un inciso sobre un pequeño detalle: López y López continúa sin cumplir los requisitos del art. 18 LOTC. Porque, además del tiempo en que, como Vocal del CGPJ, no ejerció la función jurisdiccional y no estaba en servicio activo en la Carrera Judicial, ocurre que, antes de ser Vocal, desde el 11 de mayo de 1998 hasta el 3 de julio de 2001, desempeñó el puesto de Letrado del mismo CGPJ. Y para el desempeño de ese puesto, tuvo que dejar la situación administrativa de “servicio activo” en la Carrera Judicial y pasar a la situación de “servicios especiales” (así se disponía ya con toda claridad en el art. 352, letra b, de la LOPJ). Durante esos tres años y pico, tampoco ejerció jurisdicción. Todo esto ya lo expliqué detenidamente en este blog, en la “entrada” del lunes 11 de octubre de 2010: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA: “RENOVARLO” PARA REMATARLO (y II) EL “CAMBIO DE CROMOS” POLÍTICOS (actualización a 14 de octubre de 2010):

http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/10/el-tribunal-constitucional-de-espana_11.html

Respecto de lo que decía en esa “entrada”, sólo varía que hoy no estoy tan seguro como entonces de que el “cambio de cromos” o negociación vaya a poner encima de la mesa, seria y tozudamente, la candidatura del ex-Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aunque tampoco lo puedo descartar. Por supuesto, no tengo la seguridad absoluta de que ahora el PP vaya a mantener la candidatura de Enrique López y López, pero lo considero probable, salvo que adviertan que en este febrero de 2012 (y en los meses siguientes), este Magistrado seguirá sin tener los 15 años de ejercicio en activo de la función jurisdiccional.

Por lo demás, no sé nada de candidaturas al TC ni ése es ahora el tema principal. Este breve “post” pretende, sobre todo, hacer notar que si el PP tenía que esperar al desenlace de la pugna Chacón-Rubalcaba, esa espera era obligada sólo por la “lógica” del denominado “Estado de partidos”, del que tantas veces he escrito aquí. La espera al nuevo Secretario General del PSOE era necesaria únicamente porque el Poder Ejecutivo es el de un partido político y sólo porque los parlamentarios son concebidos y se conciben a sí mismos como representantes, no del pueblo, sino de su partido, pese a que conforme a la Constitución, art. 67.2, no estén sometidos a mandato representativo algo.

Fuera de la lógica del “Estado de partidos”, según la Constitución, es al Congreso de los Diputados a quien corresponde designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. Por tanto, desde que se constituyó el Congreso para la nueva legislatura y se designaron todos sus cargos, estaba abierto el camino para que tres quintos de los Diputados se pusiesen de acuerdo sobre cuatro candidatos al TC. Las negociaciones eran jurídica y fácticamente posibles mediante contactos entre los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

Si unos y otros no lo han entendido así y han considerado “lógico” esperar a ver quién era el jefe del PSOE, estamos ante la “prueba del nueve” de la realidad del “Estado de partidos”: sin el partido al que representan, los Diputados no pueden saber qué hacer: ni un solo portavoz de un solo grupo parlamentario ha dudado de que había que esperar al desenlace de una cuestión de partido. Y las cabezas jurídico-políticas más brillantes del Partido Popular —de las del PSOE no hablo, porque andan recuperándose u ocupadas en otros menesteres— no han caído en la cuenta de que podían comenzar la regeneración democrática planteando las cosas del TC “como está mandao” o, al menos, no pregonando que se van a hacer conforme a la deformación político-constitucional de estos últimos lustros. Si pusiesen mucho más trabajo cerebral en la coherencia de sus planteamientos que en la conveniencia de marcar tantos en el juego de la política menor, por la misma razón —evitar los peligros del “Estado de partidos”; no lo digo yo, lo dijo el TC en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio— por la que se proponen cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el modo de designación de los 12 Vocales judiciales del CGPJ, los dirigentes del PP deberían haber afrontado en sede parlamentaria —no en La Moncloa, entre los jefes de los partidos principales— la muy dilatada renovación del TC. Para eso no había necesidad de ninguna reforma legal. ¡Qué lástima, haber desaprovechado una ocasión tan buena de educar a la ciudadanía en el conocimiento y el respeto a la Constitución!

Actualización, a 15 de febrero de 2012, 19.30 horas: El Presidente del Gobierno y del PP, Sr. Rajoy ha invitado hoy a almorzar en el Palacio de la Moncloa, al Secretario General del PSOE, Sr. Pérez Rubalcaba. Sobre la renovación del TC y de otros órganos y cargos: "se dan de plazo hasta el mes de junio", cuando termina el actual periodo de sesiones parlamentarias. ¿No se quedan Vds. atónitos ante semejante agilidad en un asunto que marcha ya con enorme retraso? ¿No se extrañan de que no hayan aprovechado la ocasión para indicar que alcanzar ese consenso corresponde a los grupos parlamentarios? Pues yo todavía me sigo extrañando, aunque sólo por no acostumbrarme a lo que está requetemal hecho.

SOBRE EL “MATRIMONIO HOMOSEXUAL” Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

2012-02-09T00:07:00.003+01:00

SÓLO UN PAR DE IDEAS, CON LA VENIA DE LA CORRECCIÓN POLÍTICA Y CULTURAL
(post ampliado)

Todo lo que cualquiera vaya a decir sobre el matrimonio tiene detrás (o delante, según se mire: aquí, más bien delante), no ya un caudal amazónico de tinta, sino océanos de literatura de toda clase. Es una consecuencia de la antigüedad del tema, de su grandísima importancia y de la enorme diversidad de grupos sociales, culturales, que pueblan el planeta Tierra. Si, por de pronto, nos ceñimos al llamado mundo occidental u occidentalizado, los océanos pasan a ser mares: algo es algo. Con todo, tiemblo un poco al teclear estas líneas y mi propósito, como anuncio en el título, es bastante limitado.

Parto de la base de no discutir que una pareja de personas del mismo sexo se pueda asociar de forma permanente. Admito que esa asociación pueda ser no sólo estrictamente contractual, en virtud de lo que denominamos “autonomía de la voluntad”, sino que la ley le otorgue un reconocimiento legal típico. La preferencia por que lo reconocido legalmente para parejas del mismo sexo sea denominado “matrimonio” o por que, en cambio, ese término se reserve para las uniones heterosexuales puede entrañar (es decir, llevar dentro) cierta carga de actitudes negativas, pero también cabe que obedezca a motivos que no impliquen desprecio ni menosprecio de ninguna clase para nadie. Dicho con otras palabras: la postura partidaria de denominar “matrimonio” sólo a las uniones de un hombre y una mujer (excluida la poligamia y la poliandria en el antes aludido “mundo civilizado”) no supone necesariamente odio, animadversión, oposición o incomprensión a los homosexuales. Éste es mi caso, aunque aprovecho la ocasión para decir que, socialmente y en la actualidad, me parecen cosas muy distintas la homosexualidad y “lo gay”, que, en sus manifestaciones hasta ahora conocidas, comienza por no gustarme nada, es decir, por desagradarme mucho estéticamente. Y quiero suponer que la “acción gay”, tal como hasta ahora se viene mostrando, puede legítimamente no ser del gusto de todos. Además, esa “acción gay” no se identifica con lo que pueden plantear o pedir grupos más o menos amplios de personas homosexuales.

Esto sentado -que no es poco, dada la tremenda visceralidad que se observa en algunas controversias-, añado -algo a la defensiva, lo sé y no me parece justo, pero la corrección política y social va por donde va y prefiero defenderme a atacar, ser ofendido a ofender- que debería reconocerse generalmente como respetable la preferencia por seguir denominando “matrimonio” sólo al heterosexual, al de personas de distinto sexo. Esta opción que, insisto, objetivamente no ofende a nadie -otra cosa es que algunos consideren ofensas, y muy graves, la expresión de cuanto no coincida con sus criterios- no carece de múltiples fundamentos y sí carece de ingrediente homófobo alguno. Porque no se trata de recortar derechos de los homosexuales, sino de propugnar que, por razones y motivos en los que ahora no voy a entrar (sería muy largo y nos llevaría fuera del limitado propósito de este “post”), el término “matrimonio” siga teniendo el preciso significado que ha tenido durante siglos y que aún tiene en gran número de países, la gran mayoría. La novedad por la novedad -cuando hay novedad verdadera, lo que no es tan frecuente- es una de las mayores tonterías que impregnan nuestro mundo, espectacular en el progreso científico y técnico, pero más bien penoso en lo relativo al progreso de las personas.

Con lo anterior me parece que es suficiente para situarnos en el concreto terreno que indica el título. ¿Qué idea del “matrimonio” recoge la vigente Constitución Española (CE), de 1978? Ése es, me parece, el punto clave de la cuestión de la constitucionalidad del “matrimonio homosexual”. Y sobre ese punto, me permito ofrecer unos datos del texto constitucional que no deberían considerarse insignificantes, es decir, desprovistos de significado, de sentido. A mi parecer, tienen sentido.

Nuestra Constitución es pródiga en el reconocimiento de lo que, a veces con toda razón y buena técnica jurídica, otras veces poco razonablemente, llama “derechos”. Veamos, en repaso de principio a fin, quiénes son los sujetos de esos “derechos”. Primero veo “todos los españoles” (derecho a usar la lengua española: art. 3; derecho de petición individual o colectiva: art. 29.1: derecho al trabajo: art. 35; derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada: art. 47); aparecen también “los españoles” (derecho a la igualdad ante la ley: art. 13; derecho a elegir libremente el lugar de residencia y a circular con igual libertad: art. 19; el derecho de defender a España: art. 30 ); aparecen “todos” (derecho a la vida y a la integridad física y moral: art. 15; los derechos procesales del art. 24.2; derecho a la educación: art. 27; derecho a sindicarse libremente: art. 28.1; “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”: art. 45.1); se habla de “los individuos y las comunidades” (a propósito de la libertad ideológica, religiosa y de culto: art. 16). Habla también la CE de “toda persona” (derecho a la libertad y a la seguridad y a ser informada de sus derechos y de las causas de su detención) o de “todas las personas” (derecho a la tutela judicial: art. 24.1). Muchas veces, la Constitución utiliza el impersonal “se” como en el art. 18: “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas”; en el art. 20, sobre las llamadas libertades ideológicas (de opinión, expresión, etc.), en los art. 21 y 22, derecho de reunión y de asociación: derecho a la propiedad y a la herencia: art. 33; derecho de fundación: art. 34; derecho a la protección de la salud: art. 43.1. En estos casos del "se", el destinatario de la garantía, constitutiva de un derecho, son “todos”. Por último, el sujeto de los derechos pueden ser “los ciudadanos” (derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos: art. 23).

Así las cosas, a mí me parece muy significativo que la Constitución Española vigente NO afirme que “todos los españoles”. “los españoles”, “todos”, “toda persona”, “todas las personas” o “los ciudadanos” tienen derecho a contraer matrimonio. Me parece significativo que tampoco diga “se garantiza el derecho a contraer matrimonio”. Considero significativo y relevante que lo que dice el art. 32.1 CE sea precisamente esto: “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.”

De los derechos constitucionales citados, muchos pueden ser ejercitados por un solo individuo, porque uno solo se encuentra comprendido en “todos los españoles”, “los españoles”, “todos”, “toda persona”, “todas las personas” o “los ciudadanos”. No obstante, algunos derechos requieren, por su mismo contenido, el concurso de otros sujetos: nadie, por sí solo, se asocia o se reúne, como no sea metafóricamente. Me parece que la Constitución no sitúa a esos frecuentes sujetos de los derechos como sujetos del derecho a casarse por la simplicísima razón de que nadie tiene, por sí solo, el poder jurídico (y eso es lo que es un verdadero derecho) de casarse. Por un lado, nadie puede exigir verse casado ni puede exigir a nadie (a otros individuos, al Estado o al Municipio) que se case, hasta el punto de que nuestro Derecho niega expresamente ese poder a quienes, sin embargo, han contraído esponsables o promesa de matrimonio (art. 42 del Código Civil). Pero, por otro lado, la Constitución podía haber dicho “todos”, como respecto del derecho a sindicarse, que, sin embargo, requiere unirse a un sindicato preexistente o fundarlo con otros o podía, como en tantos otras normas -las hemos visto aquí-, haber recurrido al impersonal: “se garantiza el derecho a contraer matrimonio”. Pero no: lo que dice la CE es que son “el hombre y la mujer” quienes “tienen derecho a contraer matrimonio”. Y a mí me parece que esa expresa dualidad significa que la idea constitucional de matrimonio es la del matrimonio entre dos personas de distinto sexo. La inmediata referencia a la “plena igualdad jurídica” se entiende así perfectamente. De lo contrario (es decir, si la Constitución estuviese previendo y aceptando como matrimonio la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con otra, esa referencia a la "plena igualdad jurídica" no tendría sentido).

Cabe -¡faltaría más!- leer el texto del art. 32.1 CE y sostener acto seguido que en él se afirma que el hombre tiene derecho a casarse y que la mujer tiene también ese derecho, se casen con quien se casen: con otro hombre, con otra mujer o, cualquiera día de éstos, con una mascota, con un robot, con un avatar o con una cabra (aunque, ¿tendría sentido, de leerse así la Constitución, la referencia en el art. 32.1 CE a la “plena igualdad jurídica?). Ya sería curioso que, leído así el art. 32.1 CE, el tema del matrimonio fuese el único en que la Constitución no utiliza el masculino plural como plural de género y el único que distingue expresamente a las personas por su género: hombres y a mujeres: en ningún precepto de la CE dice “todos y todas”, “todos los ciudadanos y todas las ciudadanas”, “los españoles y las españolas” y menos aún “todos los hombres y todas las mujeres”, etc.

Pero, por encima de lo anterior, ocurre que yo no afirmo que la letra misma de la Constitución se alce como un obstáculo infranqueable para el denominado “matrimonio homosexual”. Porque no se trata de si existe o no, por la sola letra de la Norma Fundamental, un tal obstáculo. Un precepto jurídico-positivo -legal o constitucional- no es su letra, sino lo que su letra significa (ésta no es una opinión personalísima mía: es lo que afirma nuestro Derecho en el Título Preliminar del Código Civil: art. 3.1). De lo que se trata, pues, es de lo que significa el art. 32 CE según criterios interpretativos razonables, de a qué institución, con qué características, está refiriéndose ese texto constitucional. Y la dualidad de sexos está explicitada en ese texto, cuando tratándose de derechos importantes, la Constitución, como hemos repasado, se expresa con términos generales al referirse a los sujetos de esos derechos. La mención del “hombre y la mujer” y la referencia a la igualdad (del hombre y la mujer), quieren decir que la Constitución acoge con claridad la idea tradicional del matrimonio.

Tradicional acabo de decir, sí, pero no nefasta. Hemos llegado a un punto tal de irracionalidad voluntarista en la corrección política y cultural, que resulta necesario “aclarar” que no todo lo tradicional es nefasto y deleznable. La cocina tradicional y la tradicional hospitalidad no lo son, como es tradicional y nada nefasto que los padres quieran a sus hijos con palabras y obras, que ayudemos a quien lo necesita, que seamos amables en el trato, que cuidemos a los ancianos y a los enfermos, que no sigamos nuestro camino ante alguien que vemos caído, etc. El etcétera de estupendas tradiciones es interminable. Precisamente por eso han llegado a formarse muchas tradiciones, porque cosas buenas se han ido conservando hasta hoy por sucesivas entregas (tradición viene del latín tradire: entregar) de una generación a la siguiente. ¿Acaso la modernidad de ciertos productos financieros es mejor que el contundente rechazo tradicional a la usura y al engaño? ¿Son las enfermedades modernas mucho mejores, más soportables, que las tradicionales?

Por todo lo anterior, me negué en redondo, hace tiempo, a firmar un manifiesto pidiendo una reforma constitucional en España para que la Constitución excluyese el mal llamado “matrimonio homosexual”. Pensaba y pienso que la Constitución española es suficientemente clara al considerar que el matrimonio requiere el consorcio entre un hombre y una mujer.

Por lo demás, cada hombre y cada mujer que se casan o tienen la intención de hacerlo con una persona del otro sexo, ¿no pueden pensar, sin ser molestados o tildados de retrógrados, que su unión merece el nombre de siempre, distinto del de las uniones entre personas del mismo sexo? A mí me parece que ese deseo de diferenciación -porque las diferencias reales son grandes e innegables- (¡atención! sobre esto me explico en el segundo comentario a este post!) es perfectamente legítimo, como considero del todo razonable, complementariamente, que lo nuevo y lo especial se regule en una norma nueva y especial. Esto es lo que sucede en Francia, sin ir muy lejos, con los PACS (Pacte Civile de Solidarité), a que me refería en el “post” anterior. La regulación de la institución matrimonial, limitada a la unión de hombre y mujer, no se enmaraña con excesivas distinciones y enlaza mejor con otros conjuntos normativos bien asentados. Tiene grandes ventajas no liar más los delicados asuntos de las relaciones entre hombre y mujer y entre homosexuales, evitando asimilándolas con el mismo nombre cuando son muy distintas. Es mejor, me parece, mantener o restablecer la claridad y la precisión y estabilidad de los conceptos. Porque, al calor de la batalla por la amplitud o la precisión de la, llamémosla así, “marca matrimonio”, batalla alimentada por el empecinamiento en que lo que es distinto sea igual y tenga el mismo nombre (no hay pelea por reconocer a los miembros de las parejas homosexuales razonables derechos), están surgiendo disparates mayúsculos, como el presunto derecho a ser padres, que, según algunos, tendríamos “todos los españoles”, “los españoles”, “todos”, “toda persona”, “todas las personas” o “los ciudadanos”. O el presunto derecho a tener hijos, que correspondería, dicen, a “todos los españoles”. “los españoles”, “todos”, “toda persona”, “todas las personas” o “los ciudadanos”. Pues no: no existen esos derechos porque no pueden existir: nadie tiene el poder jurídico de ser padre (o madre), porque siendo la paternidad (o la maternidad) algo imposible para el individuo solo, tampoco puede exigirla de nadie. Del mismo modo nadie tiene el poder jurídico de tener hijos, que no es equiparable a poder comprar un simpático perrillo que nos alegre la vida (naturalmente, es físicamente posible para algunos, con más o menos facilidad, comprar niños que hagan de hijos, pero no se trata de un poder jurídico, porque al Derecho le repugna esa posible compra).

Todo lo anterior ha sido escrito porque no había explicitado nunca mi interpretación del art. 32.1 CE, porque el tema está de actualidad y porque he pensado que, para variar, no estaría de más que se leyese algo distinto de lo habitual. Tengo suficiente conocimiento de la realidad como para no pretender el más pequeño aleccionamiento al Tribunal Constitucional ni menos aún formular un "pronóstico", como el que ha formulado Alberto Ruiz Gallardón hace unos días. No seré yo quien niegue la importancia de las sentencias del TC, pero tampoco quien piense que son siempre decisivas en el curso de la historia. Nunca he sido judicialista y siempre he dicho que las cosas son lo que son y no lo que los jueces dicen que son, aunque, para nuestra convivencia, sean necesarios los pronunciamientos judiciales. Ahora tenemos legalmente el llamado "matrimonio homosexual" y, en mi opinión, diga lo que diga el TC, ese "matrimonio" será siempre distinto -como modelo, como institución- del que contraen un hombre y una mujer. Acabo de escribir "distinto" (no me hagan decir otra cosa). Distinto, porque el hombre y la mujer, en mi opinión (que tiene algún fundamento, incluso morfológico y genético), son distintos. Voilà.

Y es que andaba yo escribiendo este “post” cuando aparece de nuevo en escena Alberto Ruiz Gallardón para seguir, ante todo, el ejemplo de su predecesor, el Sr. Caamaño, y opinar públicamente sobre un asunto sub iudice constitucional, cosa poco aconsejable siendo Ministro y más aún de Justicia. Pero, tras afirmar que no ve causa de inconstitucionalidad en lo del “matrimonio homosexual”, aclara magnánimamente que «en el partido estaremos a disposición del Tribunal Constitucional, que será el que nos marque la pauta legislativa». Y ha añadido que «en el Gobierno no estamos propugnando cosas distintas de aquello que ya ha estado vigente en España durante muchos años».

Aunque a los lectores de este blog les pueda parecer lo contario, no le tengo ninguna manía al Ministro Ruiz Gallardón. Lo que verdaderamente tengo yo por Alberto Ruiz Gallardón, desde hace mucho tiempo, es la consideración de que se trata de persona con muy buena cabeza. Pero Ruiz Gallardón, desde que es Ministro, nos obsequia casi diariamente con una alta dosis de sofismas. Sofisma es que el partido (supongo, claro, que se refiere al PP) esté a la espera de pautas del TC: el PP recurrió al TC en razón de las pautas del PP (que desconozco en concreto porque no he leído el recurso) y, simplemente, está por ver si el TC acoge como conformes a la Constitución los argumentos del PP. Si el TC entendiese que ese muy mal llamado “matrimonio homosexual” (el matrimonio no es homosexual) no contradice la Constitución, nada le impediría constitucionalmente al PP cambiar de modelo matrimonial, devolviéndonos al que, por lo dicho, pienso que es el modelo de la Constitución. Porque si, a juicio del TC, el cosidetto “matrimonio homosexual” tuviese cabida en la CE, eso no significaría que un cambio legislativo coherente con el recurso pendiente fuese inconstitucional.

Ahora bien: si el PP tenía una idea cuando votó en contra de la Ley 13/2005, de 1 de julio, del “matrimonio homosexual” y cuando recurrió esa Ley ante el TC, pero ahora (ya en el poder) tiene una idea distinta, es decir, la idea de Ruiz Gallardón, lo lógico, como han pedido de inmediato varias voces, sería retirar el recurso de inconstitucionalidad, lo que, técnicamente, se llama desistir del recurso. Y si no desisten, lo lógico es que lo apoyen. Lo que carece de lógica y de coherencia es mantener el recurso y enviar recados públicos al TC en los que se viene a decir que los recurrentes no creen en sus propios argumentos. Sí, ya sé lo que pasa: que hay división de opiniones dentro del PP. O que dicen que no tienen opinión. Pero las opiniones públicas no deberían ser contrarias a las actuaciones oficiales y es muy difícil -en realidad, imposible- oponerse a una ley, decidir recurrir al TC y fundamentar el recurso si se carece de opinión. Otra cosa es que se cambie de opinión o que aflore la opinión antes oculta. Estas observaciones no proceden de que me extrañe lo que estoy viendo o de que me decepcione. Ya saben los lectores de este "blog" cuál es mi criterio sobre la clase política (en cuyo seno siempre hay honrosas y meritorias excepciones individuales), incluido el PP. Se deben sólo a la conveniencia de mantener el sentido común propio y de procurar ayudar a otros a mantener la capacidad personal de análisis, mediante una adecuada gimnasia de raciocinio lógico. Si no pretendo influir en el TC, menos aún en el PP. Me importa bien poco -mejor, nada- lo que decidan hacer en el PP en esta materia.

Por último, también es un sofisma del Ministro de Justicia eso de que el Gobierno no propugna sino lo que ya ha estado vigente aquí durante muchos años. Refiérase Ruiz Gallardón a lo que se refiera, esa afirmación es una sofistería sorprendentemente tonta en una persona tan lista como él. Primero, porque son unos cuantos millones de españoles los que desean que se propugnen y se hagan por el nuevo Gobierno cosas distintas de las que han estado “vigentes” durante muchos años. Segundo, porque este “argumento” sería contrario a cambiar el modo de designar el CGPJ, puesto que el modo actual lleva vigente 27 años y, al fin y al cabo y a trancas y barrancas, el TC dio el “placet” a lo que se ha dicho que se cambiará. En cambio, el “argumento” de los años de vigencia resultaría decisivo para tratar fuera del matrimonio las uniones de parejas homosexuales. La idea y las normas del matrimonio como singularísima unión entre hombre y mujer o mujer y hombre, eso sí que lleva vigente muchos años.

Y no, no tengo manía a Ruiz Gallardón. Más bien es él quien tiene manías, la de los sofismas y la de ser un verso suelto, el verso “progre”. Sobre lo progre, algo digo en el recopilatorio sobre el aborto, que he puesto en página especial de este "blog". Pero si a mí me parecían chocantes las ocurrencias de Dña. Leire Pajín y aquí comentaba algunas, no veo por qué callarme con Ruiz Gallardón. Ni este hombre llega a ser Solón o Savigny ni el Tribunal Constitucional español es la reencarnación de los Siete Sabios de Grecia. Además, yo soy, desde luego, un verso suelto, muy suelto, verso libre. Y muy partidario del progreso.

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PS. Cuando voy ya a colgar este “post”, leo que Ruiz Gallardón -vuelta la burra al trigo- ha afirmado en el Congreso de los Diputados que lo que sucede es que el recurso ya no se puede retirar, puesto que no es del Gobierno, sino del Grupo Parlamentario anterior. Se equivoca de nuevo Ruiz Gallardón. El recurso no es -no puede ser- de un grupo parlamentario, sino de un conjunto de Diputados o de Senadores, que han de ser al menos 50. En este punto, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría sí afinó y acertó: ella no habló de “Grupo Parlamentario”, sino de "Diputados". Pero, ya que estamos, añadiré algo que no aparece en los “medios”. Los 50 o más Diputados o Senadores actúan representados por un comisionado. He podido averiguar que, en el caso que nos ocupa, fueron 72 los Diputados que recurrieron, representados por el comisionado D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. Ha habido casos en que recursos de Diputados se presentaban con un poder que incluía expresamente el desistimiento, pero no sé -ni me interesa- cómo era el poder suscrito en su momento por los Diputados del Grupo Popular. Si hubiese incluido la facultad de desistir, para retirar el recurso bastaría un escrito de desistimiento del Sr. Astarloa.

“GLOBOS SONDA”, DEBATES CONFUSOS Y EL “COLAPSO DE LOS JUZGADOS”

2012-02-03T12:34:00.002+01:00

A PROPÓSITO DE MATRIMONIOS CIVILES Y “DIVORCIOS EXPRESS” ANTE LOS NOTARIOS

Si se cree que el matrimonio es un sacramento, no por eso deja de requerir un contrato y el sacerdote es sólo un testigo cualificado, especialmente apto para dar fe, ante la Iglesia, del matrimonio, del que la misma Iglesia católica enseña que son “ministros” los mismos contrayentes o, dicho de otro modo, que lo hacen ellos y no el cura. Todos los matrimonios son protagonizados por los que se casan. Así que, en los matrimonios civiles, tanto da que el testigo sea un alcalde o concejal como un notario. Más aún: es específico de los notarios dar fe de lo que presencian, lo que no constituye la ocupación principal ni típica de los alcaldes, concejales o capitanes de barco. Luego, los matrimonios se pueden festejar –que no celebrar o hacer- nada, poco o mucho, por decisión de sus protagonistas, sean matrimonios católicos, de otros cultos o civiles. Hay parejas que se casan en una capilla lateral, con muy pocos invitados, como las hay que, tras pasar por el Ayuntamiento, festejan después el acontecimiento con pocos o numerosos invitados, de muchas formas distintas y ni qué decir tiene que con muy pocos, bastantes o muchos gastos. De manera que la cuestión del testigo del matrimonio puede y debe resolverse con independencia de la del festejo social y sus gastos, debate desatado enseguida tras el último “globo sonda”.

Y es que parece que el método legislativo actual incluye, ante todo, el “globo sonda” socio-mediático, a base de “filtraciones” y lo que se lanza a la opinión pública no es un borrador de regulación ni nada parecido, sino una idea simple y suficientemente llamativa, que frecuentemente debe conectar con un conjunto de normas: los “cabos sueltos” del “globo sonda”. El debate social difícilmente identifica bien el “globo”, sino que fácilmente se enmaraña con los “cabos sueltos”. Y así, se piensa enseguida, por ejemplo, que quedaría muy poco lucido el matrimonio celebrado en el despacho de la notaría como si se fuese a firmar un préstamo hipotecario.

Se mezclan asuntos diversos. No se me ocurre más que una cuestión perfectamente planteable respecto del mero acto de celebración de un matrimonio civil: el coste de ese acto, ¿sería mayor o menor ante Notario que ante un concejal? Pero esta pregunta no puede tener aún ninguna respuesta, porque la intervención notarial en la celebración de matrimonios no está prevista en sus aranceles y la provisión de fondos para gestiones complementarias es imposible de calcular.

Lo mismo que dar fe del casamiento (separable del festejo), podrían también los notarios dar fe de decisiones unilaterales de separación o divorcio que, por sí solas, tuviesen legalmente previstos unos efectos determinados, una vez inscritos los hechos relevantes en el Registro. Y, por supuesto, ante Notario se pueden ya hacer constar acuerdos sobre cuestiones económicas que dependan de la voluntad de quienes se casan o de quienes se separan o se divorcian. Mucho más dudoso -por decirlo suavemente- resultaría que la custodia de los hijos menores y visitas, etc., dependiese sin más ni más de lo que acuerden los consortes, solos o ante Notario. Y también sería muy discutible -otro eufemismo- que se atribuyese a los Notarios tener en cuenta, respecto de los menores, cuál es su voluntad y preferencia, para decidir después lo que sea más conveniente para los chicos. Eso, ahora, nada tiene que ver con la celebración del matrimonio ante una autoridad municipal, que, por supuesto, carece de competencia, atribuida a los Juzgados de Familia o, en ciertos casos, a los de Violencia contra la mujer (por disposición legal que debería revisarse, como casi todo lo relativo a esos Juzgados especialísimos).

Una primera conclusión es no mezclar un posible cambio circunscrito a la celebración de los matrimonios o uniones como los PACS franceses (Pacte Civile de Solidarité) con las vicisitudes posteriores, que no dependen de uno solo de los contrayentes, sino que suponen una controversia entre ellos, así como las que afecten a hijos menores, en las que el bien del menor es lo que se debe buscar y para lo que no es suficiente siquiera el acuerdo de los mayores de quienes los menores venían dependiendo, por lo que resulta oportuna la intervención decisiva de una autoridad ajena e imparcial (acierte ésta más o menos). Esa autoridad son ahora los jueces. Y deben seguir siéndolo, sin duda alguna.

No veo a los notarios -y seguramente ellos tampoco se ven- resolviendo los asuntos litigiosos matrimoniales o de familia. Si las controversias en estos asuntos –atribuidas a los jueces en todos los países que conozco- se quisiesen administrativizar y convertir en asuntos de la denominada “jurisdicción voluntaria”, confiados a no jueces, se cometería, a mi parecer, un tremendo error en distintos planos. Y, conforme a nuestra Constitución (CE), ninguno de los litigantes podría carecer de tutela judicial, antes o después (art. 24.1 CE), es decir, que los tribunales de justicia no pueden -ni deben- ser excluidos.

No son estas aclaraciones tan elementales, aunque quizá resulten útiles, lo que me mueve principalmente a escribir hoy sobre el último “globo sonda”, sino, sobre todo, que el “globo” se haya lanzado a la opinión pública en relación con al “colapso de los Juzgados”, con la carga de trabajo que pesa sobre los órganos jurisdiccionales españoles. Porque es ridículo pensar que los asuntos matrimoniales y de familia son decisivos en el célebre “colapso”, cuando no representan siquiera un 10% de los asuntos ingresados en la jurisdicción civil durante el último año del que se tienen cifras: de los 1.984.098 asuntos civiles que entraron en los tribunales en el 2010, en este mismo año los nuevos asuntos familiares y matrimoniales sumaban 156.831, muchos de ellos nunca asumibles por los notarios (para empezar, los 19.139 que correspondieron a Juzgados de Violencia contra la mujer). La invocación del “colapso”, con el añadido recalcitrante -porque ya hemos demostrado que es falso- de seguir hablando del aumento de la litigiosidad, que no hace sino disminuir desde 2008 (lo saben en los Juzgados y en los despachos de abogados, sean grandísimos, medianos o unipersonales), está sirviendo lo mismo para un roto que para un descosido. En los Juzgados de Familia, lo que da más trabajo es lo que nunca podrían hacer ni alcaldes ni notarios: las controversias posteriores al matrimonio, a la separación o al divorcio (lo que en la jerga forense llaman "ejecución").

Aunque en la reciente Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE de 22 de julio), el art. 58.1 establece expresamente que "la celebración del matrimonio en forma civil corresponde a los Alcaldes o a los Concejales en quienes aquellos deleguen" (ley muy desafortunada por muchos motivos, que el PP contribuyó a aprobar), no seré yo quien se oponga a que, meses después, se disponga que los Notarios quiten ese trabajo a los ediles en el sentido que he tratado de precisar, por más que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no haya pedido socorro ante un “colapso” de las administraciones municipales a causa de los casorios. Los Notarios -lo sabe media España- están en una situación muy apurada a causa de la crisis económica. De manera que me parece bien que la situación se les alivie con un razonable trabajo adicional a costes asequibles. Pero de ahí a pensar que la asunción de esta función en el ámbito matrimonial va a ser relevante para arreglar nuestra Justicia -o para recuperar a las notarías- media la distancia inconmensurable que habría mediado entre el hundimiento del Titanic y su reparación a flote y posterior navegación hasta el puerto más próximo. Los notarios pueden lograr quizá algo semejante a la salvación de unos cuantos pasajeros más del Titanic, como una docena adicional de botes neumáticos que hubiesen estado disponibles, tras chocar con el iceberg.

Ahora mismo, nuestra Justicia no se está yendo a pique como el Titanic, pero tiene averías y hasta vías de agua bastante preocupantes, aunque no tan tremendas como la causada en el Costa Concordia por el criminal payaso Schettino, un idiota, vanidoso y creído, navegante inepto y promocionado incomprensiblemente para mandar tamaño barco, cuando no se le podría confiar ni el barquito del estanque del Parque del Retiro (¿se investigará quiénes, cómo y por qué pusieron en el puente a ese patético cobardón, inútil y mentiroso?) (Y, ¡cuidado todos!, que aunque haya pocos barcos como el Costa Concordia, abundan los “capitanes” como Schettino en todos los mares, también en los judiciales).

Puestos a confiar asuntos a los notarios y ya que otros han sacado el tema, se me ocurre que en la anunciada Ley de Mediación bien podría reconocerse a los notarios -no hablo ya de sus Colegios, sino de cada uno de los notarios- un importante papel (aunque, desde luego, no exclusivo) como mediadores en controversias civiles y mercantiles. Se aprovecharían así las cualidades humanas y los conocimientos jurídicos de los notarios. Y cuando se llegase a un acuerdo, éste, en muchos casos, sería un título ejecutivo aceptable gracias a la fe pública notarial.

Pero a lo que voy principalmente con este “post” es a que el “colapso” actual en la Justicia es por caos, por un desorden excepcional en la Justicia, mucho más que por número de asuntos. No digo que los Jueces y Magistrados (y, sobre todo, los Jueces) no estén sobrecargados. Lo que digo es que el desorden interno es un factor mucho más influyente, el más influyente. El desorden era menor cuando el número de asuntos que llegaban a los Juzgados, a las Audiencias y a los Tribunales, en verdad no dejaba de aumentar. Con esto no pretendo atacar el modelo de Nueva Oficina Judicial (NOJ), sobre el que ya he dicho lo que tenía que decir y es asunto que me aburre. Lo de los modelos se lo dejo a los teóricos del modelismo social, a los diseñadores y tutores de cursos sobre la NOJ, a los confeccionadores de protocolos, a los animadores externalizados de gestores y tramitadores, a los diseñadores de aplicaciones informáticas judiciales y, en definitiva, por supuesto, al dinámico dúo Ministerio-Consejo General del Poder Judicial (por cierto, he comprobado, desde ordenadores y con “servidores” muy diferentes, que al entrar en la web del CGPJ es muy frecuente que internet se cuelgue).

Ya lo he dicho en el “post” anterior: no tengo ninguna pretensión de que las cosas de la Justicia en España vayan por aquí o por allá. Si digo que el “colapso” es por caos interno en los Juzgados y Tribunales (sobre todo en los Juzgados) carezco de segunda intención. Sólo tengo una primera intención, que es decir lo que me consta que ocurre cuando veo que se está engañando a los ciudadanos y pienso que si me quedara quieto, callado o ágrafo, parecería que estoy conforme con las mentiras y los engaños, que los doy por buenos o justificados. Y lo que ocurre en la realidad, aunque contraríe a quienes se involucraron e ilusionaron mucho con el modelo teórico que se presentaba como la solución, es que tenemos un gran desorden en la base orgánica de la Justicia. Ése es el “colapso de los Juzgados”. Eso es lo que habría que afrontar, en vez de culpar a los justiciables, a los litigantes, acusándoles de los nuevos pecados mortales: litigar demasiado, abusar de la segunda instancia. Pero no, la clave es reducir los plazos a los litigantes (a sus Abogados) y hacer más cara o menos segura la Justicia. Y todo, paradójicamente, en nombre del “servicio público de la Justicia”. No, así la Administración de Justicia no serviría mejor a quienes la necesitan, sino a los propósitos de quienes, fuera de ella y sin protagonizarla de ningún modo, viven de ella. Me parece demasiada distorsión, con excesivo engaño, para quedarme callado. Si me equivoco, lo que es posible, que no sea por el silencio.

UN DISCURSO PARA EL ÉXITO POLÍTICO PERSONAL Y, EN EL FONDO, “MÁS DE LO MISMO”, O PEOR, PARA LA JUSTICIA

2012-01-28T21:26:00.003+01:00

RUIZ GALLARDÓN, MESIÁNICO, ABRAZA A GORGIAS, EL SOFISTA, Y RECHAZA A ARISTÓTELES, EL REALISTA
(actualizado a 29 de enero de 2012)

El día 25 de enero de 2012, el nuevo Ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, presentó en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados un amplio plan de reformas y medidas relativas a la Justicia, junto a otras de distinta naturaleza, de las que no voy a ocuparme aquí.

El Ministerio de Justicia distribuyó de inmediato una extensa nota de prensa, que bastantes medios colgaron de sus páginas como texto íntegro del discurso de Ruiz Gallardón, pero que estaba muy lejos de proporcionar una idea precisa de ese discurso. Les dejo este enlace a la web del Ministerio con la viva recomendación de que lean el discurso, que no resulta tedioso, es muy interesante y no demasiado largo:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288776253703/Detalle.html

Por si cambia la web del Ministerio, dejo este otro enlace, que no cambiará fácilmente:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/CO_025.PDF#page=2

De entre todo lo anunciado, se destacó por los “medios” y aún genera numerosos comentarios, dada su importancia constitucional y política, la vuelta a la designación por los Jueces y Magistrados en activo de los 12 Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deben ser Jueces y Magistrados “de todas las categorías judiciales” (art. 122.3 CE). Este anuncio de cambio sólo puede merecer una opinión positiva por mi parte, aunque nunca he pensado, y tampoco pienso ahora, que con la vuelta a la “lectura” inicial de art. 122.3 de la Constitución se vaya a transfigurar de inmediato nuestra maltrecha Justicia en una Justicia resplandeciente.

Que este cambio sea más o menos efectivo para comenzar a regenerar la Justicia, liberándola de impregnaciones político-partidistas, depende en buena medida de que el sistema electoral nuevo de los 12 Vocales judiciales no privilegie el corporativismo y no disuada o dificulte candidaturas independientes. No se trata de maltratar a las asociaciones profesionales, pero sí de no considerarlas protagonistas casi exclusivas. Y por supuesto, el inicio de la regeneración dependerá, como siempre, del “factor humano”.

Pero voy ya, tras esos antecedentes, a lo que me importa hoy: un análisis y valoración general, por si sirve de orientación a los lectores de este "blog", del discurso de Alberto Ruiz Gallardón, como un hito histórico innegable: el comienzo de un nuevo Gobierno y un nuevo Ministro.

El discurso, formalmente brillante, mezcla, con eficacia retórica, la exposición de fenómenos negativos innegables, unos cuantos análisis críticos y algunos propósitos muy generales y por eso poco discutibles, de un lado y, de otro, la formulación de auténticas apuestas por opciones de política legislativa que, a mi parecer, hoy carecen de fundamento empírico y, por supuesto, teórico. Estas apuestas son lo que importa. Y veo, ante todo, que al expresar esas apuestas el orador incurre en el frecuentísimo error lógico de creer -porque de auténtica creencia se trata- que el mal funcionamiento de lo que hay o los pretéritos errores de diseño garantizan el acierto del diseño propio y de la personal ocurrencia de cambio. Hablo de error lógico -y a la lógica metafísica me refiero- porque no otra cosa es este "argumento": “como todo está muy mal y estoy describiendo muy expresivamente lo mal que está todo, lo que yo propongo es lo certero, lo factible, lo bueno, el bien.” Otro gran error lógico -convertido en instrumento de una retórica lamentablemente cotidiana- es éste: “como lo que me propongo lograr es bueno, lo es también el plan para lograrlo; más aún: no es que sea bueno el plan, sino que es el mejor”.

El discurso de Ruiz Gallardón revela sus cualidades y su ambición política, que no es en sí misma ilegítima y censurable, sino más bien lo contrario. Pero me parece esas cualidades no son, por sí solas, ni suficientes ni las más adecuadas para lo que dice querer el Ministro y para lo que debería querer en razón de su cargo: una reforma seria y viable de la Justicia española o, de no ser posible, un mejoramiento importante de su estado, muy preocupante. En el discurso del 25 de enero de 2012, se ve que a sus sobresalientes cualidades personales, Ruiz Gallardón no añade (o le ha fallado en ese trance) la prudencia, elemento clave del acierto de cualquier acción humana. Vale la pena detenerse un poco en la prudencia, tan mal comprendida.

La prudencia es el trascendental hábito de trazar buenos puentes entre lo intelectual y lo agible, entre la cabeza, la voluntad y la acción. Mucha gente identifica prudencia con poquedad de ánimo, con vacilación, con inacción, incluso con miedo. Llaman prudentes a los timoratos. Llaman prudentes a los indecisos y a los que eluden los problemas y sistemáticamente se inclinan a la dilación y a la pasividad. No pueden estar más equivocados. La prudencia, el hábito de saber transitar certeramente desde el pensamiento y el conocimiento a la acción, aconseja o impera, muchas veces, adoptar decisiones sin demora, actuar magnánimamente, iniciar empresas arduas. Pero la prudencia requiere, como presupuesto previo, un conocimiento lo más completo y contrastado posible de las realidades que han de ser tomadas en cuenta para adoptar decisiones y actuar. Y en el discurso de Ruiz Gallardón se nota mucho la falta de un conocimiento adecuado y proporcional sobre lo que es objeto de la notable pieza oratoria. Con ciertos recursos retóricos, ya más que bimilenarios, cuatro datos llamativos pueden ser vistos y presentados como muestras de sobrado conocimiento por quienes no conocen aquello que el orador afirma describir. Y también por insuficiente conocimiento, puede pasar desapercibida la gran pirueta ejecutada para eludir la distancia que media entre la veracidad en la descripción de síntomas y el acierto en el diagnóstico y en el tratamiento, uno y otro tanto más difíciles siempre, cuanto más numerosas y más graves sean las diversas dolencias. Pero si se sabe algo sobre la realidad de la Justicia y se pone atención en la lectura del discurso, se advierte que el diagnóstico ministerial son meras palabras sin real significado sobre las causas de los síntomas. Algo así como cuando, ante una persona con fiebre, el médico se limita a diagnosticar “distermia”.

Los buenos médicos, ante un paciente con numerosos y variados síntomas morbosos, se proponen, para empezar, descubrirlos todos. Pero después han de responder al interrogante sobre sus causas, sin olvidar nunca las interrelaciones. Mientras no se conocen las causas, hay una labor pendiente y, en tanto se prosigue en ella, se aplican tratamientos que se reconocen abiertamente como sólo sintomáticos. Entre la muy mala situación de un paciente y su completa curación con estado de buena salud hay muchos estadios intermedios y, salvo casos especialísimos, no cabe la completa inactividad hasta que se piense que se ha dado con la causa de todos los males del enfermo. No es sólo que en muchos casos no se trata de una sola causa, sino de varias, sino que el paciente es llamado así porque padece, porque sufre y hay que procurar que sufra menos y que mejore en cuantos aspectos sea posible.

Pues bien, en el discurso de Ruiz Gallardón hay, ya lo he dicho, una expresiva descripción de algunos síntomas, pero el diagnóstico lisa y llanamente no existe, porque no se conocen las causas de los síntomas. En general, el desconocimiento inicial de las causas de unos síntomas nada tiene de reprochable siempre que se reconozca y se siga investigando. El buen médico escribe, ante el paciente febril, “distermia idiopática” (es decir, sin causa conocida), receta un antipirético y procura averiguar la causa de la fiebre. Pero el discurso de Ruiz Gallardón no trasluce una actitud elemental y coherente con la sinceridad de la preocupación ante un organismo muy enfermo. Me refiero a la actitud que lleva a formular y a formularse una sencilla pregunta: ¿por qué? La Justicia es un organismo complejo que aún funciona, aunque con fallos preocupantes (no mayores, sin embargo, que los de las Administraciones Públicas y otros órganos del Estado: hay que decirlo muy claro). Habría que preguntarse, entonces, ¿por qué este fallo y aquel y aquel otro?

En el territorio de la Justicia, los “por qués” son siempre históricos, es decir, sucesos o elementos dados en el tiempo. Un proceso de raciocinio decente y sano exige, tras establecer lo que ocurre ahora que no está bien, preguntarse qué ha ocurrido antes que pueda haber conducido a los males actuales. En la salud humana influyen elementos involuntarios, porque cada uno de los órganos, los grandes, los medianos y los pequeños, por no hablar de células, proteínas, neuronas, cromosomas, etc., evolucionan muchas veces sin relación con lo que hace u omite el ser humano de que se trate. Pero en la Justicia no se dan esos factores ni esos procesos absolutamente independientes de los comportamientos humanos. Lo que ocurre ahora en la Justicia obedece a lo que, antes, muchas personas han hecho (con todas las característas de sus acciones y en las circunstancias concomitantes) o han omitido (con todas las circunstancias que rodean las omisiones).

Uno de los pasajes más efectistas del discurso de Ruiz Gallardón es aquel en que, aun con el error de equiparar normas positivas muy desiguales, expone el gran número de reformas sufridas (¿no es curioso que siempre se utilice el verbo sufrir?), en poco tiempo, por leyes sobre la Justicia. Lo racional sería preguntarse si, por poner un ejemplo, se hizo algo mal al regular esto en 1985 para que hubiese que reformarlo dos años después y en qué falló al legislador en 2009 para legislar de nuevo en 2011. Quizá algunas leyes obedecían a la necesidad de afrontar una realidad nueva, pero un río de reformas legales como el expuesto por Ruiz Gallardón supone que bastantes leyes fueron desacertadas y que los errores no se enmendaron con las leyes sucesivas, sino que más bien se agravaron y empeoraron el estado general de la Justicia, sin descartar efectos colaterales que hubieran podido preverse y no se previeron. Sería lógico y necesario, antes que nada, determinar por qué la Justicia enferma, tras la albarda sobre albarda de muchos amontonados cambios legales, no sólo no mejoró, sino que sufrió nuevos dolores y un debilitamiento general que la tiene hoy en estado de postración.

No digo que sea necesario reconstruir minuciosamente cada paso de la historia de la Justicia en el medio siglo pasado, como si observáramos todo lo que fue aconteciendo con una moviola o mecanismo similar. Lo que digo es que no cabe prescindir de la historia de las realidades judiciales -el plural es porque son varias y muy distintas- y de la influencia de las reformas legales y su aplicación para conocer el por qué del sucesivo empeoramiento de nuestra Justicia. Pero, además, conocida y aireada por el Ministro la cascada incesante de reformas legales, ¿no le aconsejaban un mínimo de prudencia y un mínimo de inteligencia no apresurarse a fiar en otra cascada de grandes leyes nuevas la restauración de una aceptable salud de nuestra Justicia, que ahora padece tantas enfermedades simultáneas? La respuesta no ofrece duda y, por tanto, el brillante discurso, cuando se lee entero con mediano conocimiento de la realidad, no puede esconder la falta de prudencia y la debilidad raciocinante, por mucho artificio retórico que se haya desplegado, contando sin duda con la general ignorancia (no reprochable) de los ciudadanos y la superficialidad de “informadores” y "columnistas".

El Ministro no ha hecho honor a su reconocida inteligencia. Doy por seguro que Ruiz Gallardón se ha formulado y ha dirigido a otros la pregunta elemental y básica: ¿por qué? ¿Por qué esto, lo otro y lo de más allá? Pero, a falta de conocimientos propios -no es un reproche, sino la realidad inherente a sus importantes dedicaciones anteriores y a su muy limitada experiencia como Fiscal-, no ha recibido verdaderas respuestas, fundadas en la realidad histórica, en lo que ha ocurrido antes de este ahora. El Ministro ha manejado algunos fenómenos negativos de la Justicia, innegables, sin interés por sus causas, como elementos de una pieza oratoria en pos del aplauso y no de la verdad de las cosas. Así era la retórica de los sofistas, encaminada al triunfo del orador, pero la retórica en general -el arte de persuadir- no está reñida ni con la verdad ni con el deseo sincero de formular propuestas realistas. Esta retórica, la de Aristóteles, no es la del discurso del Ministro. Sobre Aristóteles, el Ministro ha preferido resueltamente a Gorgias, primer maestro de los sofistas.

No hay que ser adivino para concluir que Ruiz Gallardón ha recibido, sobre los “por qués” de las cosas, las respuestas que son habituales en quienes, presuntos "entendidos", que también desconocen la realidad de la Justicia y su historia, porque ni la han vivido ni la han estudiado. Esa gente -casi todos los que componen un grupo que no cesa de crecer: lo que he llamado en varias publicaciones la subclase política judicial, enucleada en torno al CGPJ y a varios Gabinetes técnicos, Ministerio y algunas Consejerías- responde al “por qué” con tópicas vaciedades absolutas, con fórmulas generales desprovistas de contenido. Lo que está mal nunca tiene para ellos causas susceptibles de descripción. Hablan de la Administración de Justicia como si no fuese un conjunto de tareas que, mejor o peor, realizan ciertos seres humanos, sino una fórmula abstracta, un modelo teórico o una máquina. Y, al ignorar, por pereza y por desinterés, lo que ha venido ocurriendo en la realidad, sus respuestas al “por qué” de los males concretos de la Justicia -males que tampoco conocen bien- se referirán a estructuras y a modelos e incluso a conceptos (p. ej., el “concepto de partido judicial”). Y todo lo que propondrán, una vez más, será cambios de estructuras y de modelos, para instaurar nuevos conceptos y nuevas estructuras, conforme a nuevos modelos. Si tuvieran un taller y Vd. les llevase su automóvil con fallos o averías, no le dejarían ni explicarlas: le hablarían de la opción de cambiar modelo pero insistirían, sobre todo, en la superación del concepto de automóvil.

No es culpa del Ministro de Justicia que los políticos judiciales profesionales -pobladores de un entourage de la Justicia parasitario de ella, personas que no impetran ni imparten justicia, que no resuelven pleitos ni juzgan nada ni actúan para transformar una situación real de modo que Ticio, Calpurnia y Cayo reciban lo que les corresponde- le hayan proporcionado falsas respuestas al “por qué”, en vez de explicaciones detalladas y completas de lo ha ocurrido, causas de lo que ahora sucede. No es culpa del Ministro que le hayan aconsejado cambiar estructuras y modelos, sin sugerirle siquiera la conveniencia de estudiar muy bien los distintos síntomas patológicos de nuestra Justicia para determinar sus causas y jerarquizarlas y, en definitiva, disponer de un diagnóstico serio, única base racional de un tratamiento que dé resultados.

Sí es culpa exclusiva del Ministro, en cambio, haber aceptado y hecho propias esas respuestas, a todas luces insuficientes, como mínimo, para una mente despierta como se supone que es la de Alberto Ruiz Gallardón. Y no es culpa leve, porque me parece inverosímil que esa mente despierta no haya visto la vaciedad de los tópicos, refritos de refritos, sin frescura ni originalidad alguna y, sobre todo, sin contenido. Y como no concibo a Ruiz Gallardón engañado por personas más incultas y torpes que él, tengo necesariamente que concluir que, dando de lado el rigor intelectual, le ha interesado políticamente utilizar las respuestas falsas y hacer apuestas sobre modelos y estructuras, con descalificaciones sumarias a base de palabras mágicas -caduco, obsoleto, decimonónico, etc.- que sustituyen a las explicaciones detalladas y a cualquier clase de argumentación.

En la nota de prensa se leía que, para el Ministro, «esta será una legislatura “consagrada a la gestión”». Esa frase de la reseña era muy engañosa. Consagrarse a la gestión, expresión en sí misma equívoca, podía entenderse en el sentido de ocuparse primordialmente de poner orden en una situación cercana al caos y procurar que las cosas funcionen, con una dedicación más racional de todos los servidores de la Justicia y con cualquier mejora posible de los medios materiales, así como el estudio y ejecución de los cambios legales imprescindibles para lograr que la Justicia recupere una aceptable normalidad. Pero lo que Ruiz Gallardón dijo fue muy distinto. Dijo esto: «todos estos problemas [AOS: muchos, muy complejos] tienen que tener solución en una legislatura que, con ocasión de mi toma de posesión, califiqué como una legislatura de gestión, pero que hoy me gustaría llegar un poco más lejos y decir que va a ser, y sobre todo, una legislatura de transformación.»

ACTUALIZACIÓN A 29 DE ENERO DE 2012: El Ministro rectificaba y mucho. Y también presumía mucho. Era mucha, demasiada presunción. Esa con la que cualquier persona inteligente se pasa de inteligente, se pasa de listo. Pero el Ministro ha ido cada día más lejos. Ahora ya todos, antes que él, han sido tontos o vagos o ambas cosas. No se ha hecho nada acertado desde que murió Franco (1975). No exagero. Vean como se expresa en ABC, 29 de enero de 2012: "El problema de la Administración de Justicia es estructural, de gestión, no de personas. Esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es que si el problema fuera de incapacidad de sus protagonistas, no tendría remedio. La parte negativa es que tenemos un esquema de funcionamiento heredado de los siglos XIX y XX y, amparándonos siempre en que la calidad humana de los jueces sería capaz de superar la deficiencia orgánica del sistema, no hemos abordado el problema desde la Transición y en todos estos años de democracia."

Hablando de las leyes en términos de extensión, ¿no se hizo acaso una gran Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, que sustituyó a la de 1870, y no se cambió el esquema de funcionamiento con la gran Ley Orgánica del 2003 (reforma de la L.O. de 1885) y con la gigantesca ley procesal de 2009? ¿Pertenecen los años 2003 y 2009 al siglo XIX o al siglo XX? Ruiz Gallardón llega aquí al desbarre. Un desbarre tal sobre los hechos, algunos muy recientes, que el 29 de enero de 2012 desacredita todo lo dicho cuatro días antes.

Con una nueva adulación a los "operadores jurídicos", el Ministro enarbola como estandarte propio el axioma de que todo consiste en el modelo, en la estructura, en el "esquema de funcionamiento". Esta intensidad de apuesta por el axioma, superando con mucho a sus consejeros, me hacen dudar de la inteligencia de Ruiz Gallardón a la que me he referido en este post tantas veces. Se diría que la inteligencia ha quedado neutralizada, desactivada, por un grave fallo emocional y psíquico. Está, por añadidura, el pequeño detalle de que, para reforzar la retórica sofista, pone el siglo XX a la par del XIX (así son dos siglos de desfase), sin parar mientes en que el siglo XX está sólo a doce años de distancia y, si se retrocede cuatro años más (hasta dieciséis), eso incluye varios gobiernos de su partido: las dos legislaturas de Aznar: considerar nada, no sólo las reformas de 2003 y 2009, sino también, por ejemplo, los Juzgados de lo Contencioso y las leyes de la jurisdicción contencioso-administrativa y de enjuiciamiento civil es una descalificación insensata y disparatada, porque son innumerables las valoraciones en sentido opuesto a la del Ministro.

Pero este pequeño detalle o la demagogia con que afirma que no pedirá que se le reconozcan como servicios especiales en la Fiscalía todos sus años en la política, son algo anecdótico comparado con el iluminado mesianismo patente en la entrevista de ABC, en la que Ruiz Gallardón afirma su axioma del cambio total estructural, que nadie, a lo largo de 37 años (1975-2012), ha visto con la claridad con que él lo ve. El Ministro está de mesiánico como ZP, pero con más garra, o sea, peor. Si piensan que exagero, lean la entrevista:

http://www.abc.es/20120129/espana/abci-entrevista-gallardon-ministro-justicia-201201290257.html

Retomo el hilo: transformación, de inmediato, es, cabalmente, la misma cantinela de los últimos tiempos, los del siglo XXI, unos tiempos de incesante agravamiento del estado de nuestra Justicia. Y leído el discurso entero, resulta que, en conjunto, respecto de la Justicia, se va a seguir lo que, consensuado con el actual CGPJ (maridado con el Ejecutivo: recuerden aquellos “post”: http://www.andresdelaoliva.blogspot.com/2011/04/casorio-de-la-cupula-de-la-justicia-y_23.html, dejó pendiente el Ministro predecesor, Caamaño (tribunales de instancia, más poder a los fiscales en el proceso penal, por ejemplo). Y, aunque el Ministro lo procure disimular verbalmente (la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice en ABC, no tendrá el "mismo texto" que el anteproyecto de Caamaño) se trabajará en eso que dejó pendiente el predecesor con parecida inspiración y en la misma dirección en la que caminaba el Gobierno de Rodríguez Zapatero. No otra cosa significan las reiteradas referencias al consenso con el actual CGPJ.

La importancia de la reforma del sistema de designación de los 12 Vocales del CGPJ no disfraza bien el continuismo en casi todo lo demás, aunque, por supuesto, todo se vaya a presentar como made in Gallardón. Con esta concreta innovación sobre los vocales judiciales del CGPJ, al igual que con otras propuestas del discurso no relativas a la Justicia (que constaban en el programa del PP y tampoco son, por tanto, de la cosecha personal del nuevo Ministro), se ha buscado -y logrado, todo hay que decirlo- dar una impresión de gran cambio, la impresión, la apariencia que le interesaba y le interesa al nuevo Ministro. Gorgias triunfa sobre Aristóteles. A Gorgias le interesaba su triunfo, que logró. Aristóteles fue otra cosa.

El de Ruiz Gallardón es probablemente un inicial triunfo político personal, quizá incluso un gran triunfo inicial, a costa de haber lanzado públicamente la falsa y deletérea idea -absolutamente falsa, muy dañina para España e insultante para miles “operadores jurídicos”- de que, en gran medida, nuestra crisis económica se debe a nuestra Justicia, que es factor desincentivador de la inversión propia y extranjera. Y a costa de insistir en algo tan extraño como atribuir a nuestra Justicia el secuestro de grandes recursos económicos, al vincular nada menos que “decenas de miles de millones de euros” (improductivos, según el Ministro) a los litigios ante los tribunales españoles, como si un crédito litigioso automáticamente tornara improductiva, apartada de la vida económica, la cantidad de euros en litigio, lo que sería, más o menos, como considerar desaparecidos de nuestro territorio los inmuebles sobre los que haya pleitos.

Esta curiosa y nunca desarrollada idea viene de Carlos Dívar, como de la máxima cercanía de Dívar procede el nuevo Secretario de Estado (ambos apartados de las realidades importantes y diarias de nuestra Justicia desde hace muchos años, más de 30 en el caso de Dívar, que lleva concretamente 38 años sin tramitar un proceso entero y dictar una sentencia). Si “por sus frutos los conoceréis” -afirmación que sin duda reconocerá acertada Dívar, unico presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ anunciado en nuestra historia por un Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero-, ¿no hay una gran contradicción entre la descripción de la politización de la Justicia en el discurso de Ruiz Gallardón, politización originada en estos CGPJ mal paridos, que nacerán pronto de otro modo gracias al orador y el hecho de que el mismo orador acoja sin reservas, en quince días, todo lo que este CGPJ ha estado propugnando y sigue apoyando? Si tan excelentes son los frutos de este CGPJ, en su gestión ordinaria, en sus ocurrencias y en la ejemplaridad de su austeridad y de la dedicación de sus miembros al trabajo, ¿por qué cambiar el modelo?

Sólo añadiré una cosa más. Si la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial anunciada -no ya una reforma relativa al CGPJ- fuese una cuidadosa rectificación de la vigente, con innovaciones oportunas y factibles, bienvenida sería, porque vendría bien. Las fuentes del llamado “Derecho judicial” son ya demasiadas y demasiado malas, con constantes infracciones de la jerarquía normativa y hasta de la imprescindible promulgación de toda norma positiva. Pero si de lo que se trata es de poner nuevamente patas arriba a la Justicia, por las originales ocurrencias de unos sedicentes expertos, he de advertir, recurriendo a lo que le escuché a un amigo hace mucho tiempo- que no se sabe de un solo caso de enfermo que haya sobrevivido a una autopsia. Y la Justicia no está ahora para cirugías mayores invasivas y generales, que serían como autopsias: se quedaría definitivamente patitiesa en el trance quirúrgico.

A fin de cuentas, todo era de esperar. Cuando los políticos no saben qué hacer, hacen leyes, en especial a falta de millones para hacer algo visible y tangible. A comienzos de 1974, en un pequeño artículo titulado “Respetar la ley” (me refería a que el legislador, al legislar, respetase la idea de ley), publicado en la principal revista procesal de entonces, ya me quejaba de que algunos hiciesen leyes sólo para apuntarse tantos, como, si pudiesen, inaugurarían autopistas o pantanos.

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PS. Tras repetir un análisis de costes-beneficios (personales los primeros; generales, los segundos), me he reafirmado en mi convicción de que no me incumbe, ni escribiendo en este “blog” ni de ninguna otra forma, ocuparme de las vicisitudes de los proyectos generales relativos a la Justicia española y menos aún presentar alternativas. No tengo ninguna obligación jurídica de hacerlo, ni por mi status profesional ni por vínculos contractuales, inexistentes. Y tampoco estoy obligado moralmente a tamaña tarea. De mi gusto, ni les hablo. Por eso, no hecho ni voy hacer en lo sucesivo, un análisis sistemático y pormenorizado del muy variado contenido del discurso del Ministro en lo directamente relativo a la Justicia española. Después, insisto, no dejaré de tratar aquí asuntos de la Justicia, pero escribiré sobre lo que ocurra (sin excluir a priori lo que diga o haga Ruiz Gallardón) y considere interesante.

LAS GARANTÍAS JURÍDICAS, EN VÍAS DE DESACTIVACIÓN

2012-01-21T21:33:00.001+01:00

EL ESPIONAJE CON BUEN FIN, NO PUNIBLE, SINO LAUDABLE, Y OTRAS TROPELÍAS

He estado pensando durante muchos años, y aún lo pienso, que las garantías jurídicas se establecen para evitar o atenuar los peligros de algo indeseable y no para reaccionar contra los daños indeseables, cuando del peligro se ha pasado a la realidad. Pero, al parecer, debo someterme a una rehabilitación china tipo “Revolución Cultural”, porque si en un caso de espionaje -digámoslo así, para que se entienda mejor-, lo que importa no es, prohibido y penalizado el espionaje, si se espiaba o no, sino si el espionaje era con buen fin (como antaño se preguntaba del cortejo de los mozos a las mozas) o a mala idea y si también es decisivo qué se hizo con lo espiado: si se guardó todo el material; si el material fue seleccionado y quién lo seleccionó; si se guardó pero no se usó; si se guardó parcialmente y se usó parcialmente; si se espió por el bien de los espiados o para perjudicarles; si los espiados era buenos o malos o si el espía dice cuando se le juzga, no antes, que los espiados blanqueaban dinero, etc., si todo esto es relevante frente a una clara prohibición de espiar, entonces yo no había entendido las prohibiciones de espiar, la dirigida a todos y la específicamente dispuesta para los jueces. No había entendido que esas prohibiciones no pretenden salvaguardar la intimidad y otros derechos, sino sólo sancionar a quienes espian con mala intención, con claros resultados dañinos y a buenas personas (declaradas tales por quien proceda). Estoy envenenado con viejas e inaceptables ideas y debo desintoxicarme y reciclarme para no seguir pensando y diciendo errores contraculturales y confundiendo a la juventud en las aulas y a todos en cualquier parte. Tal vez beber la cicuta sea excesivo, pero rehabilitarme, desaprender (cosa que se ha apuesto de moda) y reaprender sería imperativo para mí. Lo tengo que pensar. Aunque la verdad es que poco tendría que pensar cuando la Fiscalía insta el espionaje prohibido y cuando después lo apoya. Ya consta la Buena Doctrina Nueva del Ministerio Fiscal en España: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/06/el-consejo-fiscal-un-corporativismo.html

Así que ya lo saben Vds. El secreto de las comunicaciones -en general o el especifico de ciertas comunicaciones- (art. 18.3 CE) no es vulnerado si la comunicación es interceptada, sino sólo si lo interceptado se usa mal por el interceptador y por quienes cooperen con él y únicamente cuando los que se comunican son buenas personas. La Buena Doctrina Nueva supone, asimismo, que la inviolabilidad del domicilio (art. 19.2 CE) no es violada simplemente cuando se entra en el domicilio sin permiso ni autorizacion judicial (o con una autorización sin motivar). No: nada malo hay en invadir el domicilio ajeno si en él no se causan destrozos ni se roba ni se desordena nada, y no digamos si encima se deja un ramo de flores o una caja de bombones o se friegan los platos sucios. Si Vd. denuncia que alguien ha entrado en su casa sin permiso, la policía le dirá algo así: “pero, bueno, ¿echa Vd. algo en falta, le han ensuciado la casa o alguna habitación, le han desordenado las cosas? ¿No? Pues, entonces, de qué se queja Vd., caballero, y por qué nos hace perder el tiempo con su absurda denuncia?” (lamentablemente, el ejemplo es real: el agente fingía desconocer el allanamiento de morada).

Otra garantía desactivada: el derecho al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Lo concebíamos algunos como un medio para evitar el peligro de que, con estas o aquellas manipulaciones, nuestro caso acabe siendo juzgado por la persona o personas que algunos poderosos o poderosillos consideren más convenientes, para que nos favorezcan o para que nos perjudiquen. Se vulneraría ese derecho por el solo hecho de que nuestro caso fuese a parar a quien no le correspondía según la ley o según reglas infralegales autorizadas por la ley pero preestablecidas. Y, desde luego, se vulneraría cuando no existiesen esas reglas o no se hubiesen publicado y fuesen desconocidas o se cambiasen cada dos por tres. Pues no, la Buena Doctrina Nueva sería ésta: mi derecho al juez predeterminado se vulnera sólo cuando descaradamente han puesto un juez o tribunal “ad hoc” para mi caso o cuando puedo demostrar que, de haberse seguido los criterios normativos para fijar el juez o tribunal de mi caso, la sentencia habría sido distinta.

Dejo para el final lo que comienza a suceder con la libertad de expresión, algo aún más grave que la distorsión de la idea de garantía. Porque, además de que la función de garantía es absolutamente despreciada, se vacía de contenido una libertad básica. Veamos: tenemos derecho -y un derecho fundamental, especialmente protegido- a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, sólo limitado por “el respeto a los derechos reconocidos en este Título (es decir, otros derechos fundamentales concretos), en los preceptos de las leyes que los desarrollen (que desarrollen los derechos, no que se los carguen) y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” (art. 20 CE). Se trata aquí, no sólo de reconocer, proteger y garantizar la “dignidad de la persona” y a los “derechos inviolables que le son inherentes” (art. 10.1 CE), sino también de garantizar el "pluralismo político", que es, en España, uno de los “valores superiores de su ordenamiento jurídico” (art. 1 CE). Pues, pese a todo esto, resulta que el legislador -es decir, tal o cual mayoría parlamentaria- ha decidido que hay ideas que no se pueden expresar, sin que esas restricciones, reforzadas incluso con sanciones penales en caso de no respetarse, tengan un claro fundamento ni en otros derechos fundamentales ni en el derecho al honor, a la intimidad, etc.

Ni que decir tiene que toda la literatura mundial sobre libertad de expresión (excluidas las doctrinas despóticas, claro es) abona la idea de que sus limitaciones han de ser muy pocas, muy claras y muy justificadas. De lo contrario, la dignidad de la persona es objeto de burla y la democracia se corrompe. Más vale dejar que libremente se digan tonterías o barbaridades (históricas, científico-experimentales, lógicas, etc.: tonterías y barbaridades que no insulten, dejando a un lado a los hipersusceptibles), que hacer o permitir catálogos de tonterías y barbaridades inexpresables. Esta segunda opción entraña para todos peligros mucho más graves que los riesgos de la libertad. In dubio, libertas. Pero la aludida literatura, confirmada por muchas sentencias de muchos tribunales mundiales fiables, no existe para los dirigentes políticos y sociales partidarios de construir la sociedad según sus superiores criterios (eso piensan o así se comportan) en vez de que la sociedad sea, en ciertos aspectos, el resultado de la libertad de las personas que la componen. A estos arquitectos sociales les sobra el concepto clásico de garantía y la libertad personal debe estar limitada por criterios de corrección en todos los órdenes. Imponen esos criterios indirectamente, pero también, en los últimos tiempos, de forma directa y abierta, por leyes que neutralizan los parámetros constitucionales. Y es que, a fin de cuentas, a estos arquitectos sociales les sobra el Derecho. La ley, no: la ley (en realidad, la pseudo-ley) es su principal instrumento de demolición y de construcción. Pero el Derecho, como todavía no han logrado que desaparezca su mera noción, sólo les sirve convenientemente retorcido.

GRAN PATINAJE DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA (y II)

2012-01-18T20:48:00.005+01:00

NI FRANCESES NI ESPAÑOLES PADECEMOS DELIRIOS QUERULANTES COLECTIVOS

(O LA MURGA MENDAZ DE LA LITIGIOSIDAD EXPONENCIALMENTE CRECIENTE)

Un amable e ilustrado lector de este “blog” me ha hecho caer en la cuenta de que la Exposición de Motivos de la malhadada y mal denominada Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, que mejor debiera llamarse de reducción de la tutela judicial, se atreve a afirmar lo siguiente: “Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.” Ya sabemos, por “entradas” anteriores de este “post”, la falsedad de esas frases, en las que, además, el mendaz aumento en un solo año, el 2009, es situado a la par del incremento en una década, que no ha sido constante, sino interrumpido (el incremento existió únicamente hasta el 2008) y que no ha sido, por supuesto, exponencial (hagan el favor los redactores de papeles oficiales, cuando utilizan conceptos matemáticos, de no decir majaderías detectables incluso por los que hicimos Bachillerato de "Letras").

En todo caso y con independencia de mentir o hablar sin saber, ¡nuestros dirigentes están pesadísimos con lo de la litigiosidad en España! Estar dando la tabarra con el exceso de litigiosidad es como si nos riñeran cada dos por tres por el número excesivo de españolitos acatarrados o por el escaso número de españolitos que pasean. En países de ambiente tristón (poca luz, poco sol, mucha lluvia), a los políticos les puede preocupar el número de suicidios, pero no riñen a la gente por no estar más animada. No seré yo quien censure que nuestros dirigentes se preocupen por fenómenos preocupantes, pero cuando no hay preocupación por las causas de un fenómeno no hay preocupación verdadera, sino simple vagancia, que precede a la demagogia.

Si hay libertad para deambular, cada cual deambula o se queda quieto a su libre arbitrio. Unos sestean o se arriman a la mesa camilla y otros hacen footing, trekking, senderismo, puenting o siesting, según les brota. Pues si hay derecho a la tutela judicial efectiva y, por fortuna, los costes no son prohibitivos, los que quieren litigar, litigan (de ordinario, porque necesitan esa tutela). Si en el pack del Estado dizque moderno está incluida la Administración de Justicia, los que consideran que la necesitan, acuden a los Juzgados y Tribunales. Del mismo modo que utilizamos la red viaria para circular o el sistema sanitario para recibir asistencia médica.

Que los representantes del Estado se estén quejando a todas horas del número de pleitos es como si a todas horas se quejasen del número de enfermos, del número de calvos, del número de paseantes o del número de sedentes. Cuando nuestros dirigentes vean situaciones extrañas, investiguen las causas, insisto, pero no hablen como si dieran por sentado que la gente pleitea por gusto morboso (son muy pocos los que así lo hacen). Si en los Juzgados y Tribunales regalasen una TV de 40 pulgadas Full-HD por cada demanda o por cada recurso, el Ministro de Justicia debería plantearse, desde luego, eliminar una tal campaña de estímulo de la litigiosidad. Pero esos regalitos no los hacen más que las entidades financieras si les llevas la nómina y si, además, tienen un “stock” de televisores atrasados de 26 pulgadas. Aquí ni siquiera hay bandejitas con caramelos en los Juzgados y Tribunales y, como ya dije en el “post” anterior, desde el 2002 no han dejado nuestros gobernantes de encarecer y desestimular la litigiosidad, con la que recaudan unos cuantos millones de euros (cifras completas inaccesibles). Así que, con la litigiosidad, señores gobernantes, menos llorar y más currar. La buena Justicia reduce los pleitos.

Nunca se ha dicho que en España se litigue por vicio (en alguna región, antaño, podía darse, ya no). El “delirio querulante”, denominación tradicional y aún vigente de patologías psiquiátricas relacionadas con pleitos o querellas (hay obsesión, neurosis, paranoia, etc.) no es una enfermedad extendida en España. Y tampoco hay una manía querulante generalizada. Aquí impera, más bien, el conocimiento y la aceptación generales de la maldición gitana (“pleitos tengas, y los ganes”) y se reconoce la sabiduría del dicho popular “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

En España, la Justicia, aunque su coste no sea disuasorio en grado superlativo (como lo es en países demasiado rendidamente admirados y demasiado imitados por nosotros), tampoco sale gratis, ni siquiera a los que puedan acogerse al llamado “derecho a la justicia gratuita”. A los españolitos litigantes -no a las Administraciones públicas demandadas ni al Estado cuando acusa- les puede salir por un congo emprender un pleito temerario o, lo que es peor aún, pleitear y perder, aunque las pretensiones no sean temerarias, porque si pierden, pagan las costas del contrario. De manera que, en todo caso, no descarten nuestros dirigentes que las estadísticas de asuntos judiciales estén infladas por algún motivo, Descarten, eso sí, que puedan ser los litigantes quienes las inflen.

FRANCIA Y ESPAÑA

Dicho todo lo anterior, vuelvo al breve discurso del nuevo Ministro de Justicia, el 3 de enero de 2012, transcrito parcialmente en el “post” anterior. No sé de dónde ha sacado el Sr. Ruiz Gallardón lo de los menos de seis millones de asuntos en Francia en el 2010 frente a los más de nueve millones en España el mismo año. Esto último es cierto, pero a mí no me salen esas cuentas francesas consultando los datos que ofrece el Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), donde el cuadro de la “Activité judiciare en 2010” arrojaría una cifra de cerca de 14 millones de asuntos resueltos, sin contar la ejecución forzosa. Se dirá, quizá, que en esa cifra se incluyen 10 millones ciento cincuenta y tres mil novecientos y pico asuntos relativos a multas de tráfico. Es verdad: pero no soy yo quien los incluye en la actividad judicial en 2010, sino la República Francesa, quizá porque las multas pueden ser recurridas y los recursos resueltos por lo que esa República considera un juez. En todo caso, ¿quiénes somos el Sr. Ruiz Gallardón y yo para discutir las cifras de “la France”? Sin esos asuntos judiciales pequeños en Francia, no es que los procedimientos judiciales no habrían superado los seis millones: es que no habrían llegado ni a cinco millones, siempre conforme al INSEE, que omite los datos de asuntos iniciados, que son los que realmente miden la litigiosidad. Si quieren, vean por Vds. mismos el cuadro:

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05326

Hay, en Francia, sin embargo, otra fuente de estadística judicial más completa, que es la del Ministére de la Justice et des Libertés: Les chiffres clés de la Justice:

http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/ y, más concretamente: http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Les_chiffres_cles_du_Ministere_de_la_Justice.pdf

Estas estadísticas sí tratan de los asuntos iniciados y no sólo de los resueltos. Las diferencias entre el sistema judicial español y el francés son numerosas e importantes, de modo que la comparación exacta de equivalencias plenas exigiría muchas matizaciones. Con todo, la estadística del Ministère de la Justice et des Libertés, tampoco arroja, ni de lejos, la brecha que enarbola el Sr. Ruiz Gallardón para presentar a España como un país en que litigamos por litigar, por fastidiar a los dirigentes políticos, a los Jueces y Magistrados y a los Secretarios y otros servidores públicos. Sin les amendes forfaitaires majorées, sin las multas, a mí me salen, para el 2010, 8.352.075 asuntos. (V. Anexo: con las cifras que sumo, hay algunos datos más, sobre asuntos terminados, que pongo entre corchetes). Puedo haber contado mal, pero el error, por fallo en equivalencias difíciles de establecer, sería mínimo y poco significativo.

Los franceses litigan menos que los españoles (¿o quizá tienen menos oportunidades de tutela jurisdiccional propiamente dicha?), pero como ejemplo de que no existe el “gap” trompeteado por el Sr. Ruiz Gallardón, hay unas cifras indiscutibles, las relativas a la Justicia civil. Los asuntos civiles nuevos, en Francia, en 2010 fueron 2.780.062. Los asuntos civiles nuevos, en España, ese mismo año, fueron 1.984.098. Un 28’64 % menos en España que en Francia, siendo la población española un 38’47 por ciento inferior a la francesa, según las cifras redondas de 65 millones (Francia) y 46 millones (España). Habría, sí, un porcentaje de litigiosidad civil en España algo superior al de Francia, pero en absoluto tan tremendo como el afirmado por el Sr. Ruiz Gallardón. Por cierto que en la resolución de los asuntos civiles estaríamos muy a la par: en Francia resolvieron en 2010 2.673.131 asuntos (entraron, recuerdo, 2.780.062) y en España 1.901.040 (entraron 1.984.098).

Pero conviene comparar otros datos. Sólo dos: los “recursos humanos” y los dineros. Veamos, primero, los “efectivos” humanos totales de la Justicia en Francia y España.

Francia 2010: Effectifs budgétaires 2010 en équivalent temps plein: 73.594 Agents

España 2010: 56.188 [total, según plantillas, de Jueces y Magistrados (4.984), Fiscales (2.307), Secretarios (4.115), Médicos forenses (1.035), Cuerpo Gestión Procesal (13.715), Cuerpo de Tramitación procesal (20.842), Cuerpo de Auxilio Judicial (9.190). Es un 76’34 % del personal francés, cuando la población española es sólo un 61’53 % de la francesa, de manera que cada 100.000 españoles tocamos a más servidores de la Justicia que cada 100.000 franceses. Con todo, el plus francés absoluto del 22’66 % no es desdeñable, sobre todo cuando de economías de escala se trata.

[Los datos sobre España se obtienen de las Memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros documentos del mismo CGPJ:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Memorias y

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Analisis_estadistico]

Por último, comparemos los recursos económicos dedicados por España y Francia a la Justicia:

ESPAÑA:

Presupuesto total nacional 2008: 3.411.588.887 € (incluyendo CGPJ y Ministerio). De ese total, la aportación total de las Comunidades Autónomas a los Juzgados y Tribunales fue de 1.943.680.437 €

Presupuesto total nacional 2009: 3.558.073.830 € (incluyendo CGPJ y Ministerio. Aportación de las CC.AA.: 2.005.637.900 €.

Presupuesto total nacional 2010: 3.867.828.013 (incluyendo CGPJ y Ministerio). Aportación de las CC.AA.: 2.159.843.103

Curiosísimamente, en un documento del mismo organismo (el CGPJ) del que proceden los demás datos, documento que consiste en una presentación resumida en power point del documento “La Justicia, dato a dato. 2010”, no en la versión extensa del documento del mismo título, se ofrece la cifra total de 4.056.870.049 euros. Lógicamente, nos fiaremos de la versión oficial.

Presupuesto total nacional 2011: no hay cifras disponibles.

FRANCIA:

Presupuesto 2008: 6.497.010.000 €

Presupuesto 2009: 6.632.130.000 €

Presupuesto 2010: 6.840.000.000 €

Presupuesto 2011: 7.140.000.000 €

Las diferencias son elocuentes a simple vista. Pero si comparamos los presupuestos del año 2009, veremos que el presupuesto para Justicia en España es un 56’54% del de Francia o, dicho de otro modo, un 44’46 % inferior al de Francia, siendo la población española, como ya hemos dicho, sólo un 38’47 % inferior a la francesa. Francia, en términos absolutos y en términos relativos, dedica más dinero a su Justicia que España a la suya.

O sea, que a lo dicho: a no llorar ni quejarse más de la litigiosidad y a afrontarla mejor. Porque en todo litigio de cualquier tipo -no sólo en los penales y en los de familia- hay vidas humanas en juego. Y eso es más claro y más importante que una “competitividad” difícil de definir y, de hecho, no definida.

Continúa

GRAN PATINAJE DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA (I)

2012-01-14T00:32:00.001+01:00

¡¡“MILES DE MILLONES DE EUROS” RETENIDOS E IMPRODUCTIVOS!!

PERO, ¿QUIÉN INFORMA AL MINISTRO?

Con ocasión de la toma de posesión del nuevo Secretario de Estado de Justicia, el día 3 de enero de 2012, el Ministro del ramo, D. Alberto Ruiz Gallardón, dijo cosas que, aunque quizá no merezcan pasar a la Historia, tampoco deben pasar inadvertidas. Fueron todo un ejercicio de patinaje, bastante significativo. Para empezar, el Ministro afirmó -tomo las frases, con entrecomillados, de noticias de prensa en principio fiables y no rectificadas- que ese acto manifestaba el objetivo compartido de «entrega, solidaridad y confianza» de su nuevo equipo en sus propias capacidades. Y añadió que «formar equipos supone dejar atrás los tiempos superados de las personas providenciales y apostar por la eficacia de quienes están dispuestos a colaborar en el servicio a los ciudadanos».

A mí me parece dudoso que “formar equipos” pueda presentarse, siquiera sea en una pieza oratoria menor, como una notable innovación, tal que si, hasta ahora, nadie o casi nadie hubiese hecho eso de los “equipos”. “Dejar atrás los tiempos superados” no parece difícil (lo difícil sería lo contrario). Y en cuanto a “las personas providenciales”, la verdad es que no tengo ni idea de a quién o a quiénes podría estar aludiendo el Sr. Ruiz Gallardón, porque precisamente a él mismo cabría considerarle un Alcalde de Madrid en verdad providencial, constructor del Madrid del futuro (ahora toca buscarle un futuro a Madrid), para lo que no reparó en gastos, arrojándose y arrojándonos en manos de la Providencia. Pero se ve que, transformado ya el ex-alcalde en Ministro de Justicia, para él, nada de Providencia. Ahora, en ese Ministerio, es el tiempo de la apuesta, el tiempo del áleas, del azar, de lo aleatorio, de la buena o mala suerte, de la lotería, vamos. Apostamos por la eficacia y la buena disposición, pero apostamos. A mí no me gusta nada esta moda de que los gobernantes de dediquen a hacer apuestas: sus decisiones no deben ser apuestas, ni a título de metáfora (ya muy sobada, además).

Tras este exordio, el nuevo Ministro fijó objetivos diáfanos: “la aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65 millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos en total.” (de esto me ocuparé en un próximo “post”).

Luego, como se encargaron de subrayar los “medios”, el Ministro, por aquello de que deben «modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva», propuso revisar la inhabilitación procesal del mes de agosto, porque–dijo- esa inhabilidad «tenía sentido por razones históricas» y, a su juicio, es algo probablemente eliminable para avanzar en la tan careada agilización de los procesos.

No me voy a detener en esta idea de hacer hábil el mes de agosto en todos los ámbitos jurisdiccionales. Es un asunto sobre el que todos producirán interesantes comentarios. Me limitaré a apuntar que las cuestiones concretas que más atención merecen al respecto son, por un lado, la de la celebración de juicios en agosto, porque otras tareas jurisdiccionales no pienso que ofrezcan dificultad (además de las de instrucción penal, para las que son hábiles todos los días y horas del año) y, por otro lado, la muy difícil adaptación del trabajo de los abogados que ejercen la profesión en solitario, que no son pocos. Dudo mucho (es un eufemismo), por lo demás, de que tal cambio pueda de verdad llevarse a cabo “a coste cero”, como es costumbre ahora afirmar que cabe y que hay que hacerlo.

LOS “MILES DE MILLONES DE EUROS” RETENIDOS E IMPRODUCTIVOS

Con ser interesante lo anterior, resultó casi una nimiedad en comparación con lo que dijo el S. Ruiz Gallardón hacia el final de su breve discurso. Además de caracterizar la seguridad jurídica como un factor de competitividad de nuestra nación (una visión tecnocrático-economicista a tope), el joven Ministro afirmó que «cuando la crisis es prioridad para cualquier departamento de un gobierno y el paro castiga la vida de millones de ciudadanos de un país, no podemos seguir reteniendo en procedimientos judiciales miles de millones de euros que deberían estar destinados a la productividad y a la inversión».

http://www.abc.es/20120104/espana/abcp-gallardon-estudia-abrir-juzgados-20120104.html

http://www.elcorreoweb.es/actualidad/138047/ruizgallardon/anuncia/estudiara/habilitar/mes/agosto/agilizar/justicia/frente/crisis

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/gallardon-estudia-que-agosto-sea-habil-los-juzgados-20120103

Esta afirmación aparecía en los tres enlaces que acabo de insertar. Al leer tales palabras, de su superlativa importancia y máxima gravedad, pensé que debían ser detenidamente analizadas. Era algo muy serio que, sin más ni más, se estuviesen reteniendo (por los Juzgados y Tribunales) “miles de millones de euros”, que se podían dedicar “a la productividad y la inversión”, lo que significaba que esa retención de “miles de millones de euros” estaría siendo improductiva hasta ahora y desde Dios sabe cuándo. Pensé, en honor a la verdad y a la justicia, que ni siquiera a los Gobiernos de Rodríguez Zapatero les podía haber pasado inadvertido un fenómeno tan llamativo como el de “miles de millones de euros” retenidos improductivamente. ¿Qué obra pública no podría haber hecho D. José Blanco con al menos parte de lo retenido? ¿Qué recortes no se habrían podido evitar a la ciudadanía poniendo en producción esos “miles de millones de euros”, que parecía haber descubierto el Sr. Ruiz Gallardón?

La cosa era tan gorda que, ante todo, procedía una investigación sobre la frase relativa a esos “miles de millones de euros”. ¿A qué se refería Ruíz Gallardón? La investigación arrojó resultados nuevos al descubrir que, según otras fuentes, el nuevo Ministro habría hablado de “miles de millones de euros en los juzgados atascados que habrá que recuperar”: http://www.diariojuridico.com/actualidad/gallardon-presenta-en-sociedad-a-su-equipo-de-trabajo-y-recuerda-que-la-justicia-es-un-elemento-clave-para-que-el-pais-sea-competitivo.html o que, como precisaba otro medio http://www.elpais.com/articulo/espana/Gallardon/habilitara/mes/agosto/agilizar/justicia/elpepunac/20120104elpepinac_15/Tes, «Gallardón se ha propuesto también terminar con las dilaciones indebidas en la justicia, que mantienen bloqueados miles de millones de euros"’, que deben destinarse "a la productividad y a la inversión" para hacer frente a la crisis.»

Esto ya era otro cantar, algo diferente. El Ministro se estaría refiriendo, sin duda (no podría tratarse de otra cosa), a los dineros (no necesariamente euros) que se encuentran en las llamadas “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, abiertas por cada Juzgado y Tribunal, por los Servicios Comunes e incluso por algunas Fiscalías. Hay, en efecto, unas buenas cantidades de dinero en esas cuentas y no digamos en el total de ellas (ya lo verán enseguida). Y es como si Ruiz Gallardón dijera “deseo que los acreedores dispongan cuanto antes de lo que se les debe y se les pudo embargar a sus deudores y de lo que se obtuvo subastando lo embargado” o “hago votos por que los recursos que exigen depósito previo se resuelvan cuanto antes de modo que, si el recurso es estimado, cuanto antes le sea devuelva al recurrente la cantidad depositada.” Está muy bien ese deseo, aunque no me parece un enfoque acertado ver las dilaciones indebidas más desde esa concreta perspectiva económica que desde el punto de vista de la efectividad o inefectividad de la tutela judicial. Por otra parte, los costes económicos de las dilaciones indebidas no se miden así y hay valores muy importantes -la seguridad jurídica, el prestigio del Estado, etc.- involucrados en una Justicia sin dilaciones indebidas o con esas dilaciones, más o menos prolongadas. Pero no hay cálculo alguno disponible del coste económico de las dilaciones indebidas (salvo unas cifras ridículas que después diré y que ni de lejos son “miles de millones de euros”).

En todo caso, me parece muy necesario explicar lo de las “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”. Y, aunque no sea de mi agrado, tengo que enmendar al Sr. Ruiz Gallardón y preguntarme con bastante asombro si acaso se deja informar por gente del ámbito judicial, sí, pero sin la más remota idea de la realidad global de la Justicia, por llevar larguísimo tiempo recluidos en ámbitos muy singulares (la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el CGPJ), despreocupados de todo lo demás, es decir, de casi todo. No apunto en esa dirección sin serios motivos y fuertes indicios. Y menos aún reprocho gratuitamente a los probables asesores no saber nada de la compleja realidad de nuestra Justicia. Como el nuevo Ministro sin duda habló con asesoramiento previo y le han hecho decir algo penoso, sus asesores ignoran cosas elementales.

La Justicia mueve mucho dinero. Pero no es dinero retenido ni dinero improductivo, aunque, desde luego, se pueda discutir la productividad y sus beneficiarios. La Justicia mueve mucho dinero porque tiene que moverlo. Cada Juzgado, cada Tribunal y Audiencia, los Servicios Comunes e incluso algunas Fiscalías abren cuentas porque, por muy diversos conceptos incluso dentro de los órganos del mismo tipo, reciben dinero (no necesariamente euros) y tienen que entregar dinero: reciben dinero en depósitos para recurrir, que se devolverá si el recurso se estima (Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, según la L.O. 1/2009, BOE de 4 de noviembre); reciben cauciones para afrontar daños y perjuicios en caso de concesión de medidas cautelares y con frecuencia tendrán que devolver todo o parte del importe de las cauciones; reciben los precios de las cosas inmuebles, muebles o semovientes, objeto de subastas judiciales; ingresan las fianzas para eludir la prisión provisional; ingresan el dinero directamente embargado o el que se encuentra en un registro ordenado por un juez instructor; reciben, para consignar, rentas de arrendamientos y plazos impagados en la ejecución de préstamos hipotecarios, más un largo etcétera. Pero gran parte de ese dinero ha de entregarse a acreedores o reintegrarse a quien lo ingresó. Ese dinero no está, insisto, ni retenido e inmóvil. Ese dinero es mucho dinero, pero se mueve (nada menos que 22.026.639 movimientos en 2010).

Un Juzgado civil de Madrid puede presentar un saldo medio anual superior a los 3 millones de euros. Y según el mismo Ministerio de Justicia, el saldo total de las cuentas de consignaciones y depósitos fue en 2010 de 3.315.371.730 € (sepan que el presupuesto total para la Justicia alcanzó en 2010 los 3.867.828.013 € (incluyendo CGPJ y Ministerio), de los que sólo 1.629.874.120 €, correspondían al Estado central (el resto, a aportaciones de las Comunidades Autónomas). Veamos ahora lo de la productividad de esos “miles de millones de euros”.

Superados los viejos tiempos en que cada juzgado abría cuenta para consignaciones y depósitos en la entidad de crédito que prefería, desde hace varias décadas es el Ministerio de Justicia el que adjudica a una sola entidad crediticia, mediante concurso, para un plazo de varios años (seis, de ordinario), la gestión de todas las cuentas de consignaciones y depósitos (para lectores especialmente interesados, v. R.D. 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores y R.D. 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el anterior).

En la actualidad y desde 2002 (si no me equivoco), la entidad de crédito adjudicataria de la gestión de esas cuentas es BANESTO, que ganó el último concurso en julio de 2009. En el pliego de condiciones del último concurso, se exigía a las entidades de crédito que quisiesen participar ofrecer una remuneración superior a la de referencia (Euribor a tres meses a corto plazo y bono a tres años a medio). Ni que decir tiene que prácticamente nadie recibe por su cuenta una rentabilidad superior al Euribor, sino muy inferior. En 2009 sólo concursaron BANESTO y BBVA, que había gestionado esas cuentas con anterioridad. Al abrir los sobres con las ofertas económicas, mientras BBVA ofrecía un diferencial de 0,68 puntos sobre el Euribor y de 0,53 puntos sobre el bono a tres años -una rentabilidad muy elevada en estos tiempos, pero no escandalosa-, BANESTO llegó a un diferencial de 1,80 puntos sobre ambas referencias: algo asombroso, sobre todo si se tiene en cuenta que en el periodo del concurso anterior BANESTO había ganado ofreciendo un diferencial de 0’37 puntos.

Sin duda, BANESTO y BBVA concursaron en 2009, no por hacer el bien sin mirar a quién, sino porque les interesaba económicamente ese conjunto de cuentas. En su día, los analistas, tras el asombro de la oferta tan excepcional en “generosidad” de BANESTO, una oferta de apariencia temeraria, la explicaron por la inyección de liquidez que las cuentas de marras suponían, liquidez que, pensaban, el Banco adjudicatario no podía lograr a coste más bajo. Sea de ello lo que fuere, el Banco ha movido y mueve ese dinero con el ánimo de lucro propio de toda entidad de crédito. El dinero es directamente productivo para el Banco y probablemente lo es también para personas, físicas y jurídicas, clientes de esa entidad. Pero está, además, una extraordinaria, espectacular rentabilidad de las cuentas de consignaciones y depósitos para el Tesoro del Estado, no para la Justicia. Esos “miles de millones de euros” son productivos, muy productivos, para las arcas públicas. Por añadidura, BANESTO ofrece “productos” especiales a los servidores, directos e indirectos, de la Justicia, lo que no me parece mal, pero es una realidad innegable: vean, si no, el “Club Banesto Justicia” y sus diversas ventajas, que, por supuesto, no hay que confundir con donaciones o ayudas a fondo perdido: los “beneficiados” pagan y benefician al banco.

Ante esta realidad compleja, el nuevo Ministro de Justicia debería haber sido cumplidamente informado, para no despacharla con la frasecita que soltó, ni siquiera en su versión de eliminación o reducción de dilaciones indebidas. La frase resultó muy demagógica y generadora de confusión para el ciudadano común. En especial cuando está prevista la indemnización por dilaciones indebidas dentro del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y en el año 2010 sólo se despacharon 212 expedientes por ese anormal funcionamiento y se pagaron 4.835.901 €, lo que no parece demasiado y, sobre todo, acredita que los españoles no son grandes aficionados a pelear por ese concepto de la dilación indebida.

Pero hay algo más. Al ciudadano común no se le puede decir que la Justicia –con dilaciones- está reteniendo miles de millones de euros que podrían ser dedicados a la inversión y que podrían ser productivos (lo que implica que ahora no lo son), sin mencionar que miles de empresas están pagando tasas por litigar desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (art. 35). En el año 2010, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Tesoro recaudó 172.287.000 €. El importe de esas tasas no ingresa en las “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, sino que lo recauda en directo la Administración Tributaria del Estado principalmente por el método de autoliquidación. No es muchísimo dinero, pero es algo nada despreciable y dar la impresión de que las pobres empresas tienen caudales retenidos, improductivos, sin decir que se les cobra por demandar y recurrir, es confundir y engañar, aunque no hubiese intención de hacerlo. Si quiere seriamente el Ministerio de Justicia activar la economía real, intente no arrebatar a las empresas que litigan esa pequeña liquidez. Me parece que el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, que lo era al aprobarse la Ley 53/2002, no le va a dejar. Pero si quiere no mermar eurillos a consumidores, usuarios, peatones y empresas, elimine la tontería de los depósitos para recurrir que se devuelven si se gana el recurso. Así, además de dejar algún dinero más en nuestros bolsillos, nunca podremos pensar que hemos perdido un recurso porque eso de reintegrar depósitos de 25 € lleva tiempo y papeleo.

ALGO BÁSICO SOBRE NUESTRA JUSTICIA Y ALGUNA PISTA DE LO QUE EN ELLA OCURRE (y II)

2012-01-11T00:27:00.001+01:00

PENURIA EN LO ORDINARIO Y SANGRANTE DESPILFARRO EN LO EXTRAORDINARIO

Veíamos en el “post” anterior que nuestra litigiosidad no aumentaba ni aumenta, sino que disminuye, seguramente a causa del agravamiento de la crisis económica. Pero señalábamos que la duración promedio de los procesos sí aumentaba y aumenta y no poco, en algunos ámbitos muy importantes.

Me parece haber encontrado una explicación o, cuando menos, una pista del por qué de ese fenómeno, que resulta más extraño si se considera que en 2010 el Presupuesto de la Administración de Justicia, en la parte del Estado central o PGE (parte que ronda, sin alcanzarlo nunca, desde hace años, el 50%: el resto lo ponen las Comunidades Autónomas) aumentó un 13,77% (cuando esto escribo, en enero de 2012, no se sabe aún el total presupuestado para la Justicia en 2010: ¡transparencias españolas!). La pista o más que eso se encuentra en unos cuantos párrafos del texto “Modernización de la justicia: un presupuesto de futuro”, publicado en Presupuesto y Gasto Público, núm. 58/2010, págs. 29-38, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, © 2010, Instituto de Estudios Fiscales. Un texto del que es autor Juan Carlos CAMPOS MORENO, a la sazón Secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia.

Me parece que, en vez de tratar de resumirlo, reproduciré los párrafos, permitiéndome subrayar lo más significativo y alguna breve interpolación.

“El presupuesto del Ministerio de Justicia para 2010 asciende a 1.804,82 millones de euros lo que supone un incremento del 13,77% sobre el ejercicio anterior en términos homogéneos, esto es, descontando las transferencias a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias efectuadas en 2009 y que se corresponden con 32,78 millones euros.”

“Este destacable incremento de los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia cobra mayor relevancia dado el actual contexto económico, que obliga a una drástica contención del gasto público. Sin embargo, la austeridad no resulta incompatible con la ambición de acometer la inaplazable reforma de la Justicia. A fin de combinar austeridad y ambición, se han reorganizado las partidas de gasto de manera que el presupuesto del Ministerio de Justicia responde a dos características fundamentales: austeridad en gastos corrientes y de servicios y, al mismo tiempo, especialización y concentración de los créditos en las actuaciones de modernización de la administración de justicia.

“A lo largo de las distintas partidas de gasto queda patente el esfuerzo de contención en los gastos corrientes en bienes y servicios. La actual coyuntura económica ha exigido reducir los gastos no productivos y aumentar los destinados a inversiones. Así y tomando en consideración la clasificación económica del gasto, el capítulo 2 disminuye sus dotaciones en un 1,32% respecto al año precedente. La misma situación económica es la que explica, por otra parte, el incremento del 5,21% en transferencias corrientes, al aumentar los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, por la mayor litigiosidad que se está produciendo [AOS: Obviamente, el Sr. Campos Moreno no se enteraba de la realidad de la Justicia: ya hacía un año al menos que la litigiosidad estaba siendo menor, no mayor]. Se trata, por tanto, de un presupuesto que refleja el impacto que tiene la actual crisis económica en la administración de justicia.”

Y ahora viene lo más sustancioso y significativo. Ahora se explica en qué se han gastado los dineros de más, mientras se reducían los gastos corrientes en bienes y servicios, llamados “gastos no productivos”. Ahora veremos las “inversiones”, “las actuaciones de modernización de la Administración de Justicia” (minúsculas en el original de CAMPOS MORENO). No pierdan palabra, porque la explicación, sin duda de buena fe, no tiene desperdicio, aunque el dinero sí se haya desperdiciado.

“De otro lado -prosigue CAMPOS MORENO-, la clasificación económica del presupuesto de Justicia refleja la concentración del incremento presupuestario (218 millones de euros) en los distintos elementos del Plan Estratégico de Modernización. En primer lugar, se destinan 151,59 millones de euros a conseguir una Justicia tecnológicamente avanzada. Esta parte del presupuesto se dirige a Modernización de la justicia: aquellas actuaciones tendentes a facilitar y agilizar los trámites y notificaciones, mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y, sobre todo, favorecer la interoperabilidad entre todos los operadores jurídicos, los ciudadanos, y las Administraciones Públicas. De manera paralela, estas actuaciones permiten situar al Ministerio de Justicia como una institución de innovación y excelencia tecnológica. Esta característica del Ministerio es lo que ha permitido que ha permitido desarrollar importantes sistemas de gestión procesal (Minerva y Minerva-NOJ) o de intercambio telemático (LexNET). En esta línea, otro importante instrumento es el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ). Este sistema se puso en marcha en febrero de 2009 e incluye todos los registros centrales, como el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro de Central de Medidas Cautelares, el sistema de Intercambio de Antecedentes penales europeo (Network Judicial Register) y el Registro de Rebeldes Civiles. El incremento presupuestario previsto para 2010 permitirá asimismo consolidar todos estos proyectos a partir del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad (EJIS).”

“En segundo lugar, el presupuesto permite implantar una nueva organización judicial a través de una gestión más racional de los recursos personales de la administración de justicia. A este respecto, se prevén créditos por 34,66 millones de euros para la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ). La NOJ contará con nuevos medios de telecomunicaciones (salas de vista con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias). Además, la implantación de la Nueva Oficina Judicial constituirá un motor del cambio en el proceso de modernización de la administración de justicia al concentrar la triple transformación que operarán las leyes procesales (organizativa, técnica y de distribución de competencias).”

“En tercer lugar, uno de los elementos estratégicos para la modernización y mejora de la eficacia de la administración de justicia es el desarrollo de un Nuevo Mapa Judicial. Con una dotación de 48,47 millones de euros, se procederá a la creación de 200 nuevas unidades judiciales, 50 de las cuáles corresponderán a la nueva figura de los jueces de adscripción territorial.”

“También se convocarán en 2010 hasta 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para secretarios judiciales. Además de la creación de unidades judiciales y de la convocatoria de nuevas plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, buena parte de los esfuerzos se dirigirán a establecer las bases para una nueva demarcación y planta judicial que adapte el mapa judicial a los cambios experimentados por la sociedad española.”

“Otro elemento estratégico con el consiguiente reflejo en los presupuestos es la potenciación de los gastos en infraestructuras. Con un crédito para 2010 que alcanza los 72,3 millones de euros, y que representa un incremento interanual de 15,2 millones de euros, se desarrollarán actuaciones dirigidas a la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes, así como la supresión de las barreras arquitectónicas. A esta última finalidad se destinan 1,35 millones de euros.”

Leídos con atención los párrafos precedentes, parece bastante claro lo sucedido. Trataré de resumirlo con claridad y la consiguiente e inevitable crudeza: hubo -y sigue habiendo- menos recursos aún para el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia y se malgastó la parte del león del incremento presupuestarios en objetivos que sonaban muy modennos, pero que no se consiguieron, sino que cooperaron a una situación de muy serio empeoramiento y, en no pocos casos, de desastre. Vean una expresiva fotografía, publicada hace poco en un periódico de ámbito nacional:

Por si no leen bien en la foto lo que dice el cartel es esto: “DEBIDO AL RECORTE DE PERSONAL QUE HA PADECIDO ESTE JUZGADO, EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS SE HA ALARGADO”. Se dilapidaron 151’99 millones de euros, porque no funciona Minerva ni Minerva-NOJ y no funciona el SIRAJ, al menos no como lo presentaba CAMPOS MORENO. Tampoco funciona en absoluto la informatización del Registro Civil Central, de lo que se mostraba máximamente orgulloso el ya ex-Ministro Sr. Caamaño cuando cedía los bártulos a Sr. Ruiz Gallardón. Se fue mintiendo descaradamente, como mentía cuando empezó. Y se desperdiciaron otros 34’66 millones de euros para la implantación de la NOJ. Es nada menos que su gran valedor, el Consejo General del Poder Judicial, el que tiene pedida formalmente la suspensión de la NOJ, en el sentido de no seguir “implantando” en más ámbitos territoriales la combinación de software y protocolos.

No sé qué ha podido ser del Nuevo Mapa Judicial, pero, si me atengo a la falta de noticias al respecto (cuando han proliferado las noticias simplemente falsas sobre el comienzo de esto y de lo otro, que no comenzaban), me inclino a pensar que no ha habido nada de nada. Que cualquier lector más enterado tenga a bien informarnos, por favor, así como sobre la convocatoria en 2010 de 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para Secretarios. En cuanto a los 72’3 millones para “construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes”, no me parece que este concreto esfuerzo presupuestario, si es que el presupuesto ha sido realizado, haya redundado en una mejoría medianamente visible de las sedes judiciales.

Lo que ha habido son dos hechos. El primero ha sido un aumento de la duración promedio de los procesos, especialmente importante en “gestiones” tales como notificaciones (21%), embargos (17,6%) y lanzamientos (13’3%), todas ellas atribuidas a la Nueva Oficina Judicial (NOJ). El segundo hecho es que una serie de empresas, subcontratistas casi todas de RED.es, se han embolsado unos 200 millones de euros, por un pésimo trabajo de software (lo aclaro sobre todo para lectores no españoles, no vayan a pensar que había que llenar de ordenadores los Juzgados, Audiencias y Tribunales de España). El de esas empresas no ha sido un trabajo deficiente, muy mejorable, no: ha sido un trabajo pésimo: entorpecedor, retardatario, objetivamente saboteador, por así decirlo.

Podemos y debemos exigir que se investigue a quiénes, cómo y por qué se adjudicaron los contratos de informatización fracasados, así como los contratos de los “animadores” de “implementación” de la NOJ y otros adelantados igualmente fracasados como los de “cita previa”, que han hecho disminuir la entrega de certificaciones en más de un 50 % respecto. No es que queramos hacer sangre. Es que toda una orientación -aunque pienso que equivocada, porque los gastos corrientes no debieron recortarse, que ya eran escasos- de funcionamiento de la Justicia española ha resultado una burla sangrienta con el super-fiasco de la informatización judicial. No es sangre lo que deseo: es justicia, es responsabilidad. Quienes cometen errores de tanta magnitud e importancia no pueden, ante todo, resultar desconocidos y, después lucrarse tranquilamente con el dañino pseudo-trabajo que han hecho.

Desde luego, el relevo gubernamental no excusa esta tarea de pedir cuentas y exigir que se rindan al detalle. Entre otras cosas, porque se corre el peligro de que las cosas torcidas -y gravemente torcidas, con perjuicio de muchos miles de personas- no se enderecen e incluso se retuerzan y empeoren más.

ALGO BÁSICO SOBRE NUESTRA JUSTICIA Y ALGUNA PISTA DE LO QUE EN ELLA OCURRE (I)

2012-01-06T01:36:00.002+01:00

CONTRA LO QUE TODO EL MUNDO CREE, LA LITIGIOSIDAD DISMINUYE EN ESPAÑA

PERO AUMENTA LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS

En el discurso de su investidura como Presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy puso bastante énfasis en “reducir la litigiosidad”. Días después, el nuevo Ministro, Sr. Ruiz Gallardón, reclamó también, con bastante dramatismo, la reducción del número de procedimientos judiciales. Me parece que estas tópicas aspiraciones (merecedoras de un análisis a fondo, que no tardaré en hacer) se formulan sobre la base de una creencia muy generalizada, a saber: que la litigiosidad no deja de crecer en España. Es una creencia falsa porque la verdad o la realidad no es ésa, sino ésta otra: la litigiosidad ha dejado de crecer en España hace ya un par de años. Y, en algunos campos, el descenso no es pequeño. Dicho de otro modo: la crisis económica no está bloqueando los Juzgados y Tribunales por un tremendo aumento de la litigiosidad. Desde que la crisis es indisimulable, indisimulada y gravísima, desde hace ya dos años, la litigiosidad no para de disminuir y, por tanto, estaría aliviando a los Juzgados y Tribunales. De modo que si hay un “bloqueo”, será por otras causas.

Por qué, siendo los datos públicos y oficiales, se sigue con el tópico del aumento de la litigiosidad, es un interrogante que sólo tiene una respuesta: respecto de la Justicia, casi todo el mundo, comenzando por los diversos responsables máximos, habla de oídas, sin saber de lo que habla ni comprobar su "intuición" o primera impresión. Pero no es una simple frivolidad de escasa monta. Es temeridad, irresponsabilidad y, por añadidura, chulería de baja estofa cuando se exhiben ínfulas cuasi-mesiánicas. Tener responsabilidades sobre la Justicia y errar sobre la situación de la litigiosidad es como asumir el Ministerio de Marina en España y no saber cuántos mares bañan nuestras costas o aceptar el Ministerio de Agricultura pensando que estamos en un régimen de lluvias excepcional cuando llevamos meses de sequía y los pantanos están a la mitad. Si ignorar el precio medio del cafelito mañanero, como le ocurrió a Rodríguez Zapatero, ya dio mucho que pensar y que hablar, este resbalón sobre la litigiosidad no es para menos, sino para más.

DEL 2009 AL 2010

En 2010, ya se había producido una disminución de la litigiosidad en todas las ramas u órdenes de la Justicia, respecto del año 2009: si se consulta la “Memoria del Consejo General del Poder Judicial, de 2011” (aprobada por el Pleno el 21 de julio de 2011), en el apartado “Panorámica de la Justicia durante 2010”, se verá que se abre con una “VISIÓN DE CONJUNTO”, cuyo primer párrafo dice literalmente lo siguiente:

“En el año 2010 han ingresado 9.355.326 asuntos en los órganos judiciales con una disminución del 2,2% respecto a los ingresados en 2009. Esta reducción se produce después de una serie ininterrumpida de crecimientos anuales que fueron especialmente elevados en 2008 y 2009.”

Después de insertar una tabla de asuntos ingresados, desde 1999 hasta el 2010, en la Memoria se puede leer el siguiente párrafo:

“Esto ha provocado que la litigiosidad haya alcanzado en 2010 la cifra de 199 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, con una reducción del 2,8% respecto a la de 2009 (AOS: que fueron 205) En el mismo periodo el incremento de la población ha sido del 0’6 %.”

Otro documento importante del CGPJ es el denominado “La Justicia, dato a dato”, un informe anual, que aprueban los Vocales encargados de la Estadística Judicial.

En una versión resumida en “power point” de ese documento -una versión descaradamente propagandística, por cierto- hay, sin embargo, una tabla que reproducimos. Aunque los porcentajes no coinciden exactamente con los de los textos de la “Memoria”, que copiaremos enseguida, dan una clara idea de que en los cuatro órdenes o ramas de la Jurisdicción ordinaria se registró en 2010 una disminución de litigiosidad respecto de 2009.

Un desglose por órdenes o ramas de la Jurisdicción ordinaria es éste, siempre según la última “Memoria” del CGPJ:

Jurisdicción civil:

“En esta jurisdicción han ingresado en 2010 un total de 1.984.098 asuntos, con una reducción del 2% respecto a 2009, rompiéndose una serie interrumpida de incrementos desde 2001.”

“Analizando el conjunto de la jurisdicción (AOS: civil) con las tasas de resolución, pendencia y congestión, observamos un importante incremento de la tasa de resolución y reducciones en las de pendencia y congestión, por lo que podemos concluir que esta jurisdicción ha mejorado situación a lo largo de 2010.” (AOS: es una conclusión muy matizable, porque, entre otras cosas, no tiene en cuenta otros elementos, que aparecerán en este “post”)

Atención a estos dos ámbitos significativos:

“La situación de las ejecutorias ha continuado empeorando, al haberse producido un crecimiento del 1’8 % de las ingresadas (por contraste al incremento del 35% del año anterior) Las resueltas se han incrementado un 6,4% y las que han quedado en trámite en un 17,4%, alcanzando la cifra de un 1.761.792.”

El mismo documento define las “ejecutorias” así: “Se entiende por ejecutorias los procesos mediante los que se materializa lo decidido o resuelto en una sentencia o en cualquier otro título judicial o extrajudicial que por imperativo legal lleva aparejada ejecución” Quiérese decir, por tanto, que si en una sentencia u otro papel han declarado tu derecho, pero el deudor no te paga o no ejecuta voluntariamente lo que debe, tus posibilidades de que la Justicia remedie eso, mediante la “ejecución forzosa”, se han visto aún más reducidas que de ordinario.

“Las ejecuciones hipotecarias, tras los enormes incrementos del 126,2% de 2008 y del 59% de 2009, se han estabilizado con un leve aumento del 0,3%, alcanzando la cifra de 93.622.” Enseguida veremos que han disminuido notablemente en el 2011.

Jurisdicción penal:

“Después de muchos años de continuo crecimiento, los 6.639.356 asuntos ingresados en la Jurisdicción Penal representan una reducción del 1,5% respecto a los ingresados en 2009.”

Pero, “el número de asuntos resueltos se ha reducido en un 1,4%, alcanzándose los 6.614.210. Los asuntos que quedaron en trámite al final del año, 1.183.715, representan un incremento del 2,9% respecto a 2009.”

Jurisdicción contencioso-administrativa: Un significativo descenso de la litigiosidad:

“En la Jurisdicción Contencioso Administrativa han ingresado 287.444 asuntos, un 9,4% menos que en 2009, rompiéndose un periodo ininterrumpido de incrementos iniciado en 2000.” ”En todos los órganos de la jurisdicción se ha producido una reducción en el ingreso, especialmente en los Juzgados (del 9’5) y en las Salas de los TSJ (del 10%).”

Jurisdicción social o laboral:

“El número de asuntos ingresados en 2010 ha sido de 444.316, con una reducción del 8,3% respecto a los ingresados en 2009.”

DEL 2010 AL 2011

Pero es que lo que comenzó en 2010 ha continuado, y aceleradamente, en 2011. Aparte de que nos lo digan quienes no se limitan a pisar su Juzgado, Audiencia o Tribunal, convencidos de que su mundo es el mundo, de que su tribunal es la Justicia, disponemos de otro documento del CGPJ titulado “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales: Tercer trimestre de 2011”. En este papel se expone la evolución respecto del mismo trimestre de 2010. Me parece que será suficiente reproducir unas cuantas frases:

"Las ejecuciones hipotecarias experimentaron en nuestro país una importante reducción en el tercer trimestre del 2011. Según se desprende del informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados de Primera Instancia e instrucción ingresaron 14.894 ejecuciones, lo que supone un descenso del 23,1 por ciento"
"A su vez, los 177.892 procesos monitorios iniciados en esos Juzgados muestran una reducción interanual más acusada, del 43,8 por ciento, con bajadas superiores al 50 por ciento en Asturias, Canarias y Madrid". Hay que subrayar que éste es el tipo de proceso civil más frecuente en España desde hace una década.
Es de señalar, asimismo que “los lanzamientos practicados por los Servicios Comunes han seguido aumentando su número en este tercer trimestre de 2011. Se registraron 10.869 lanzamientos, con un crecimiento del 14,2 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Por el contrario, los 17.546 embargos practicados por estos servicios suponen un descenso del 32,5 por ciento.“ Así, pues, una importantísima reducción de la ejecución forzosa.
"Los divorcios consensuados suponen un descenso del 0,6 por ciento. La caída de los divorcios consensuados comenzó a producirse en el segundo trimestre de 2011 (con unas reducción del 5,9 por ciento), cuando estos procesos habían tenido incrementos interanuales durante todo el año 2010. Los divorcios no consensuados implican una disminución del 1,4 por ciento. Es un porcentaje menor que el del segundo trimestre de 2011, bajaron un 4,7 por ciento. Por su parte, las separaciones no consensuadas han presentado un incremento del 7 por ciento, tras cinco trimestres de reducciones interanuales. El comportamiento de las separaciones consensuadas ha sido similar, con un leve aumento del 1,4 por ciento tras cinco trimestres de descensos."
"También en la Jurisdicción Social, las reclamaciones de cantidad han caído un 5,4 por ciento respecto al tercer trimestre de 2010 al registrarse 32.371 reclamaciones. Son ya ocho los trimestres sucesivos en los que se han producido descensos en este tipo de demandas."

Por tanto, los únicos incrementos significativos registrados en el tercer trimestre de 2011 se limitan a los concursos de acreedores, ejecución de desahucios y demandas por despido, aunque éstas van cayendo mucho.]

AUMENTA DURACIÓN PROMEDIO DE LOS PROCESOS

Mientras disminuían los nuevos asuntos, en todos los ámbitos jurisdiccionales, con la excepción de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (donde el retraso era muy importante) y algún tribunal más, en 2010 creció la duración de los procesos respecto de 2009. Parece curioso que eso coincida con un menor ingreso de asuntos, pero hay que tener en cuenta lo que a comienzos de 2009 estaba por resolver. Las causas han de ser otros factores. Éstos son los datos oficiales sobre la Jurisdicción civil, la más relevante en cuanto a la presunta manía de litigar que, al parecer, padecemos los españoles.

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA DE LOS PROCESOS CIVILES (en meses)

2008 2009 2010 Evolución

Primera Instancia: 7’4 7,7 8,4 6,3%

Segunda Instancia: 5’5 5,5 5,8 5,3%

Supremo: 19’4 18,5 13,6 -26,9%

Muchos profesionales considerarán irreales esas duraciones promedio. A mí me lo parecen también, pero, en todo caso, hay un reconocimiento oficial del aumento de la duración.

Y me parece particularmente interesante este dato sobre diligencias que debían practicar los Servicios Comunes, ejes de la Nueva Oficina Judicial (NOJ):

“Las duraciones medias han sufrido importantes incrementos respecto del año 2009: un 21% para las diligencias unipersonales, un 17,6% para los embargos y un 13,3% para los lanzamientos.”

“Diligencias unipersonales” es el nombre, mezcla de “modernez” y cursilería ridícula, con que ahora se designa a las notificaciones. La NOJ ha logrado, en un año, tamaños retrasos en notificar ciertas resoluciones, en embargar bienes y en desalojar a los desahuciados.

Continuaré. Porque, leído lo dicho por el nuevo Ministro de Justicia, que nos comparó con Francia (ya se lo contaré), habrá que hablar un poco de Francia y sus cifras. Y, por supuesto, de otros datos, donde quizá encuentren Vds., como yo, alguna pista de lo que ha estado y está pasando y, muy probablemente, seguirá pasando con nuestra Justicia.

MÁS QUE UN “TIJERETAZO”, UN ENORME “SABLAZO”, CON SABLE, A LA CLASE MEDIA ESPAÑOLA

2012-01-01T02:04:00.000+01:00

UNA SOSPECHA SOBRE EL POR QUÉ DEL SABLAZO

Apunte rápido sobre las medidas económicas en España y un deseo para 2012: que sea el año en que se recupere el principio de responsabilidad

Para los lectores no españoles, una aclaración: “sablazo” significa literalmente golpe de sable, pero es palabra utilizada también, metafóricamente, para expresar el golpe duro e inesperado que asesta a nuestro bolsillo un pariente o amigo al que, por compromisos o por presión difícilmente resistible, se le deja dinero, sabiendo que nunca se volverá a ver.

Comienza a producirse un aluvión de explicaciones y análisis sobre las medidas económicas decretadas por el nuevo Gobierno español este pasado viernes 30 de diciembre de 2011. No voy a enunciarlas aquí, ni siquiera las principales. Sólo voy a transmitir mi impresión, coherente con lo que vengo sosteniendo en este “blog” desde hace ya más de un año (v., a título de ejemplo, http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html) , sobre el incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (lo del IBI se resume en el submisterio 321 de la política económica: ¿cómo puede el Catastro, contra toda evidencia sobre el valor decreciente de los inmuebles, incrementar su valor? ¿Vale todo para recaudar? ¿Sí? Supongo, entonces, que los delitos contra la propiedad desaparecerán en breve.)

El IRPF aumenta notablemente para toda la clase media española, que ha venido sosteniendo el consumo y la producción y manteniendo cierto nivel de ahorro. Sostener el consumo y la producción era y es sostener el empleo. Era y es el punto en el que apoyar cualquier palanca de recuperación de la economía real. Pues bien, eso se acabó o será mucho más difícil. Desde febrero próximo, millones de personas verán numéricamente adelgazadas sus retribuciones mensuales porque en sus nóminas se incrementarán las retenciones también mensuales a cuenta del IRPF. La presión fiscal directa se sitúa por encima de Suecia.

Dícese que este “sablazo” se debe a la sorpresa de encontrarse con un déficit público muy superior (el 8%) al esperado (el 6%). Aparte de que no sé cómo podían esperar algo fiable de sus predecesores y cómo han podido descubrir tan pronto el “gap” (muy tontos para lo primero, demasiado listos para lo segundo), lo cierto es que el discurso de investidura del nuevo Presidente del Gobierno ya contenía -perdonen el tópico oxímoron- un clamoroso silencio sobre Comunidades Autónomas y Municipios en todo los pasajes relativos a austeridad, ajuste fiscal, recortes de gasto público, etc. Y ese silencio es perfectamente complementario con una primera andanada de “tijeretazos” o “sablazos” que elude adelgazar los gigantescos costes del Estado español, en el que se integran las Comunidades Autónomas y los Municipios. Lo que se dispone ahora es recaudar más cabalmente para seguir pagando el Estado de las Autonomías, agigantado hasta extremos mastodónticos casi inverosímiles. Porque más del 50 % de lo que se recauda por el IRPF va a parar a las Comunidades Autónomas (y a los Ayuntamientos). Nunca he propugnado que desaparezcan las Comunidades Autónomas, aunque tampoco soy responsable en nada de su existencia y tamaño. Sí he defendido, como tantos otros españoles, que adelgacen o sean adelgazadas en serio. Y de eso, por ahora, nada.

A simple vista, las medidas de ayer, que desmienten una reiterada afirmación del Presidente del Gobierno en el sentido de no subir los impuestos, dan para escribir textos incendiarios. Dejando a un lado las declaraciones del Sr. Rubalcaba, no he visto más que un único texto en tono de libelo contra el expolio de los ciudadanos en favor de la clase política. Seguramente irán apareciendo más textos críticos, pero, en estas primeras horas, el tono de los comentarios ha sido muy contenido, suave. Probablemente, son pocos los que quieren encabezar una oposición dura a un Gobierno que se estrena, respaldado por mayoría absoluta. Ésa es mi malévola interpretación del moderado fatalismo apreciable y no digamos de los elogios a las medidas. Quien más quien menos, algo espera del Estado (de este “Estado de partidos”, en que casi todo empasta con el Ejecutivo).

Voy a evitar, yo también, cualquier matiz de tono entre la indignación y la cólera. Pero me resulta imposible escribir un comentario que, por un lado, aplauda las medidas como aptas para apoyar una recuperación real de la economía. Sus efectos serán los contrarios. Y no puedo pensar que sea equitativa la subida del IRPF, porque los incrementos afectan ya a personas con recursos escasos (“mileuristas” puros) y las diferencias de tipo aplicable según la distinta base liquidable no están debidamente escalonadas. Así, a la reforma le da lo mismo que se ganen 400.000 euros anuales que el doble o el triple. Desde el punto de vista de la legitimación política y social, el trato discriminatorio en favor de las rentas más altas y a las rentas de capital es difícil de justificar. Mr. Warren Buffet bien podría repetir para España lo mismo que ya escribió en el New York Times: “Stop Coddling the Super-Rich”: “Dejen de mimar a los super-ricos” (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/search/label/Warren%20Buffet) No es que aquí haya muchísimos super-ricos, pero sí unos cuantos y el "plus" de su cuota de solidaridad es, en euros, poco significativa.

Pero hay algo más y más serio aún, si cabe, por lo que evito una crítica acerba. Me inclino decididamente a pensar que el nuevo Gobierno hubiese preferido no desmentir la promesa, en el programa del PP y en el discurso del Sr. Rajoy, de no tocar los impuestos para subirlos. Y descarto la amnesia. Pero, atando cabos, tengo una fuerte sospecha. La sospecha de que estas ansias recaudatorias obedecen, en grandísima medida, a una situación de máxima proximidad a la quiebra de varias Comunidades Autónomas, no todas, por cierto, en manos, actuales o pasadas, de gobiernos socialistas. Los indicios han aparecido en prensa. Desde luego, sería un desastre tremendo para España que varias Comunidades Autónomas suspendieran pagos indisimulablemente o, como ahora se dice, entrasen en un innegable default. Evitar ese desastre explicaría el sablazo. No lo hace bueno, pero sí quizás inevitable. Que no se hable por ahora de dietas fuertes en las Comunidades y que se anuncien más medidas, más profundas, en marzo, son dos datos que encajan con un tercero: hay unas elecciones autonómicas en un horizonte próximo, precisamente en marzo y precisamente en Andalucía. Pero si tengo razón, sucede que, además de empobrecernos, no nos hablan claro. Nada de trasparencia, que estamos en guerra (pero, entonces, que no la hubiesen prometido como la acababan de prometer).

No trato de que Vds., generosos lectores de POR DERECHO, comiencen tristes este año 2012. Al contrario: no se dejen arrebatar la alegría, que no debe depender de ninguna coyuntura, sino que está en nuestro interior como una chispa divina, de ese Padre amante que vive sobre la cúpula del cielo: Sí, Brüder, über'm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Como en otra ocasión, les recuerdo An die Freude, la Oda a la Alegría, de Friedrich von Schiller, reescrita en la asombrosa música de Ludwig van Beethoven, en el final de su Novena Sinfonía, en versión dirigida, esta vez, por Leonard Bernstein:

http://www.youtube.com/watch?v=c0pNOLcXt5Q&feature=related

Les copio la letra de lo que pueden escuchar:

Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Laufet, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.	Felices, como vuelan sus soles Por el maravilloso plan del Cielo, Recorred, hermanos, vuestro camino, Alegres, como un héroe a la victoria.
Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn über'm Sternenzelt! Über Sternen muss er wohnen.	Recibid un abrazo, millones. Este beso para todo el Mundo! Hermanos, por encima del cielo estrellado debe vivir un Padre cariñoso. Os postráis, millones? Presientes al Creador, mundo? Búscadle sobre el cielo estrellado! Debe vivir sobre las estrellas.
Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen. Seid umschlungen, Diesen Kuß der ganzen Welt! Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt. Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, Freude, schöner Götterfunken!	Recibid un abrazo, millones. Este beso para todo el Planeta! Hermanos! por encima del cielo estrellado Debe vivir un Padre cariñoso. Un abrazo, millones. Este beso para todo el Planeta! Alegría, bella chispa divina, Hija del Elíseo, Entramos, borrachos de fuego, Divina, en Tu santuario! Tus hechizos reúnen Lo que la costumbre severa dividió; Todos los hombres serán hermanos, Donde repose Tu suave ala. Alegría, bella chispa divina, Hija del Elíseo, Alegría, bella chispa divina!

A PESAR DE LOS PESARES, POR ENCIMA DE ELLOS, DESEO A TODOS ALEGRÍA Y SERENIDAD EN ESTE 2012.

Además, si todos hacemos lo que podamos, el 2012 puede ser, al menos, el año en que comience a restaurarse el principio de responsabilidad. Los "agujeros" tienen que explicarse y hay que ponerles nombres y apellidos. Si lo lográsemos entre todos, no sería un año más de depresión. Sería un año de reconstrucción de los cimientos.

INTOLERANTES CON LA DISCREPANCIA O LA SUPRESIÓN DE LAS LIBERTADES INTELECTUALES

2011-12-28T17:09:00.002+01:00

EL “DIÁLOGO DEMOCRÁTICO DEL ENEMIGO”

Todos los lectores de este “blog”, aunque no hayan estudiado Derecho, saben lo que es mediar, lo que es la mediación. Hace de mediador, por un motivo u otro, quien procura acercar posturas entre dos partes enfrentadas con el propósito de que lleguen a un acuerdo que a ambas les parezca mejor que el enfrentamiento (incluido el procesal). La mediación es cosa buena, que no puede merecer de nadie el menor reproche, salvo que, en vez de mediar, se trate de entrometerse. El mediador no es el entrometido, el “meticón”, el metomentodo, que suele salir mal parado. La mediación se ejerce cuando alguien la pide, de palabra o con gestos significativos y se desenvuelve pacíficamente cuando es aceptada, aunque sea a regañadientes, por quienes están en conflicto.

¿Quién puede estar en contra de la mediación, así entendida, no confundida con una oficiosidad agresiva, inoportuna e imprudente? Nadie, ¿verdad? Pues no, miren por dónde, yo -eso dicen- estoy en contra de la mediación. Francamente, no lo sabía y todavía no me lo explico, pero así lo afirman muy seriamente, con tono de reprimenda severa, algunos profesionales del Derecho. Fue publicar un breve texto crítico con un Proyecto de Ley de Mediación que caducó al disolverse las Cortes (véanlo, si quieren, en mi otro blog DOCUMENT-AOS) y ser declarado enemigo de la mediación y, por si fuera poco, enemigo por intereses espurios, por defender a los grandes despachos de abogados (cuando hace bastantes años que no ejerzo como abogado y nunca he formado parte de un gran despacho). Han decidido que a mí me disgusta la mediación. ¿Por qué rayos tendría que disgustarme a mí que haya gente que intente que dos partes enfrentadas conozcan mejor los puntos de vista del contrario, hablen, piensen y procuren llegar a un acuerdo, lo logren o no? Pero es que hay demasiadas personas que, en cuanto no leen lo que esperaban leer, ya no leen bien, se saltan frases enteras, suprimen párrafos, desprecian argumentos como si no existieran y atribuyen al autor con el que discrepan actitudes e intereses absolutamente inventados, pero que podrían explicar la discrepancia mucho más simple y fácilmente que los argumentos del discrepante. Así se ahorran leerlos con algún detenimiento.

Como ese mismo texto por el que se me declara enemigo de la mediación (e ignorante sobre la mediación, claro es) lo he expuesto -con ampliaciones que hacen aún más crítica mi opinión sobre el decaído Proyecto- en dos congresos sobre mediación a los que he sido invitado en Italia, con asistencia de numerosos mediadores y donde nadie lo ha entendido contrario a la mediación, sino contrario a una determinada forma de ver y de regular la mediación y se me ha pedido publicarlo en una revista seria, no tengo más remedio que concluir que esto de reaccionar sumariamente contra el discrepante es cosa typical spanish. No es exactamente así, porque en todas partes cuecen habas, pero en España estamos alcanzando grados nada envidiables de intolerancia y de incapacidad para hablar si no es con quienes piensan -o fingen pensar- exactamente como nosotros. Esto es lo más grave. Porque así no hay comunicación que valga. No hay posibilidad de progreso. Nadie se enriquece con los puntos de vista distintos y opuestos (tantas veces, sólo aparentemente opuestos). En infinidad de asuntos, sólo hay dos bandos y dos colores, blanco y negro. No hay grises que valgan, no hay opiniones discutibles. Y por tanto, no se discute. Cada bando trata de ganar. Y si ninguno tiene la sartén por el mango, trata de situar a “uno dei nostri” (a uno de los suyos) a cargo del mango de la sartén. Los observadores con actitud presumiblemente imparcial, desinteresada, no existen. O pueden existir, pero siempre que estén calladitos. Es como si se estuviese en guerra y se aplicase, a semejanza del Derecho Penal del enemigo, el “diálogo democrático del enemigo”, que sería otro de los numerosos retorcimientos del lenguaje para disfrazar una realidad y denominarla precisamente con el nombre de lo que se niega. No hay diálogo genuinamente democrático cuando no se escucha lo que muchos, incluso minoritarios, tengan que decir. En ese falso “diálogo democrático” sólo hablan entre sí los del mismo bando, porque han resuelto que tienen la razón en todo, que tienen toda la razón. ¡Ahí es nada! ¿No es ésa idea la raíz y la base de la actitud y de la praxis totalitarias?

Éste de la mediación es sólo un ejemplo. Los lectores habituales de este “blog” pueden estar pensando en otros. Pueden estar pensando, probablemente, en cómo se me declaró enemigo de los Secretarios Judiciales por el simple hecho de pensar y decir que, según la Constitución vigente, sólo ejercen jurisdicción los Jueces y Magistrados. Porque es eso, simplemente, lo que he defendido. Eso y sus ineludibles consecuencias. Nada más. Y nada menos. Sin embargo, me atrevo a pensar que en este “blog” ha habido finalmente debate, diálogo real, donde han aflorado, junto a elementos pasionales -que deberían rebajarse de intensidad, si no desaparecer-, posturas discutibles que han sido discutidas. Quiero pensar que se ha puesto de manifiesto que las discrepancias no son absolutas ni siempre debidas a animadversión o enemistad. Es de esperar -yo así lo espero- que el modelo actual de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) sea revisado sin la dialéctica belicosa del “diálogo democrático del enemigo”. La NOJ del futuro no es cosa que importe o deba importar para satisfacción de posturas corporativas mayoritarias (de jueces, de Secretarios, de la clase política partidaria de meter al Ejecutivo en la Justicia o del CGPJ, que se comprometió en exceso, fuera de sus atribuciones, con un modelo deficiente) sino para que la Justicia sea mejor para todos los que acuden o pueden acudir a ella. En todo caso, yo no represento a nadie ni me juego nada personal. Chuscamente, hubo quienes afirmaron que los profesores de Derecho Procesal opinábamos como la hacíamos para defender nuestros manuales. Una bobada enorme, porque, vistas las cosas así, ocurre exactamente lo contrario: los cambios requieren nuevos manuales. De modo que si estuviésemos en la llamada “industria textil” (que ya no rinde ganancias relevantes), mejor serían siempre los nuevos textos que las reimpresiones o reediciones de los antiguos.

Un último ejemplo, por hoy, de intolerancia, ésta fuera del ámbito de la Justicia. A la nueva Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, se le ocurrió hablar de “violencia en el entorno familiar” en su primer speech. De inmediato, le reprocharon en tropel no haber dicho “violencia doméstica” y, poco después, afinando la corrección dogmática, la anatematizaron por no haber utilizado la expresión “violencia de género”. A mí me parece que viene a significar lo mismo “doméstico” que “en el entorno familiar” Y también me parece inadmisible, no la expresión usada por la Ministra, sino esa tiranía sobre el lenguaje. ¿No se puede defender que calificar la violencia como “de género” es una opción lingüística como otras e incluso peor? Si una madre pega a su hijo o un hijo pega a su madre, ¿hay alguna distinción relevante respecto del caso en que la madre pegue a su hija o ésta a su madre? Yo no la veo, pero en este segundo caso, la violencia no sería “de género”, aunque sí “contra la mujer”. La Ministra bien podía haber respondido: “me expreso como me parece, sin que el modo de expresarme suspenda o derogue ningún precepto legal”. Pues no: acosada por los “correctos” y sus portavoces, ha tenido que asegurar, a la defensiva, que “no hay ningún cambio de terminología”.

En un plano más sustantivo, he presenciado ya en un par de ocasiones a jueces y profesionales del Derecho, entre los que había mujeres y hombres, plantearse seriamente, sin machismos ni feminismos, si la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no estaría siendo un factor criminógeno de esa violencia, es decir, si no estaría contribuyendo a aumentarla. Porque, aunque siempre ha habido varones-animales violentos y maltratadores, la radicalidad de algunas medidas de la ley podría estar conduciendo a la violencia a otro tipo de varones. No se trataba de justificar ninguna violencia, sino sólo de preguntarse por posibles efectos colaterales de exasperación y acorralamiento, que tal vez cooperarían a la producción de tragedias tales como el asesinato de mujer e hijos y al posterior suicidio o a la inmediata entrega voluntaria del asesino. Ninguno de los dos grupos que hablaba del asunto lo hacía con conclusiones preestablecidas, con respuestas a priori. Simplemente se preguntaban algo, no sin algunos motivos. Pero ambos grupos eran conscientes de que no era posible hablar públicamente de la cuestión. Serían socialmente linchados y probablemente represaliados. Gravísimo fenómeno, el de esta censura previa. Porque ¿no sería más razonable que los partidarios de la citada Ley fuesen los primeros y más interesados en saber si quizá lo legislado tiene algunos efectos negativos y no queridos y, en tal caso, ver de qué manera evitarlos?

Si no se puede ni hablar serenamente de ciertos temas, si no cabe discrepar sin ser declarado enemigo y, en consecuencia, sancionado al menos con el insulto y la descalificación personal, con la atribución de intenciones y finalidades perversas, lo que ocurre es que la democracia es meramente formal, sin espacio para una participación pacífica de las opiniones libres en la formación de la opinión pública, sojuzgada por un feroz dirigismo de los poderes, que han devenido, todos ellos, poderes fácticos, puesto que no respetan las libertades constitucionales, empezando por las del art. 20.1 de nuestra Norma Fundamental.

En las vísperas de un nuevo año, digo que soy consciente de lo que hay, que es esto, esta penosa situación, que, entre otros efectos, conduce también a que muchos jefes de todas clases no quieran a su lado a nadie que haga algo distinto de aplaudir constante e incondicionalmente. Y digo también que, aunque no pretendo que una ley de mediación responda a mis opiniones (entre otras cosas, porque no las tengo completas) ni me propongo que exista una oficina judicial conforme a mi modelo (tampoco lo tengo, aunque sí ciertas ideas) ni me apetece en lo más mínimo participar en ningún cambio de la L.O. 1/2004, estoy -sigo- dispuesto a pagar el precio de formar libremente mi opinión -incluso sobre los tres temas citados: mediación, NOJ, violencia de género- y expresarla aquí cuando me parezca oportuno. Que los de la sartén por el mango se lo pasen bien y disfruten de su talante liberal y democrático.

“DE LA EDUCACIÓN DEPENDE NUESTRO FUTURO”: LOS MALOS AUGURIOS DE ESTA PROCLAMA

2011-12-22T19:57:00.000+01:00

EN LOS TIEMPOS DEL “PERFIL”, UN MINISTRO DESPERFILADO

“El grado de adhesión al líder es inversamente proporcional al conocimiento que se tiene de él”. Escuché esta frase, no recuerdo de labios de quién, hace muchos años. Me pareció entonces muy certera y nada me ha hecho cambiar de criterio: todo lo contrario.

D. José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) comenzó a ejercer como Presidente del Gobierno (el “Gobierno de España”) con un alto grado de adhesión dentro y fuera de nuestras fronteras. Parece ahora muy claro que correspondía al escaso conocimiento que se tenía de alguien que, bien mirado, sólo había sido en su vida, legislatura tras legislatura, un Diputado del montón, obediente pulsador de los botones cuando tocaba votar. ZP se ha despedido con un altísimo grado de rechazo –decisivo para el triunfo del Partido Popular- porque la ciudadanía sabía ya mucho más que suficiente sobre las carencias y las manías del sujeto y sobre las devastadoras consecuencias de su inanidad y de la de sus acompañantes (por cierto, más cambiantes de lo habitual: a unos cuantos les pareció insufrible hasta la apariencia de subordinarse a semejante paradigma andante de estulticia y fanatismo).

A estas horas ya han tomado posesión los Ministros del Gobierno presidido por D. Mariano Rajoy. Por simples motivos de edad, no puedo aplicarles la máxima con la que he arrancado este “post”. Conozco personalmente a varios Ministros, pero, a casi todos ellos, muy poco. Y lo mismo tengo que decir del Presidente. De manera que no influyen en mi impresión las experiencias y recuerdos que, en cambio, otros tendrán por haber acompañado durante cierto tiempo a los nuevos gobernantes. Por lo demás, no me parece que, pasadas sólo unas horas desde que han tomado posesión (¡qué enorme anacronismo, Dios mío, el de las “tomas de posesión”!), sea un momento apropiado para transmitir críticas u objeciones. No se trata de que haya unos cuantos días en que no importe lo que hagan u omitan los gobernantes, días inhábiles, como si dijéramos, según un intocable protocolo consuetudinario. De lo que se trata es de evitar, por prudencia y justicia, juicios (incluso provisionales) precipitados y de esperar a conocer sobre los nuevos gobernantes algo más que la información sobre su trayectoria pasada, pues, en rigor, hay que dejar espacio y tiempo para la rectificación incluso si los antecedentes no son buenos.

Con todo, hay un elemento muy desconcertante, sin paliativos, en el nuevo Gobierno, en especial si se tiene en cuenta el duro esbozo de la situación educativa de España contenido en el discurso de investidura del Sr. Rajoy. Llevamos ya bastante tiempo con la moda de los “perfiles”: “perfil alto”, “perfil bajo”, “no me das el perfil”, “encajas en el perfil”. El "perfil" vale para todo: desde entrenador de fútbol (el benemérito Del Bosque no encajaba, según D. Florentino Pérez, en el “perfil” propio del Real Madrid) hasta Secretario General de la ONU, pasando por las plazas de Profesores Titulares de Historia Contemporánea o de Teoría de la Comunicación Espontánea I, materias susceptibles de innumerables “perfiles”. Pues bien, dado que, nos guste más o menos o nada, estamos en el mundo de los “perfiles”, es imposible resistirse al pensamiento de que un especialista en sondear a la opinión pública no da el “perfil” mínimamente adecuado para ser el nuevo “Ministro de Educación, Cultura y Deportes”. Me refiero a D. José Ignacio Wert. Vean su perfil según tres periódicos nacionales:

http://www.elmundo.es/elmundo/tags/ae/jose-ignacio-wert.html

http://www.abc.es/20111221/espana/abci-rajoy-ministro-201112211930.html

http://politica.elpais.com/politica/2011/12/21/actualidad/1324493630_285608.html

Habrá quien piense que mi criterio es que para ser Ministro de Educación (dejemos ahora la cultura y del deporte) hace falta ser Catedrático de Universidad. Pues no. De ninguna manera. En lo que podría ser mi gremio -que no existe siquiera- hay una muchedumbre de incompetentes para casi todo y, desde luego, para gobernar cualquier entidad. No hace falta ser tampoco miembro de otro cuerpo funcionarial docente. Dentro de esos cuerpos puede haber –seguramente cabe encontrarlas, tomando precauciones- personas con “perfil” y cualidades, pero lo que resulta imprescindible es conocer a fondo al menos alguno de los diversos mundos educativos, cosa que el Sr. Wert no tiene acreditada en absoluto. Y no digo que no tenga ideas. Pero eso no basta e incluso puede ser malísimo. Porque ideas sobre la educación las tiene cualquiera (de hecho, las tiene todo el mundo) y no les han faltado ideas a los diversos responsables del desolador panorama actual. Pero ideas buenas y hacederas son harina de otro costal. Dña. Pilar del Castillo, por ejemplo, tenía ideas. Pero ahora no hay nadie en la Universidad que no piense que hubiese sido muy preferible que no hubiera tenido ninguna y, en consecuencia, no hubiese hecho nada. Nada hubiese sido infinitamente mejor que lo que hizo.

Después, con ZP, vinieron los ignorantes a promover sin la menor crítica el “proceso de Bolonia” (o, más exactamente, lo que ciertos pedagogos, psicólogos y sociólogos declaran imperativamente ser consustancial a “Bolonia”), que está siendo como las siete plagas bíblicas. E instauraron el nuevo sistema de selección de profesorado mediante evaluación de papeles por la ANECA, gran invento de la Castillo, ejecutado por D. Ismael Crespo, un “valido” de la Ministra, apoyado más allá de cualquier consideración racional. Como se veía venir, el PSOE aprovechó enseguida la ANECA, sólo para burocratizar la vida universitaria hasta el paroxismo. Ahora, los tijeretazos están siendo brutales y la promoción del profesorado, imposible (como comprenderán a mi personalmente no me afecta). Sin ir muy lejos, mi buen Rector, D. José Carrillo, ya ha implantado en la Complutense una “tasa de reposición cero” contraria a la misma idea de la Universidad. Pero a eso lo llama “eficiencia” y a las víctimas, por osar expresar su desolación, les insultan como “insolidarios”. Resulta que los compromisos públicos de una Universidad no valen nada cuando cambia el equipo rector. ¡Toma Estado de Derecho!

El nuevo Ministro, ¿es, como sociólogo y político, de la misma “escuela” que Dña. Pilar del Castillo? Como político me parece que no, pero ¿y como sociólogo? Espero que tampoco. Y, en todo caso -aunque lo que es dar el “perfil”, no lo da- deseo fervientemente que el Sr. Wert acierte. Espero que, con la capacidad de iniciativa de legislativa y la mayoría absoluta de que disponen, eliminen la actual evaluación de la ANECA y no permitan que crezca más y más la “bolsa” (¡otra “bolsa” más!) de “acreditados sin plaza”, de reconocidos sin reconocimiento. En este momento prenavideño, uno puede permitirse ilusiones poco fundadas.

Son poco fundadas, sí, porque está muy visto y muy experimentado: cuanto más afirman y repiten algunos que de la educación depende nuestro futuro, competitividad incluída, menos les importa en realidad la educación.

A todos los seguidores y visitantes de este "blog", ¡FELIZ NAVIDAD!

DURANTE SEIS DÍAS, TODOS EXCELENTÍSIMOS Y EXCELENTÍSIMAS; DESPUÉS, ALGO ASÍ COMO LA “LAUREADA JURÍDICA COLECTIVA”: LA “GRAN CRUZ DE SAN RAIMUNDO” COLECTIVA

2011-12-18T21:43:00.004+01:00

LA ULTIMA GRAN HAZAÑA JURÍDICA Y POLÍTICA DEL INCREÍBLE MINISTRO DE JUSTICIA

Me parece que debo disculparme. Conocedor como era de un insólito otorgamiento masivo de la máxima distinción que el Estado Español concede por méritos jurídicos -la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort-, oculté la noticia y no felicité a los innumerables destinatarios de esa condecoración, que se ha de otorgar mediante Real Decreto.

En mi descargo diré que, por más que miraba y remiraba el Boletín Oficial del Estado y veía los seis Reales Decretos medio escondidos -una osadía ministerial tan enorme, con desprecio completo de todas las normas pertinentes e implicación del Jefe del Estado (v. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326286346/Detalle.html)- no podía acabar de creer lo que veían mis ojos y, por otra parte, pensé que, ni siquiera para criticar, debía contribuir a hacer público lo que, según todas las señales, había pasado inadvertido.

Hay dos días al año -la onomástica del Rey y el Día de la Constitución- en que, de ordinario, se conceden estas Grandes Cruces -la máxima distinción entre ocho o siete, según las fuentes- y sólo extraordinariamente fuera de esos días “cuando se produzca algún hecho relevante o acontecimiento que así lo aconseje”. Estaba claro, por la igual y repetida justificación de los Reales Decretos (enseguida la verán), que el hecho o acontecimiento relevante era, en estos casos, el fin de ETA, cosa que ni siquiera el Gobierno de la Nación, del que era parte el Ministro de Justicia, se había atrevido a considerar un hecho cierto y digno de festejo. Así que, por todas estas razones, decidí no hacer de pregonero del dislate de que, en vista del pretendido fin de ETA, apreciado por el Sr. Caamaño, se concedía la máxima condecoración jurídica del Reino de España a todos y cada uno de los Jueces y Magistrados, los del Constitucional incluidos, y a todos y cada uno de los Secretarios Judiciales, con lo que, no tratándose de condecoración pensionada (como la última distinción otorgada por Rubalcaba a Gómez Bermúdez mediante Orden Ministerial), los beneficiarios simplemente pueden estar contentos, ostentar cuando sea oportuno una condecoración bien vistosa y deben recibir de por vida el tratamiento de Excelentísimos señores o Excelentísimas señoras (siempre que no sean Ministros del Gobierno de España: entonces serán “compañeros” y "compañeras" o "señores" o "señoras")

En los ambientes jurídicos es sabido que “la Raimunda”, como se conoce popularmente a esta distinción, se ha venido concediendo, en sus diferentes categorías, con bastante generosidad, lo que, en ocasiones, conduce a agravios comparativos. Pero una concesión masiva de “la máxima Raimunda” era algo nunca visto y ni siquiera imaginado.

Pero el Ministro Caamaño, campeón de ventas de humo, garante de constitucionalidad de Estatutos de Autonomía y rancio social-nacionalista a la vieja usanza, no iba a detenerse en su propagandística demagogia (por delante del mismo ZP) ante ninguna norma, ni siquiera si estuviese colgada en su “web”, con mucho la más propagandística (y mentirosa) de cuantas aparecen ramificadas desde www.lamoncloa.es. Así que vean, por si aún no se lo creen, lo que se publicaba en el

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, NÚM 287, MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2011

SECCION III. OTRAS DISPOSICIONES

18752

Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Por la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de noviembre de 2011.

Vengo en conceder a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid, el 25 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ

Con igual motivación al anterior, seguía otro Real Decreto (1747) de concesión de la misma Gran Cruz “a la Carrera Fiscal”:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18753.pdf

Y otro, igual, con igual contenido (1748) otorgaba la misma Gran Cruz a “la Abogacía del Estado”

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18754.pdf

Inmediatamente después, éste otro R-D.:

18755

Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Vengo en conceder a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid, el 25 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ

Y después, en otros dos Reales Decretos (1750 y 1751), otras tantas Grandes Cruces de San Raimundo a “la Guardia Civil” y “al Cuerpo Nacional de Policía”.

Son míos los subrayados de los Reales Decretos íntegramente reproducidos, para indicar quiénes eran, según el texto de los Reales Decretos, los beneficiarios individuales de la Gran Cruz. En otros Decretos, esa condecoración se otorgaba a “la Carrera Fiscal”, a “la Abogacía del Estado”, a “la Guardia Civil” y a “la Policía Nacional”. En el Real Decreto 1749/2011 la Gran Cruz era concedida a “los cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.”

Conforme a lo que se puede leer en la misma “web” del Ministerio de Justicia, está claramente dispuesto que cualquiera de las distinciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort se puede conceder a distintos tipos de personas, pero no a colectivos. Pero el Sr. Caamaño, por ser catedrático de Derecho Constitucional (no pregunten sobre este punto, por favor), es capaz de prescindir de cualquier regla y equiparar la Orden de San Raimundo de Peñafort con la Real y Militar Orden de San Fernando, instituida por Decreto número LXXXVIII de las Cortes de Cádiz, de 31 de agosto de 1811 y refrendada por Real Decreto de S.M. el Rey Don Fernando VII, de 28 de noviembre de 1814. Se trata de una institución aún vigente: véase el Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Hablamos de la que coloquialmente es denominada “Laureada de San Fernando”, que en su máxima categoría, puede ser y ha sido en ocasiones otorgada a colectivos: la “Laureada colectiva”. Caamaño inventa la “laureada jurídica colectiva”. Y así se la otorga a los ya citados cuerpos, con el refrendo del Rey, por los citados o reproducidos Reales Decretos. En otros casos, ya señalados, otorga "la laureada jurídica", la Gran Cruz de San Raimundo, a personas concretas, identificables por ser "miembros de...", en activo servicio, en excedencia, en servicios especiales o en cualquier otra situación.

Mas, por si el esperpento no era ya descomunal, por si la burla del mérito no alcanzaba el nivel del absoluto escarnio, todavía quedaba un segundo acto, porque en el

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, NÚM. 293, DE MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011

aparecían estos textos:

19190

Corrección de errores del Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional.

Advertidos errores en el Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional», debe decir: «a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional».

En el párrafo segundo, donde dice: «Vengo en conceder a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (…)», debe decir: «Vengo en conceder a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional (…)».

19191

Corrección de errores del Real Decreto 1748/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Abogados del Estado.

Advertidos errores en el Real Decreto 1748/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Abogados del Estado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a la Abogacía del Estado», debe decir: «al Cuerpo de Abogados del Estado»

En el párrafo segundo, donde dice «Vengo en conceder a la Abogacía del Estado (…)», debe decir: «Vengo en conceder al Cuerpo de Abogados del Estado (…)».

19192

Corrección de errores del Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Advertidos errores en el Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia», debe decir: «al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia».

En el párrafo segundo, donde dice: «Vengo en conceder a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (…)», debe decir: «Vengo en conceder al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (…)».

Con estos textos y conforme a lo que he subrayado, las Grandes Cruces de San Raimundo de Peñafort, otorgadas el día 29 de noviembre de 2011 a individuos, a personas, se convertían también, el 6 de diciembre de 2011, en “Raimundas colectivas”, en “Laureadas jurídicas colectivas”. Los Jueces y Magistrados y los Secretarios Judiciales dejaban de ser -salvo otro título- Excelentísimos Señores y Excelentísimas Señoras.

¿Necesita el esperpento algún comentario? Me parece que no. Pero para los buscadores de temas de tesis doctoral, he aquí algunos posibles: “Validez, anulabilidad o nulidad absoluta de los Reales Decretos 1746/2011-1751/2011: análisis formal y material”; “Naturaleza, requisitos y límites de las denominadas ‘correcciones de errores’”; “Procedencia de la revisión de oficio, por nulidad absoluta, de la concesión de condecoraciones”: “El acto administrativo sin autor conocido”; “Responsabilidad y 'culpa in vigilando' concurrentes de los actos refrendados por S. M. el Rey”, etc.

LAS RESOLUCIONES DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES NO SON JURISDICCIONALES, SINO ADMINISTRATIVAS

2011-12-17T01:01:00.000+01:00

UNA IMPORTANTE NOTICIA JURÍDICA QUE NO SERÁ NOTICIA… (POR AHORA)

La Sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, de 28 de septiembre de 2011 (BOE de 29 de octubre) y sus curiosas consecuencias.
(a los especialmente interesados: recomiendo leer los comentarios, porque hay mucho debate y se amplía el tratamiento del asunto y de la situación de nuestra Justicia)

Lo advertimos desde el principio. Lo advertimos -me refiero a la inmensa mayoría de los procesalistas- desde que la actual Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE de 4 de noviembre) era un proyecto de ley. “Van a conferir Vds. a los Secretarios Judiciales, que no son los Jueces y Magistrados del apartado 1 del art. 117 de la Constitución, funciones que sólo a éstos corresponden.” “No se están limitando Vds. a atribuir a los Secretarios Judiciales las resoluciones de tramitación procesal”, como cabía confiar que se interpretaría lo previsto en la L.O. 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (concretamente, el nuevo texto del art. 456 LOPJ: v., al final, en Anexo) (para los más interesados que no la conozcan o que la quieran releer, dejo este enlace a la Declaración de Profesores de Derecho Procesal titulada “POR LA UNIDAD Y LA INDEPENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y POR LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LOS CIUDADANOS”:

http://www.magistratura.es/component/content/article/165-declaracion-de-profesiores-universitarios-procesalistas; firmaron muchos más que los que aparecen en el enlace).

Uno de los asuntos atribuidos a los Secretarios Judiciales por la Ley 13/2009, al reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), fueron los procedimientos civiles, simples y expeditivos, por los que los Procuradores de los Tribunales y los Abogados reclaman provisión de fondos (los Procuradores) o su remuneración final (cuenta de sus derechos o minuta de honorarios, Procuradores o Abogados, respectivamente) (arts. 29, 34 y 35 LEC). Tras la mega-ley del 2009, son los Secretarios los que resuelven esas reclamaciones mediante decreto, que se convierte en título ejecutivo inmediato si no es cumplido. El decreto de los Secretarios, con esa fuerza ejecutiva, no impide, respecto de la reclamación de honorarios de Abogados, un proceso declarativo ulterior (el que corresponda por la cuantía) ulterior (lo que significan varios años para conseguir los honorarios impagados o la devolución de los honorarios, si el promotor del proceso declarativo es el cliente, que o ha pagado a toca teja o ha visto salir el dinero de su patrimonio, tras embargos y subastas, ordinariamente).

Pues bien, ha ocurrido que, incoado uno de esos procedimientos en relación con los honorarios de Abogado en asunto penal, reclamados a un Ayuntamiento, éste se opone, por entender que los honorarios se deben considerar integrados en un contrato de asesoría con el Abogado. El Secretario judicial de la Audiencia Provincial de G., ante la que se había seguido el asunto penal, dicta un decreto en el que desestima la oposición del Ayuntamiento y dispone, con apercibimiento de apremio (es decir, de inmediata ejecución forzosa), el abono de la cantidad que considera debida.

El Ayuntamiento formula recurso administrativo, de reposición o de alzada, el que corresponda, ante el Secretario, que lo inadmite. El Ayuntamiento interpone recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado, Ministerio de Justicia, impugnando el acto gubernativo del Secretario. Ahora, es un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de G. quien tiene el asunto encima de su mesa y ha dado traslado a las partes por diez días para que se pronuncien sobre la falta de jurisdicción (¿cómo podrá sostenerse la falta de jurisdicción de ese Juzgado sin contradecir al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, en la Sentencia de la que enseguida hablaremos?).

Pero el Ayuntamiento de G. formula también requerimiento de inhibición a la Audiencia y solicita la suspensión de la tramitación de la ejecución hasta la resolución definitiva del conflicto. Con el rechazo del requerimiento por la Audiencia Provincial queda formalmente planteado, el 27 de junio de 2011, un llamado “conflicto de jurisdicción”.

Conforme al art. 38.1 LOPJ, “los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.” (cursiva y subrayado son míos) Este singular tribunal es denominado Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales (TCJ), aunque, como se ve, tiene que resolver conflictos entre la Jurisdicción y la Administración.

Con fecha 28 de septiembre de 2011, en el conflicto de Jurisdicción nº 6/2011, suscitado entre el Ayuntamiento de G. y la Audiencia Provincial de G., el TCJ dicta su sentencia 6/2011, publicada en el BOE de 29 de octubre de 2011. Preside el TCJ D. Carlos Dívar Blanco y son Vocales D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat; (TS) D. Octavio Herrero Pina (TS); D. Fernando Ledesma Bartret; D. Antonio Sánchez del Corral y del Río y D. José Luis Manzanares Samaniego, ponente. Los tres últimos son Consejeros Permanentes de Estado, aunque Ledesma y Manzanares procedan del Tribunal Supremo.

La Sentencia, que es unánime, declara que no procede el conflicto porque la resolución del Secretario Judicial (el decreto sobre honorarios de Abogado) no es una resolución jurisdiccional. El centro de la argumentación es el siguiente breve fundamento jurídico tercero:

«El ejercicio de la potestad jurisdiccional, reservado exclusivamente a los Juzgados y Tribunales conforme dispone el artículo 117.3 de la Constitución, no se reparte entre todos sus componentes, sino que se residencia en los jueces y magistrados que ostentan su titularidad y, lo que es más importante, ejercen la jurisdicción. Los secretarios judiciales no forman parte del Cuerpo único de jueces y magistrados previsto en el artículo 122.1 de nuestra Carta Magna, ni su estatuto responde a las exigencias ineludibles en relación con los titulares de la jurisdicción. Baste recordar que, como se lee en el artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Cuerpo Superior Jurídico de los Secretarios Judiciales depende del Ministerio de Justicia. Luego, su artículo 463 subraya la ordenación jerárquica y la dependencia funcional de estos cualificados funcionarios de una Administración de Justicia que, en sentido amplio, incluye también actividades complementarias y auxiliares para el ejercicio de la potestad jurisdiccional.» (el subrayado y la cursiva son míos)

El asunto es remachado en el siguiente fundamento jurídico, en el que se lee:

«Conforme a los artículos 3 y 10.1 de la Ley Orgánica 2/1987, los órganos administrativos autorizados por dicha ley sólo pueden plantear tales conflictos a los juzgados y tribunales, lo que establece un requisito que no se cumple en la cuestión ahora sometida al examen de este Tribunal de Conflictos. El expediente de jura de cuentas no sólo ha perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permite ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. Al menos, en cuanto se oponga a los criterios claramente seguidos por la legislación vigente.”

La sentencia me parece tanto más importante en la medida en que se ha dictado por un tribunal heterogéneo sobre un asunto de técnica jurídica, sin real trasfondo político (salvo politización e ideologización fanáticas), sin expectación extraprocesal y, muy probablemente, sin que hubiese presiones acerca de su contenido. La unanimidad y la concisión del texto confirman la apreciación de que a los juzgadores no les ha parecido necesaria una compleja deliberación.

No es éste el momento de desarrollar las importantísimas implicaciones de la doctrina sentada en esta sentencia del TCJ. Pero sí procede apuntarlas. Diré, preliminarmente, que los Secretarios Judiciales venían defendiendo que, al amparo del aptdo. 3 del art. 117 CE (y como si no existiese el aptdo. 1 de ese mismo precepto), eran tan “órgano jurisdiccional” como los Jueces y Magistrados y, por tanto, podían ejercer la potestad jurisdiccional “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.

La trascendencia teórica, práctica e histórica de la sentencia y su doctrina son enormes. El TCJ sostiene lo mismo que los procesalistas: que los Secretarios Judiciales no pueden ejercer jurisdicción, porque no son Jueces y Magistrados (los del aptdo. 1 del art. 117 de la Constitución Española) y carecen de independencia. Por un lado, el TCJ lleva hasta el final esta tesis elemental al afirmar que los Secretarios no ejercen jurisdicción al sustanciar y decidir ese procedimiento de “cuenta jurada” (denominación inexacta en todo caso y más tratándose de honorarios de Abogados): el procedimiento no es ya jurisdiccional y tampoco lo es su decisión final, aunque se desarrollen físicamente dentro de un Juzgado o Tribunal. Mas, por otro lado, el TCJ, al limitarse a su estricta función, no se cuestiona que una reclamación de cantidad fundada en el cumplimiento de un contrato, que, en principio, es el civil de arrendamiento de servicios, en directa relación con un proceso, sea objeto de un procedimiento administrativo (aunque tramitado desde el interior de un órgano jurisdiccional) y finalice con una resolución administrativa, que resuelve sobre el crédito y la deuda. Desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, el tradicional, clásico y razonable planteamiento de un proceso civil (expeditivo, además) para un asunto civil (casi siempre) muta en el control jurisdiccional, vía proceso contencioso-administrativo, de una previa decisión administrativa del Secretario.

Se produce así más administrativización, en la línea de la “Ley Sinde”, pero aquí, no por el propósito expreso de manejar desde la Administración ciertas cuestiones de propiedad intelectual, sino por torpeza e inadvertencia del “genial” legislador de 2009 y de sus “hinchas”: estoy razonablemente seguro de que no pretendían lo que se ha producido. Desde el punto de vista práctico, que muy probablemente será el de más eco, Abogados, Procuradores y testigos (para reclamar indemnización por sus gastos: art. 375 LEC) se encuentran con que, en lugar de un proceso y una decisión jurisdiccional civiles rápidos, han de transitar una senda administrativa y contencioso-administrativa, mucho menos rápida. Desde el punto de vista histórico, el Secretario Judicial, servidor público con un específico perfil de muy hondas raíces, ha sido transformado, ahora sí sin lugar a dudas, en un funcionario más del grupo A, del Ministerio de Justicia. Nada de “Juez de lo procesal” ni de titular o cotitular de la potestad jurisdiccional. Hace más de un año afirmé en público que, aunque no lo advirtieran, el “desarrollo” en la Ley 13/2009 de lo previsto en la L.O. 19/2003 iba a "liquidar" a los Secretarios Judiciales en cuanto tales y que incluso ésa era la intención de algunos. Lamento enormemente que los acontecimientos me estén dando la razón.

Es esplendoroso este ejemplo de lo que sucede cuando se legisla sin saber y contra el criterio muy mayoritario de los que saben (personalmente, me gustaría que en FAES, la fundación hermana del Partido Popular, se analizase esta inicial consecuencia de que el PP practique el “seguidismo” respecto de las ocurrencias socialistas y se concierten “pactos de Estado” para presumir de ellos, pero sin meditar lo que pacta). En cuanto a los Abogados y Procuradores, no faltará quien diga que esto es lo que sucede cuando no analizan en serio las reformas legales y no piensan en sus consecuencias o, si analizan y piensan, callan. Ahora quizá deban pensar si no les trae cuenta dejar de recurrir a sus (antaño) “privilegiados” cauces (los de los ya citados arts. 29, 34 y 35 LEC) y plantear los declarativos que correspondan (podrían oponerles la inadecuación del procedimiento, pero no carecerían de contundente argumentación contra tal óbice: la STCJ está diciendo que lo que resuelve el Secretario no es tutela judicial y menos “efectiva”).

El lío mayúsculo no ha hecho más que empezar. Porque, en buena lógica, la nítida e indiscutible argumentación del TCJ en el fundamento jurídico tercero de su Sentencia de 28 de septiembre de 2011 conduciría a considerar no jurisdiccionales todas las resoluciones de los Secretarios Judiciales. A fuerza de voluntad, dejémoslo, por ahora, en los procedimientos en los que el Secretario decide sobre el fondo. Y esperemos a ver si el Partido Popular rectifica los errores de concepto y los consiguientes disparates prácticos, que siempre son consecuencia de los errores "simplemente teóricos". Ya saben Vds., por otros largos "post" anteriores, que no abrigo grandes esperanzas... ni siquiera después de que desde la misma Justicia y la Ciencia del Derecho (representada por el Consejo de Estado) los errores hayan sido declarados y los disparates, desencadenados. Para rectificar no haría falta meter el dedo en el ojo a nadie sensato. Pero la inercia es muy grande y el afán de mando, aún mayor.
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PS. Por supuesto, cuento con los habituales insultos -a mí, no a los miembros del TCJ, demasiado poderosos, al parecer- de unos cuantos Secretarios Judiciales anónimos, en unos "post" muy escuetos, porque los insultos sustituyen a los argumentos. Pues insisto en que ni ahora ni nunca he estado contra los Secretarios Judiciales, sino todo lo contrario. Lástima que no se pueda discrepar sin ser considerado "enemigo del pueblo" y "perro judío".

Continúa

¡AY, AY, AY…! ¡QUÉ MAL HUELE TODO! A CONTINUISMO AQUÍ Y A "DIKTAT" EN EUROPA

2011-12-06T21:38:00.034+01:00

AHORA SÍ: AHORA ES NECESARIA EN ESPAÑA UNA RUPTURA. PERO, ¿CAERÁ ESA BREVA?
(actualizado a 8 de diciembre de 2011)

Primer escenario: la crisis mundial, convertida en crisis de la Eurozona.

Lamento profundísimamente no haberme equivocado por completo. Ni siquiera entiendo cómo no ha sido así. Pero no ha sido. Al contrario: estoy acertando, por desgracia, más allá de toda probabilidad. Toda la Eurozona entra en crisis, porque las famosas agencias de rating -de seriedad e independencia cuestionables- llevan una semana dedicadas a bajar la calificación de diversas entidades y, lo que es más llamativo, a amagar con malas notas incluso a Berlín y a París. Es lo que los periodistas llaman “amenazas” con la misma rutina literaria con la que denominan “carga” a cualquier crítica o denuncia contundente (p. ej., el Papa Ratzinger casi siempre “carga”: "carga" contra la corrupción, contra la tiranía de los mercados y cosas así de extrañas). Es llamativo que no tenga ninguna relevancia lo que se sabe de las Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, etc.. Se han revelado los vínculos de estas “calificadoras” sin que nadie parpadease. Pero los vuelvo a facilitar: http://www.expansion.com/2011/07/28/empresas/banca/1311889721.html?a=c6f26bf17f37156342d466333f87fea2&t=1312134527

La Sra. Merkel no ha parado de repetir su receta y de oponerse a todo lo que no sea esa receta. El disgusto de muchos comienza a ser cabreo del ciudadano común en muchos países europeos. Escuchamos al super experto Monti, sustituto de Berlusconi, expresar lo mismo que hemos dicho tantos: “bitte sehr, Frau Merkel, no siga Vd. con la monserga de los buenos y los malos” (los buenos, los alemanes, claro; los malos, los mediterráneos) porque, aunque la distinción fuese completamente cierta, exacta y tan fiable como las normas DIN (Deutsche Industrie Normen), la monserga no arregla nada -los hechos son irrebatibles- y Frau Merkel está dando la impresión de que Alemania puede salvarse sin Europa, lo que es una de las pocas cosas seguras -falsas, pero seguras- que existen. Si Alemania produce mucho y no tiene apenas paro es, en grandísima medida, porque exporta mucho. La mala balanza de pagos de los demás tiene mucho que ver con la buena balanza comercial de Alemania. Es un mero ejemplo, una elemental ilustración de la implicación que la Sra. Merkel parece obstinada en negar. Sobre la situación de los Estados Unidos de América y sobre el permanente escándalo de China, la “maestra” Merkel no tiene nada que decir. Muy sospechoso. Porque el lío viene de los EE.UU., donde el déficit público ya es del 100 por 100 del PIB y desde donde se han inyectado billones en la absolutamente opaca economía china (por no hablar de la Federación Rusa, otro misterio). Son dos gigantes económicos con la más grande corrupción que vieron los siglos, donde no florecen los limones mediterráneos (al contrario del vals de Johann Strauus II, «Wo die Zitronen blühn»: http://www.youtube.com/watch?v=4Q2rx97Fy4s&feature=related, inspirado y dedicado inicialmente a Italia: ¿alguna vez la Sra. Merkel habrá sido capaz de gozar con esa música y con lo que evoca? Lo dudo muchísimo), sino los BMW y los Mercedes para unos pocos multimillonarios de obscena opulencia.

No sé -no lo sabe nadie- qué va a pasar el próximo día 9 de diciembre, para el que se anuncia nada menos que una refundación de Europa o, al menos, de la Eurozona. No se sabe ni siquiera quién ha decidido tamaña empresa, pero, de facto, el 99 % de los comentaristas dirían que ha sido el tandem Merkel-Sarkozy, un tandem que, por supuesto, sólo tiene un manillar y un único juego de pedales para el asiento delantero, ocupado por Dña. Angela, que pedalea con Nicolás Sarkozy en el sillín de atrás de mero paseante, al que se le está quedando el rostro pétreo e inexpresivo a base del papelón. Así pues, estamos en más de lo mismo o, peor, en lo mismo que va a más, in Namen der Wirtschaft, en nombre de la Economía, que suena parecido y viene a significar lo mismo que el in Namen des deutschen Volkes. Ahora se refunda Europa porque a Frau Merkel le brota, a ver si la nombran de nuevo Bundeskanzlerin. La Comisión Europea y la Unión Europea, con Durao Barroso y Van Rompuy a la cabeza (¡!), como si no existiesen. Los Gobiernos y los Parlamentos, en posición de atentos, prestos a formar por pelotones o a romper filas, lo que se les diga. Oigan, esto no es ceder soberanía, cosa a la que estaríamos dispuestos. Esto es un Putsch, como el Kapp-Putsch, al más rancio estilo de la Deutsche Industrie, in Namen des deutschen Volkes. Esto es como la “expropiación” de Rumasa, pero a lo bestia (¡y mira que fue bestia aquella “expropiación”!). No soy anti-alemán, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que Frau Merkel no tiene visión ni de Europa ni de Alemania, sino un nacionalismo barato, miope y ponzoñoso. Se lo han dicho ya, aunque más suavemente, su mentor, Helmut Kohl y el otro Helmut, Helmut Schmidt.

[ACTUALIZACIÓN: Lo llamativo es que se da por sentado que el plan ideado para la Refundación de Europa el histórico día 9 de diciembre de 2011 por el "tandem Merkozy" es algo indiscutible. Y lo es, sin duda, pero porque no se puede discutir lo que no se conoce. He leído que los Tribunales Constitucionales habrán de pronunciarse sobre el déficit público y con ese simple detalle ya sé que se equivocan porque eso, si le correspondiese al Bundesverfassungsgericht (el Tribunal Constitucional alemán), no tendría por qué corresponder o imponerse a los demás países (17 ó 27), cuando nada les obliga siquiera a tener un Tribunal Constitucional. El resto del plan de refundación lo saben media docena de personas, a las que el "tandem" se ha dignado enviar los papeles. Y, por supuesto, lo sabe Mr. Obama y su señor Secretario del Tesoro Mr. Timothy Geithner, que, de pronto -aunque sin sorpresa mía- aparecen integrados en la superoligarquía, que, siempre en nombre de la Economía mundial, está suplantando hasta las más elementales formas democráticas.

Pues bien: D. Mariano Rajoy nos ha hecho saber que acudirá a la Cumbre Europea de Bruselas, pasado mañana, dispuesto a que España esté a la cabeza de la nueva Europa, con una posición económica pactada con el dimitido Sr. Rodríguez Zapatero, “casi un héroe”, en opinión de Frau Merkel, que demuestra así su información, perspicacia y cultura. El Sr. Rajoy avanza que estará a favor de lo que diga el “tandem Merkozy” (aunque hace una semana, cuando Sarkozy osó discrepar durante dos días de Frau Merkel, D. Mariano declaró que hacía frente común con el presidente francés). Pero es que el día 7 de diciembre de 2011, Mr. Geithner le ha dado el "visto bueno" al plan del Sr. Rajoy. Es decir, que Frau Merkel -y en pos de ella los demás- acepta los erróneos planteamientos de Mr. Obama, según los cuales el problemón económico mundial nació en Europa y consiste en los problemas de Europa.

Un conjunto más mediocre de mediocridades, despreciando hasta el punto del auto-golpe de Estado múltiple los últimos vestigios de la soberanía popular, del Derecho Internacional y del Derecho interno, no me parece algo que se haya dado en la Historia hasta ahora, al menos tan a las claras. Yo reclamaba que los dirigentes europeos estuviesen callados hasta que no tuviesen algo concreto que decir. No me venga nadie con que ahora ha llegado lo que reclamaba y me quejo más que antes. Porque lo de ahora, lo de hoy, no son los dirigentes europeos con una voz. Es el anuncio de un Diktat de Frau Merkel, con su presuroso séquito y con la aprobación de Mr. Obama, que tanto le da lo que diga la Canciller, porque él va a seguir a lo suyo, aunque ya no sepa exactamente lo que es, salvo no incomodar a Wall Street.

Aunque me quede solo en el mundo, no me gusta esta versión planetaria de "las lentejas, si las quieres las comes y si no, las dejas". Si a esta indignidad, a este escarnio de la democracia, no se opone nadie -que probablemente sí se opondrá, porque hay países y dirigentes guardando un significativo silencio-, que conste el repudio absoluto de un ciudadano español, europeo, el autor de este "blog". Debo ser un imbécil o el último romántico o un idealista incurable, pero hubiese preferido -aún prefiero- morir de inanición que de indignación. No es una frase, sino puro pragmatismo: puestos a morir por falta de recursos, se tumba uno en la cama y ¡ala!. En cambio, me parece mucho más doloroso ir muriendo indignado. Auguro, además, que si la Sra. del Putsch y del Diktat, con su séquito y sus avalistas políticos, no rectifican, fracasarán estrepitosamente. FIN DE LA ACTUALIZACIÓN]

Segundo escenario: la situación española. Seré breve, porque me agota la incapacidad y el errequerrismo de la clase política española. ¿Piensan Vds. que nuestros políticos están medianamente preocupados por lo que nos afectará tan grandemente nuestra situación actual y la inmediatamente venidera? En absoluto: siguen exclusivamente preocupados de las carteras ministeriales, de los segundos y terceros premios de la lotería del relevo (Secretarías de Estado, Subsecretarías, etc.) y hasta de la “pedrea” de esa lotería. Las “quinielas” nos proporcionan un tufo de continuismo que apesta. No digo que lo aliente el Presidente in pectore, que no lo ha hecho. Digo que es el olor que emana de la clase política, secundada por los plumillas de “los medios”. Estas “quinielas” carecen de fundamento probabilístico y no tienen premio, como las auténticas. Los “quinielistas” políticos, los que el 6 de diciembre de 2011 se han reunido a celebrar el aniversario de la Constitución, no han hablado de otra cosa sino de quién será Ministro de qué o Presidente de esto o de lo otro. Pero si no han hablado de otra cosa es porque siguen, erre que erre, con la importancia de los cargos, carguitos y carguetes del Ejecutivo y, sobre todo, porque no tienen otra cosa de que hablar. Para ellos, aquí, en España, no hay nada de que hablar: ni de los institutos y colegios ni de las Universidades ni de la investigación ni de la sanidad ni del empleo ni de la recesión ni de lo que se podría hacer en este o aquel campo para romper el círculo vicioso. Ése es un mundo, el mundo real, en el que, simplemente, nuestros políticos no están. Para ellos aquí no pasa nada que les concierna, aquí no ha pasado nada, excepto que “ahora nos toca a nosotros”.

Pero las fechas se acercan. D. Mariano Rajoy será investido y, al día siguiente, tendría que presentar un Gobierno repleto de personas de categoría, de “los mejores”, dijo. Un Gobierno que inspire confianza, dentro y fuera, y que le acompañe y le secunde seriamente en un proyecto político de más envergadura que dar cuatro tijeretazos. ¿Hay indicios de algo parecido? Pues, francamente, no. Y del proyecto político, ni la más mínima noticia. Por su parte, las “quinielas” van, en ámbitos decisivos, en la línea del continuismo, de la promoción por la especial meritocracia en el cerrado escalafón de la clase política, en la que la experiencia nefasta cuenta como un valor. O sea, vamos en la línea del más de lo mismo o, lo que es peor, como ya he dicho, de lo mismo pero yendo a más. Cuando se impone una rectificación hasta la ruptura con lo que ha fracasado y con lo que la sociedad -la tan mentada ciudadanía- repudia masivamente, cuando tal ruptura -hablé en el “post” anterior de una genuina catarsis- no es que sea buena y conveniente, sino que resulta absolutamente necesaria si queremos esperanza, lo que se huele a todas horas y por todos los cenáculos de la clase dirigente es el hedor del “ande yo caliente, ríase la gente”. Pero la gente, por buen humor que tenga -que en España lo tiene y lo querría conservar- no está para más bromas. Y no perdonará que una mayoría absoluta sea malversada.

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¡Ah, si la Merkel cantase “Donde florecen los limones” como lo canta, maravillosamente, Eva Lind, en esta versión, que les enlazo para su solaz!: http://www.youtube.com/watch?v=4VHShoFPNao&feature=related

¡CUIDADO CON LOS "RECORTES"! PEGAR TIJERETAZOS NO ES GOBERNAR

2011-12-01T02:08:00.005+01:00

DOS MALES MUY TEMIBLES: MÁS PARO Y RECESIÓN Y UN AGRAVIO COMPARATIVO EN MASA

A nadie le debería extrañar que D. Mariano Rajoy se esté tomando su tiempo en relación con la gravísima crisis económica española. Nunca se ha caracterizado el Presidente del Gobierno in pectore por ser veloz y expeditivo. En estos momentos, viene a cuento el viejo dicho “vísteme despacio, que tengo prisa”. Cuando casi nadie informa con veracidad de lo que realmente sucede aquí, es necesario tomarse cierto tiempo -no mucho, pero alguno- para aterrizar bien en la realidad y estar en condiciones de actuar rápida y contundentemente, pero no, nunca, jamás, de cualquier forma que dé imagen de rapidez y contundencia. De imágenes, talantes y demás “merchandising” político ya nos han empachado para varias décadas. De mentiras y engaños estamos absolutamente hartos. Y para globos sonda, nos basta el extraordinario ejemplo del Honorable President Artur Mas, que lanza a diario varias ideas de posibles machetazos al presupuesto catalán. Así que, por el momento, bien estará una cierta pausa si se evitan después improvisaciones, especialmente en los recortes. Porque cualquier cosa, incluso no hacer nada, es mejor que improvisar tijeretazos presupuestarios al buen tuntún. Improvisar tijeretazos está al alcance de cualquier cerebro de mosquito, pero es de peligroso como dejar suelto a un monito juguetón con cuchillas de afeitar en las manos, sólo que sustituyendo al monito (travieso tití o simpático chimpance) por King Kong con cuchillas de tamaño proporcionado. Catástrofe segura.

Hace falta, además, una política. Repito algo que ya dije aquí mismo. Lo de ajustar y recortar no es un proyecto político, sino el stop rotundo a la mentecatez del gasto y del endeudamiento: es el saneamiento elemental (aunque gigantesco) que cualquiera tendría que hacer, por simple necesidad e instinto de conservación a corto plazo. Aplazo hablar más sobre el proyecto político, que no es cosa de mañana o pasado mañana.

Difícilmente, desde la guerra civil, habrá habido una expectación en España y en el mundo respecto de España, con su próximo Gobierno, como la que se palpa en estos días. Se acabó echar las culpas a Zapatero, grande, grandísimo, pero no único culpable. No les vale ya a los políticos esa copla y tampoco a la ciudadanía. Ahora, dentro de unos días y durante 30 ó 60 días más con un nuevo Gobierno, lo que está en juego es si se pierde del todo la esperanza -en una situación altamente inflamable como la actual- y España se va al garete o si se comienza a avistar, no unos miserables “brotes verdes” falsos, sino un horizonte, duro, muy duro, pero esperanzador. Esto de ahora no tiene nada que ver con la rutina de un bipartidismo turnista. Ésta es una crisis gigantesca dentro de una decadencia de civilización. Algo infinitamente menos cruento -por ahora y que así siga- que la Segunda Guerra Mundial, pero probablemente más difícil.

Si el futuro Gobierno quiere que los españoles no nos subamos por las paredes y nos planteemos estudiar en cinco días al Padre Mariana y su luminosa doctrina sobre la licitud del tiranicidio, haga de inmediato tres cosas: primera, no toque las retribuciones actuales (otra cosa serían las retribuciones futuras) del español común (categoría a la que no pertenecen, desde luego, los jerifaltes del sistema financiero y de las entidades subvencionadas: partidos, sindicatos, patronales, empresas públicas, etc.). Porque si, para recortar y recaudar, vacía aún más los bolsillos de millones de españoles, la recuperación o reactivación de la economía real es un imposible físico, metafísico e incluso matemático y sin esa recuperación o reactivación, lo inexorable es más paro, recesión monstruosa, miseria prolongada. Además, mientras la gente siga viendo mamandurrias por doquier, se subleverá con razón ante nuevos ajustes y recortes. Los agravios comparativos resultan insufribles.

Segunda cosa: no dedique el Gobierno más recursos económicos a las entidades financieras. No más recursos, ni directos ni indirectos ni propios (si quedan) ni prestados. Ni un euro más al salvamento, recapitalización, estabilización, refuerzo, aval, etc., de las entidades financieras. Después de los miles de millones “inyectados”, déjese a las entidades financieras que se arreglen por sí mismas, entre otras razones, porque son las que más saben de arramplar euros. Las que no logren arreglarse, que quiebren. Lo que hay que evitar que quiebre es el país en su conjunto. Y quebrará si los escasos recursos se siguen dedicando a arrojarlos a un pozo sin fondo conocido y que no da agua. Recuerdo que, tras la primera gran “inyección de liquidez” a los bancos y a las cajas, Don Pepiño Blanco, pobre, exhortaba al “sistema financiero” a que reanudase el crédito a los ciudadanos y a las PYMES. ¡Qué entrañable y bondadosa ingenuidad!

Más en concreto sobre las entidades financieras: no se le ocurra al nuevo Gobierno dejarse engañar con lo del “banco malo”. Y menos aún se le ocurra, no engañado, ser cómplice de la segunda entrega de la Gran Estafa. Verán. Nadie explica muy bien qué es eso de un "banco malo". Tengo la completa seguridad de que hay varias personas que saben muy bien lo que es. ¿Por qué no lo explican? Porque veríamos que “un banco malo” es, decididamente, algo malo e incluso muy malo, dado el gran afán de “vendernos” la idea sin explicarla. Pero no le demos vueltas: aquello a lo que se ha decidido llamar “un banco malo” es, sin duda, un mal banco. Y como este mal banco no se constituiría por el libre albedrío de unos seres humanos que decidiesen hacer un buen negocio, sino para salvarse de las consecuencias de un cúmulo de malos negocios, nada de “banco malo”. Lo diga D. Rodrigo Rato o el sursum corda (y aunque lo hayan hecho ya en otros países, porque aquí sería distinto). Pero, ¿cómo rayos puede alguien, con un miligramo de cerebro y unos nanogramos de decencia, constituir un denominado Banco con los llamados “activos tóxicos”, es decir, con basura, con los impagados e impagables? Si se permitiese que las entidades financieras se “limpiasen”, repristinasen y relanzasen (¡pobrecitas ellas, con los dividendos que no han repartido, con las pérdidas que han sufrido!), a base de trasladar a otra parte lo que tienen en balance como “activo”, pero que es, en realidad, tóxico, venenoso, ¿por qué no podríamos todos los demás “crear” un “padre malo” o un “hijo malo”, a modo de “avatares”, para transferirles todos los errores propios? Además, constituir y mantener un “banco malo” no es gratis y como, sin duda, no lo pagarían quienes lo patrocinan, porque lo que persiguen es exactamente lo contrario, lo pagaríamos entre todos (o sea, más recortes, más tijeretazos a millones de semi-esclavos, “muy competitivos”, eso sí).

Tercera cosa: aplíquense D. Mariano Rajoy y equipo a pensar en lo que realmente puede reactivar nuestra economía real y a disponer lo que, en consecuencia, sea menester. No desoigan a “los mercados”, a Merkel, a Sarkozy, a Obama. No pueden hacerlo. Pero no dejen de pensar por sí mismos y de pensar en nuestra concreta situación, para ponerse, sin pensar demasiado, a trabajar al dictado, que siempre sería mucho más fácil. Hagan el plan que más nos convenga, el que encaja con el estado de nuestra Nación. Lo que reactive nuestra economía real, frene el paro y comience a crear empleo es lo que convencerá a “los mercados”, aunque se sufran algunos zarandeos e incluso algún terremoto. Si las cosas se hacen bien, si el plan es bueno, será bueno para “los mercados”, para la Eurozona y para Merkel, Sarkozy y Obama (y si alguno se enfada, que se enfade).

Instrumentalmente, hay algo “metodológico” imprescindible: no claudiquen ante ningún sector, ante ningún “lobby”, ni ante CEOE ni ante sindicatos, ni ante éstos o aquéllos, del mismo “cuerpo” que este o aquel nuevo mandamás. Escuchen, estudien, tomen buena nota, pero no claudiquen. Tienen mayoría absoluta. Utilícenla bien, en lugar de dilapidarla como el Sr. Aznar. Hay muchos y fortísimos intereses creados, acostumbrados a ser, no ya atendidos, sino secundados y obedecidos. Gran parte de nuestros males -en España y en el mundo- provienen de haber dejado actuar a personajes y sectores con graves conflictos de intereses, como si esos conflictos no existieran. Eso se tiene que acabar, es una cizaña que debe ser arrancada ya, sin esperar al día del Juicio. Ejemplo bien actual: “¿qué le parece el indulto del Sr. Sáenz?”, me preguntan mucho en estos días. Me parece mal, rematadamente mal, porque el indultado es acreedor del partido del Gobierno. Un acreedor que, por si fuera poco, de vez en cuando perdona, con lo que resulta que los créditos son donaciones condicionadas. Por eso es indecente que un Juez simplemente pida dinero a un Banco: porque el Banco es o puede ser -tanto da- “cliente” del Juez. Eso son conflictos de intereses.

El futuro Gobierno del PP tiene por delante, como requisito de todo esto, la necesidad de una catarsis interna inmediata. Porque tiene que abandonar y prohibir prácticas viciosas que han sido actuaciones cotidianas tenidas por normales e incluso como virtuosas. Pierdan el miedo a hablar de la corrupción, como si no la hubiese y como si denunciarla y actuar contra ella fuese cosa sólo de radicales anti-sistema o de perturbados mentales. Muestren, con hechos, palabras y normas, que sintonizan con la ciudadanía, que hace mucho tiempo que no se chupa el dedo.

Dos cuestiones más, para terminar por hoy. ¿De dónde recortamos, podrían preguntarme? De la estructura del Estado, Comunidades Autónomas y Municipios incluidos. Digo de nuevo lo que dije en su momento y quizá se consideró una “boutade”: reduzcan a la mitad el número de Ministerios, Secretarías de Estado, Direcciones Generales, Consejerías, Viceconsejerías y todos los altos cargos y asesores y adjuntos correspondientes (v. http://www.andresdelaoliva.blogspot.com/2010/02/gobierno-de-concentracion-y-reduccion.html). Dejen de pagar a la mitad de quienes ocupan cargos con excedencia y reserva de plaza. No dejen de pagar a los servidores públicos que se ganaron su puesto en buena lid. Dejen de pagar alquileres, amortizaciones, electricidad, aparatajes, etc. Cierren las televisiones públicas duplicadas o triplicadas en un mes (y más tarde, las otras): no dejen a nadie de las plantillas sin cobrar lo que cobraba (que tengan la pitanza garantizada y se reciclen como quieran y puedan), pero ahorren ya todo lo demás, que después vendrán nuevos ahorros. Eliminen subvenciones a lo que no presente un innegable interés público, general, perceptible por los ciudadanos como necesitado de financiación por todos. Cierren empresas públicas, cientos de ellas minúsculas y sin sentido alguno, pero un platal sumadas todas ellas. Cierren o fusionen Universidades públicas disparatadas, archideficitarias, dado su escasísimo número de alumnos, y abocadas a no ser nunca verdaderas Universidades. Esos cierres no tienen por qué dejar a nadie en el desamparo o la penuria.

Si se ponen en serio a esa labor, a mí, desde luego, me pueden pedir que pague algo más por las medicinas que lo que pago ahora con mis recetas de MUFACE. Con ejemplaridad de los poderes públicos en los recortes de lo público que es supérfluo, los ciudadanos pueden entender que lo que no les cuesta, o les cuesta mucho menos que su coste real, no es, en realidad, gratuito o semi-gratuito, sino que lo pagamos todos y no equitativamente repartido. Pienso, por ejemplo, en que las tasas de matrículas de las Universidades públicas sean iguales cualquiera que sea el nivel de ingresos de los padres o familias de los alumnos, o de ellos mismos.

Por último, voy a proporcionar a los dirigentes del PP un argumento de estímulo absolutamente desprovisto de altura literaria, doctrinal, ética o cosa que les suene a música celestial. Es éste: el PSOE perdió, del 2008 al 20 de noviembre de 2011, más de cuatro millones de votos. El PP, con todo el zapaterismo y demás, ganó medio millón de votos. Si el Gobierno del PP no acierta en los dos primeros meses (y entonces difícilmente acertará en lo que siga), en bastante menos de cuatro años el PP puede muy bien perder más de cuatro millones y medio de votos. Y entonces no estará como ahora el PSOE, sino mucho peor, porque unas siglas con más de un siglo de historia son un activo -ahora muy devaluado, pero un activo no tóxico- del que carece el PP.

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PS. No recorten en educación o instrucción, como quiera llamarlo Dña. Esperanza Aguirre. Ahí nos jugamos el futuro. Un anónimo comentarista añade y le copio: tampoco recorten la Sanidad, que ahí nos jugamos el presente. Pero matizo: lo que sí cabe hacer es revisar la aparente gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.

UNA RECETA DE MEDICINA PALIATIVA PARA LA CRISIS DE LA EUROZONA: QUE SE CALLEN SUS DIRIGENTES (HASTA QUE TENGAN ALGO QUE DECIR)

2011-11-25T17:56:00.008+01:00

LO QUE DICEN HACE AÚN MÁS DAÑO QUE LO QUE NO HACEN

Al parecer, lo que sostuve en una parte de los “post” anteriores no era una tontería, porque, por un lado, la Comisión Europea ha formulado propuestas encaminadas a la solidaridad de la Eurozona, en mayor o menor medida, respecto de la famosa “deuda soberana”. Y, por otro lado, se extiende la impresión de que Frau Merkel y su empecinamiento en la ortodoxia de la “cuenta de la vieja”, aplicada a cada país y salga el sol por Antequera, es algo insuficiente para la situación real de estos momentos. No estoy seguro de tener razón en mis sugerencias y, desde luego, tampoco veo claro que los eurobonos sean una verdadera solución: no puedo estar seguro, desde el momento en que, como he confesado, no conozco a fondo los mecanismos que mueven eso que se ha dado en llamar "ataque de los mercados". Lo que sí me parece claro es que al conjunto de Europa, comenzando por Alemania, no le conviene que un país tras otro de la Eurozona caigan en la parálisis porque no tienen recursos y no pueden obtenerlos. Hace falta idear fórmulas de solidaridad equitativas. Y sigo pensando, porque nadie explica lo contrario, que "los mercados" están operando con cierta selectividad no estrictamente económica. También sigo pensando que los principales -no los únicos, pero los principales y primarios- responsables de la crisis son quienes insuflaron la burbuja financiera.

Dicho lo anterior, resulta que si, como también aquí se hacía constar, toda la Eurozona es atacada por “los mercados”, tanto si la “prima de riesgo” es tremendamente alta como si es demasiado baja (lo que le ha sucedido a Alemania con su bono a 10 años, sin haber logrado colocar cerca de un 40% de lo que ofrecían), hay que reconocer que la desconfianza mundial hacia la Eurozona está encontrando un apoyo facilísimo de entender por cualquiera e incluso por el aficionado autor de este “blog”, que se empecina en procurar saber en qué mundo vive. Me refiero a que resulta perfectamente comprensible que la Eurozona no inspire confianza si sus cabezas visibles se reúnen cada dos por tres y no acuerdan nada concreto y si, aun no reunidos, lanzan cada uno propuestas y mensajes diversos, que son atacados por los otros (la otra, más bien, Frau Merkel, con la participación de su Ministro de Economía y del Presidente de su banco central) incluso con gruesas palabras de descalificación. Ya dije aquí mismo, el 3 de octubre de 2009, que hay que “aprender a callar en público” (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/10/frases-lapidarias-o-como-callar-en.html)

“Taceant omnes”. Que se callen todos hasta que se pongan de acuerdo. Que se reúnan lo que sea necesario, pero sin dar tres cuartos al pregonero, silenciosamente. Y que discutan pros y contras, sin que trasciendan sus discusiones. Estamos en guerra y no se pueden radiar ni televisar las deliberaciones de la coalición que se supone constituye uno de los bandos combatientes. No se debe repetir el espectáculo de Frau Merkel desautorizando públicamente a Durao Barroso y al mismísimo Sarkozy, precedido -todo hay que decirlo- por declaraciones públicas a favor de aquello que se sabia rechazado por Merkel. Ese espectáculo -el penúltimo de una serie ya demasiado prolongada- nos hace daño a todos, en una medida difícil de calcular, pero sin duda nada pequeña, porque está revelando una muy fundada causa de desconfianza: que la Eurozona no sólo carece de mando unificado y de dirección determinada, sino que adolece de divisiones aparentemente insalvables, con posturas aparentemente irreconciliables, de modo que, a fin de cuentas, es como si, de buen grado o con gran pesar, se conformase con ver pasar el tiempo sin ningún plan de acción. La divergencia constante y la falta de propuestas y de resultados confirma la base de los que pudieran ser interesados planes en hundir a la Eurozona y a Europa entera, comprar sus sabrosos activos cuando quiebre y convertir a sus habitantes en trabajadores por cuenta ajena remunerados sólo en la medida en que resulten idóneos consumidores de un mercado controlado por otros, no europeos.

La Segunda Guerra Mundial no se hubiese ganado sin un supremo mando militar de los aliados, que recayó en Eisenhower, y sin un plan coherente. Ya sé que no es nada fácil, sino muy difícil, aplicar la idea del ejemplo a la situación actual de la Eurozona. Pero la idea es válida, me parece. Alguien debe moderar el debate entre los generales actuales y éstos tienen que acabar designando un líder y portavoz único en función del plan en el que se pongan de acuerdo, si no los 27 miembros de la UE, sí los miembros de más peso. En todo caso, ¿hubieran podido los aliados desembarcar en Normandía si, tras cada reunión, hubiesen informado de sus dudas y discusiones al enemigo?

Pero se me ocurre proponer otro ejemplo histórico: el de los cónclaves propiamente dichos, es decir, las reuniones para elegir papa literalmente celebradas encerrando bajo llave (cum claves) a los electores. El más célebre parece ser el cónclave de Viterbo, localidad no muy lejana de Roma. El día 29 de noviembre de 1268 había fallecido Clemente IV, de origen francés, que era Papa desde el 22 de febrero de 1265. Los cardenales se reúnen en Viterbo para elegir nuevo Papa. Múltiples y diversas presiones políticas externas, discusiones y ambiciones influyen en una enorme demora de la elección papal. Se cumple un primer año sin Papa y, entonces, el Señor de Viterbo, Alberto de Montebono, hace cerrar herméticamente el palacio papal con los cardenales dentro y les arroja por una abertura del tejado comida y bebida muy racionadas, para forzar la elección, que, pese a todo, no se produce hasta el 1 de noviembre de 1271. Casi tres años.

Ahora no tenemos tres años. Sería deseable, ya mismo, que un número considerable de ciudadanos europeos, más determinados aún que “los indignados”, pudiésemos poner cerco a los dirigentes europeos y tenerlos a pan y agua, literalmente, hasta que alcanzasen un acuerdo operativo, que, cuando menos, liquidase la imagen de desunión y desconcierto. A falta de esta medida coercitiva, no estaría mal que, voluntariamente, los mandamases de esos países se autorecluyesen hasta ponerse de acuerdo en un plan y poder hablar con una sola voz o, al menos, con el mismo mensaje.

Los distintos países, a ser posible con España a la cabeza, pueden seguir recortando gasto y equilibrando presupuesto. Pero es clarísimo que, aunque acertasen en todos los recortes y en nuevas fuentes de ingresos, eso no garantiza que las economías reales se recuperen. Incluso cabe que algunos errores en recortes resulten muy malos para la recuperación. Pero sobre esto último, algo diré en un próximo “post”.

LA EXPLOSIVA MEZCLA DE UN ENORME CRIMEN Y UNA GIGANTESCA INCOMPETENCIA (y II)

2011-11-18T13:10:00.032+01:00

COSAS QUE NO ENTENDEMOS Y DE LAS QUE ESTAMOS HARTOS

Hace unos días, la prensa publicaba que los “mercados”, que siguen siendo esos atacantes desconocidos a los que ya me referí (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/08/la-guerra-de-los-mundos2011-el.html), se dirigían ya contra 12 países de la Eurozona (de los de gran magnitud económica, sólo se salvaban Alemania y Holanda). Esta situación tremenda, a la que se añade el aumento de la “prima de riesgo” de la deuda de España, de nuevo hoy hasta el borde del abismo, reaviva nuestra cólera -sorda, pero cólera- ante la irresponsabilidad y la incompetencia.

Los ciudadanos comunes y no endeudados estamos absolutamente hartos de que nadie -ninguna autoridad política ni económica- nos diga quiénes son los “mercados”. Los ciudadanos comunes y no endeudados estamos hartos de que nadie explique por qué, con una situación en el mundo occidental en la que abundan los países con problemas comunes -por ejemplo, el endeudamiento de los países mismos en cuanto tales-, los misteriosos “mercados” asedian muy desigualmente y, en concreto, están dejando tranquilos a los EE.UU., cuando su endeudamiento es salvaje y estuvieron, declaradamente, a horas de la suspensión de pagos o “default”. A los ciudadanos comunes y no endeudados nos disgusta mucho que, sin explicaciones medianamente inteligibles, unos elementos más desconocidos que “Anonymous” hayan derrumbado ya varios Gobiernos democráticamente constituidos, por mal que nos cayesen sus dirigentes (como el alucinante Berlusconi). Nos encoleriza que, además, haya estúpidos ejecutivos financieros españoles comentando que ellos han hecho caer a esos dirigentes y harán caer a los de aquí (es una chulería de bofetada). Estamos altamente sorprendidos de que en los EE.UU. de América no esté en la cárcel otro financiero que Madoff, porque le pillaron con el esquema Ponzi desarbolado, pero no haya noticia de investigación alguna seria sobre los responsables de tanto “activo tóxico” como ha inundado el mundo . Nos asombra que no se haya investigado en serio hechos tan llamativos como una calificación máxima (AAA) de Lehmann Brothers hasta la misma víspera de su quiebra y de sus enormes estropicios (que han llegado hasta España) o como el “rescate” de la enorme aseguradora AIG (American Insurance Group) o como el enriquecimiento de Mr. John Paulson, que ganó al menos TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES en un solo año, 2007, especulando con las hipotecas subprime (cuando el 99’99% de la población mundial alfabeta está convencida de que nadie puede ganar tanto dinero lícitamente en un solo año). Los mismos ciudadanos comunes y no endeudados no logramos entender que nadie, de las entrañas de ese gigante llamado Goldman Sachs, haya sido imputado de nada ilícito en el país, los EE.UU., con una supuestamente excelente legislación sobre delincuencia económica. Como mínimo, si no reproches y sanciones penales, hubiera podido y debido producirse en los EE.UU. una descalificación pública de un importante número de abandonos de la vida política y económica. Nada de eso: los culpables siguen en sus puestos. Porque tienen mucho poder y el Poder quiere que sigan.

Pero si nos situamos en nuestra ribera del Atlántico, los ciudadanos comunes y no endeudados no recibimos ninguna explicación acerca de la espléndida paz en que los misteriosos “mercados” dejan al Reino Unido de la Gran Bretaña, pese a que su situación económica real diste sideralmente de ser tranquilizadora. El hecho es tanto más irritante cuanto Mr. Cameron nos cuenta de vez en cuando cuánto disfruta cada mañana, al despertar, con el pensamiento de que Gran Bretaña no está en el euro.

NUESTRA REALIDAD Y NUESTRA COYUNTURA

Así las cosas, me parece que, por muy mala que sea -y lo es- la situación económica española, el hecho de que ahora mismo estemos precisamente nosotros al borde del famoso abismo a causa de “los mercados” no tiene una explicación exclusivamente económica. Quede claro que si ahora digo esto y voy a explicarlo, a mí no se me podrá reprochar ni minusvalorar nuestra propia crisis ni haber despreciado lo que importaba nuestra economía real respecto de la credibilidad internacional. Porque el 10 de junio de 2010, publicaba aquí un “post” titulado “MAREANDO LA PERDIZ CRIMINALMENTE: LA CLAVE, NO SE CONFUNDAN, ES LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA REAL” (http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html). Es decir, que un lego en economía como yo (con algo de esfuerzo, eso sí), veía venir el problema de la credibilidad y la confianza internacional en relación con nuestra economía real. Diecisiete meses, en unos tiempos en que cada día dura mucho, han sido desperdiciados con fijaciones estultas sobre nuestro sistema financiero, con la consecuencia de miles de millones destinados inútilmente a ese sistema y no a estimular la economía real. ¿Por qué se ha desamparado 17 meses decisivos a la pequeña y mediana empresa, clave del empleo, para sanear a unos bancos y a unas cajas que hoy no prestan ni un euro a nadie, ni a sus mejores clientes con un cuarto de siglo sin un impago y dándoles a ganar miles de millones anuales? Pero hay otros “detalles”: por ejemplo, aquellos 400 y pico euros “regalados” por barba, dejando la caja pública vacía de billetes o el plan E, con un importe que se hubiera podido destinar a que los Ayuntamientos pagasen a las empresas acreedoras.

Si no ha habido delito en estos disparates, que han disparado el desempleo, ha habido una incompetencia gigantesca. Y no habrá delito tampoco en el comportamiento del Sr. Fernández Ordóñez, Presidente del Banco de España, pero lo suyo no ha sido ignorancia y chapuza, porque consta que conocía cómo iba aumentando hasta extremos irracionales la llamada “exposición al ladrillo” de cajas y bancos españoles, que inflaban más y más la “burbuja inmobiliaria”: es gravísimo que no tomase medidas. Su destino quizá no sea la cárcel, pero sí debería ser el ostracismo, la inhabilitación social para cualquier cosa que no sea cultivar aficiones inofensivas viviendo de sus ahorros hasta el final.

COSAS QUE EMPEZAMOS A ENTENDER: AQUÍ HAY MUCHA POLÍTICA Y MUY MALA IDEA

Así y todo, el ataque de “los mercados” a España, ahora mismo -vuelvo al hilo que seguía-, no tiene clara justificación meramente económica. Les presento lo que no es una certeza, pero sí una conjetura fundamentada y muy plausible. Ésta es mi hipótesis fundada: hay motivos políticos para el ataque de “los mercados” a la Eurozona y a España. La desconfianza en ciertos países (en España,, concretamente) y los movimientos de masas de dinero que nos hunden están, en gran medida, creados y dirigidos por los reyes de la ingeniería financiera y de la especulación del mismo tipo, los mismos que generaron la crisis financiera. Sedes principales: Wall Street y la City londinense. Objetivo inmediato: seguir haciendo dinero con la especulación y desplazar la atención de millones de ciudadanos inversores de cantidades modestas (esos grandes fondos de pensiones) respecto de la situación económica de los EE.UU. Objetivo mediato (seguramente sólo de algunos, más inteligentes y menos cortoplacistas): acabar comprando Europa a precios de saldo.

Entre otros indicios, como el comportamiento constante de Mr. Obama culpando a Europa de la crisis mundial, es de destacar, me parece, que los “medios” más influyentes en la confianza o en la desconfianza están todos en manos norteamericanas y británicas, con sus conexiones académicas (!) e intelectuales: los premios Nobel y sus cátedras y Universidades. La fortísima influencia indirecta de Harvard, ya bastante estudiada, merece también mención especial.

Europa no se defiende seriamente. Parece poco discutible que Merkel es la reina en medio del caos. Y si Merkel dice grandes verdades, como “no gasten más de lo que tengan”, “reduzcan drásticamente el gasto público”, “busquen el equilibrio presupuestario”, esas grandes verdades tienen que ver con el comportamiento habitual de los responsables políticos y económicos de los países. Son recetas elementales para el “buen padre de familia”, son reglas para la ordinaria administración, pero en absoluto sirven para la extraordinaria crisis real de estos momentos. Nada hay en las fórmulas de Merkel para afrontar la especulación, para frenar a “los mercados”, para dar a los países de la eurozona el necesario respiro. Los dirigentes europeos están desde hace muchos meses (por no hablar de años) absolutamente a la defensiva, incapaces de diseñar un contraataque, un plan propio. No soy el único que piensa así. Vean el interesante artículo de Aurora Mínguez, corresponsal de Radio Nacional en Alemania, “¿Y si Merkel estuviera equivocada?” (http://www.elconfidencial.com/opinion/tribuna/2011/11/17/y-si-merkel-estuviera-equivocada-8265/)

Europa, además de distraerse (o ser distraída: lo ha sido, pienso, en el último G-20) en actuaciones sobre asuntos varios (inyecciones al sistema financiero, recapitalización de bancos), actuaciones que no han evitado ni la crisis hoy al rojo vivo ni mucho menos han propiciado la reactivación de las economías reales -todo lo contrario-, no parece dispuesta, ante grandísimos males, a idear y aplicar grandísimos remedios, como sería actuar sobre los mercados bursátiles para obstaculizar la especulación, distinguir entre inversiones de distinto tipo (por sus fines y sus características identificables) y, sobre todo, me parece, homogeneizar y unificar la deuda soberana de la UE o, cuando menos, la de la Eurozona, de modo que si nos atacan, tengan que atacar a todos. Esto requiere mucha altura de miras, exige creer de verdad en el futuro común de la UE. Exigiría a Merkel y a Alemania, poner temporalmente el interés de Merkel y de Alemania, no en la situación alemana de hoy y de mañana, sino en la situación del conjunto de Europa, que debiera ser, económicamente, el serio interés de Alemania. Lo están diciendo y pidiendo muchos. Pero no se hace. Si sigue sin hacerse, en esa compra de los activos de Europa a precio de saldo, que temo y vaticino, aparecerá Alemania con su parte del botín. Que Alemania ya se esté beneficiando de la situación, no sólo por la solidez de su economía, sino por los "ataques" de "los mercados" a España y a Italia es algo como para tener la mosca detrás de la oreja. ¿No ve Merkel lo que ocurre o no quiere verlo? ¿Es tozuda o una política nacionalista alemana, con habilidad y sin talla de estadista? Ha pasado el tiempo de seguir amonestando a los demás con manidas recetas. Ha llegado el momento de actuar con decisión. Alemania tiene que demostrar que, aunque no todos los países europeos sean como Alemania, Alemania está con Europa y no con los que la quieren hundir. Eso tendría un coste inmediato, poco agradable, sin duda, pero tendría también grandes beneficios, incluso a corto plazo. Personalmente, ahora no creo todavía en la conspiración. Tampoco creo (porque no es cosa de fe, es algo visible) pero sí estoy seguro de la magnitud del crimen y de la enormidad de la incompetencia, con un egoísmo miope añadido. Sin embargo, si no se cambia de rumbo, se darán alas, no ya a la paranoia conspiratoria, sino a una bien fundada explicación conspiratoria de lo que ha ocurrido y está ocurriendo: una alianza para destruir la Eurozona y el euro, en beneficio de USA y GB, con la complicidad de Alemania.